La garantía del debido proceso y acceso a la justicia fue el derecho más denunciado como vulnerado en la gestión 2024
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a Defensoría del Pueblo registró 25.515 casos de vulneración de derechos en el país, hasta el 24 de diciembre pasado, de los cuales 3.140 corresponden a la vulneración de las garantías al debido proceso y acceso a la justicia, siendo este el derecho más vulnerado. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó el balance de la gestión 2024, durante el programa “El Defensor con el Pueblo”, donde mostró las estadísticas referidas a las denuncias que la entidad recibe y que son atendidas por los servidores públicos hasta restituir el derecho vulnerado. A tiempo de remarcar que “la Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional que no solo se refiere a la promoción y difusión de los derechos humanos, sino que también está vinculado a la protección y a la restitución de los derechos humanos”, Callisaya manifestó que este tipo de vulneraciones no se constituyen en un hecho aislado, sino que tiene que ver con la alta debilidad institucional en materia judicial que aqueja al país. “En forma concordante con el derecho más denunciado, ustedes se pueden percatar que el Ministerio Público (1.844 denuncias), el Órgano Judicial (1.843 denuncias) y la Policía Boliviana (1.153 denuncias), al igual que la Dirección General del Régimen Penitenciario (671 denuncias) resultan ser las instituciones del área judicial con mayor cantidad de casos denunciados”, subrayó.
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a autoridad defensorial desarrolló, junto al jefe de la unidad de Servicios Defensoriales, Remberto Vásquez, cada uno de los aspectos emergentes de las estadísticas defensoriales para 2024, que brindan un panorama completo sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. En la línea de los derechos más vulnerados, el Defensor del Pueblo señaló que el segundo más denunciado fue el de petición y respuesta, con 2.294 casos. En tercer lugar, se ubican los derechos de la niñez y adolescencia, con 1898 casos, derecho a vivir sin violencia para niñas, niños y adolescentes, 1.084 casos, y derecho a la educación 1.021 casos. Vásquez destacó que estos casos fueron recepcionados y atendidos por la Defensoría del Pueblo durante la gestión 2024 en sus 21 oficinas a nivel nacional, mediante el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP). El profesional defensorial resaltó también el récord logrado esta gestión, de 25.515 casos de vulneración de derechos en el país, lo cual obedece a que la institución está recuperando paulatinamente su credibilidad ante la población, en razón a que la gente confía en la Defensoría del Pueblo y acude a ella para que sus derechos humanos sean restituidos. “Hemos visto que en las gestiones 2022, 2023 y 2024, se registró un ascenso en el número de denuncias recibidas, mostrando de esta manera, que la Defensoría del Pueblo empieza a recuperar su credibilidad institucional”, apuntó.
Para la restitución de derechos humanos y de la Madre Tierra
Defensoría del Pueblo cierra gestión con 25 acciones constitucionales
Acceso a la salud, despidos injustificados, problemas del seguro social e incendios, son los casos que la Defensoría del Pueblo atendió con 25 acciones constitucionales, logrando la restitución de derechos humanos y de la Madre Tierra durante el 2024, así lo informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, en su último programa “El Defensor con el Pueblo”, que se difunde por redes sociales. “El acceso a la salud, el derecho a la inamovilidad laboral, seguridad social, el derecho al medio ambiente sano vinculado a la salubridad pública, los derechos de la Madre Tierra, de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y de pueblos indígenas con aislamiento voluntario son los derechos que fueron restituidos”, dijo Callisaya, durante la emisión de su programa. El Defensor del Pueblo, indicó que uno de los casos más relevantes se refiere a una persona con insuficiencia renal crónica, quien, desde el 2018 peregrinó por un trasplante de riñón, teniendo desde el primer momento un donante, su amigo; sin embargo, las autoridades accionadas sin considerar las normas internacionales, exigían al solicitante que el donante tenga una relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad respaldándose en una Resolución Ministerial, mientras que de acuerdo a los principios rectores de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre trasplante de células, tejidos y órganos, señala que los donantes vivos pueden estar relacionadas genéticas, legal o emocionalmente con los receptores, además la referida limitante no está reconocida en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos, tampoco en su reglamento.
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El Juez de Garantías concedió la tutela, y dispuso que de forma inmediata se efectúe la valoración del paciente, así como el análisis de compatibilidad entre el donante y receptor para determinar la viabilidad de realizar el trasplante de riñón, y ahora se está en fase de cumplimiento”, explicó la profesional de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Melvy Arancibia. Asimismo, la servidora defensorial informó de un caso donde se vulneró el derecho a la seguridad social y el acceso a la salud de una ciudadana adulta mayor por parte de la entonces Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y luego por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo al negarle ambas instituciones la otorgación de la pensión por muerte, argumentando que el empleador de su esposo no había realizado los aportes oportunamente y debía esperar al cobro de lo adeudado, condicionando con ello su otorgación de forma indebida. Se presentó la acción de amparo constitucional y el Tribunal de Garantías concedió la tutela ordenando que se reconduzca la situación jurídica de la accionante y sea favorecida con las rentas mensuales con efecto retroactivo, desde la gestión 2020, fecha en que presentó su solicitud. En derechos humanos en asuntos ambientales, la Defensoría del Pueblo presentó una acción popular respecto al caso de los incendios forestales, y el Tribunal de Garantías además de conceder la tutela aplicó estándares internacionales como el deber de los estados de actuar con la debida diligencia en asuntos ambientales y declaró el estado de cosas inconstitucionales, lo que quiere decir que, ante los incendios forestales se logró que la justicia reconozca la vulneración masiva de derechos fundamentales, lo cual también implica que los efectos de la Resolución Constitucional puede expandirse a casos análogos, o grupos afectados no identificados en la acción popular.
Defensoría del Pueblo solicita información al Sernap por desvinculación defensores ambientales en áreas protegidas
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ras tomar conocimiento que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) emitió notas de agradecimiento de servicios a defensores ambientales que destacaron por su labor en la defensa de áreas protegidas, la Defensoría del Pueblo solicitó a la institución estatal un informe sobre los pormenores de la determinación. “El SERNAP emitió memorándums de agradecimiento de servicios a funcionarios que obtuvieron reconocimientos incluso a nivel internacional, entre ellos a Marcos Uzquiano Howard, Guido García Carballo, Gonzalo Gutiérrez Quispe y Aníbal Alfredo Alfaro Vega, señala la solicitud”, que fue presentada hoy a la ventanilla de la citada institución. La responsable de la unidad de Debida Diligencia y Derechos de la Madre Tierra, Claudia Flores, informó que hoy jueves, se constituyó en las oficinas del SERNAP para entregar la solicitud de Requerimiento de Informe Escrito (RIE) y solicitar una entrevista con las autoridades de esa institución; sin embargo, pese a la espera, no se tuvo una respuesta positiva. El 11 de diciembre, en el marco de la celebración de los 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo nombró a Marco Uzquiano como embajador de los derechos humanos por su destacada trayectoria y la defensa de los derechos de la Madre Tierra, del mismo modo, se hizo un reconocimiento especial al Raúl Santa Cruz. Ambos guardaparques comprometidos con la defensa del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Para viabilizar acciones en defensa de los DDHH
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concretó cerca de 400 visitas preventivas a cárceles y centros de custodia del Estado
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a Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) concretó cerca de 400 visitas preventivas a cárceles y centros de custodia del Estado, lo que permite viabilizar mejoras y acciones de incidencia beneficiando a las personas privadas de libertad. El informe del MNP corresponde a los datos de la gestión 2024 que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó en su programa virtual “El Defensor con el Pueblo” que se difunde en las redes sociales de la institución defensorial, sobre temas de prevención de la tortura; también se informó sobre la visita del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) y la Acción de Libertad presentada en contra de la Policía Boliviana, entre otros avances. “La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tiene una agenda de derechos humanos, y en cumplimento de la misma, realizó hasta inicios de diciembre 381 visitas a las cárceles y centros de acogimiento donde habitan las personas que están bajo la tutela del Estado, cifra que se actualizará hasta concluir esta gestión. Nuestra visita e intervención tiene como finalidad prevenir que no haya vulneración de derechos a las personas privadas de libertad”, informó Marco Quiroga, profesional del MNP. Según el informe 2023 del MNP, con visitas de prevención, se logró la incidencia directa en mejoras de las condiciones de vida a nivel nacional en seis cárceles, en seis estaciones policiales con celdas, tres centros de acogimiento para niñas y niños, cuatro cuarteles, un centro de formación policial, dos centros de reintegración social para adolescentes, y un asilo para adultos mayores. Actualmente, el informe 2024 del MNP se encuentra en proceso de elaboración.
Defensor del Pueblo: “posesión de nuevas autoridades judiciales se constituye en la oportunidad para una reforma integral de la justicia”
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, se refirió a la entrega de credenciales y posesión de las 19 autoridades judiciales, y afirmó que con su posesión se abre una oportunidad para dar curso a una reforma integral de la justicia. “Las nuevas autoridades se constituyen en el fundamento esencial de esa confianza que ha depositado la población, para que puedan adoptar las decisiones más adecuadas para iniciar un proceso de reforma integral de la justicia”, manifestó, durante el programa “El Defensor con el Pueblo”, que la autoridad conduce y se transmite por las redes sociales de la institución defensorial. Como Defensor del Pueblo, Callisaya emitió una serie de observaciones al proceso previo a la realización de las elecciones judiciales, por el retraso de casi un año con que se llevó adelante, lo cual derivó en que las autoridades del anterior periodo se mantengan en el cargo. La autoridad defensorial también cuestionó el hecho de que los comicios eleccionarios se realizaron de manera parcial, pues se suspendieron las elecciones para elegir a nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional en cinco departamentos, lo cual limitó “el derecho político de cierta parte de la población para ejercitar justamente este poder de elección a las autoridades judiciales”.
Título: La economía popular en Bolivia: tres miradas
Autor: Nico Tassi, Alfonso Hinojosa, Richard Canaviri
Título: Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el Siglo XX
Autor: Rosemary Thorp
Título: Un continente contra la deuda: perspectivas y enfoques para la acción
Autor: Centro de Derechos Económicos y Sociales
