Resultados del Examen Periódico Universal permitirán proyectar la agenda de derechos humanos en Bolivia
E
n el marco de los comentarios a las respuestas del Estado de la 59° Sesión del Consejo Derechos Humanos, adopción del Examen Periódico Universal (EPU), el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó su importancia pues permitirá consolidar una agenda de derechos humanos en el país. “Con seguridad vamos a marcar un momento importante porque el resultado de este Examen Periódico Universal (EPU) permitirá armar una agenda de derechos humanos”, remarcó el Defensor del Pueblo, momentos antes de que se inicie la sesión. El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que tiene el propósito de evaluar la situación de los Derechos Humanos en los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la participación del Estado, luego está la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo. Callisaya, anunció que se “hará seguimiento de su implementación”.
E
l Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU de marzo de 2025, contiene 275 recomendaciones para el Estado Plurinacional de Bolivia. En junio de 2025, el Estado respondió aceptando 254 recomendaciones, aceptando parcialmente 1 recomendación y tomando nota de 20 recomendaciones. En el marco de este informe público, los representantes de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil manifestaron ante la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que el Estado cumplió parcialmente las recomendaciones en derechos humanos y apuntaron en específico a libertad de asociación, los derechos del colectivo LGTBI+ y la libertad de prensa. En ese sentido, la coordinadora del Programa Defensores y Defensoras de Derechos de la Red UNITAS, Claudia Terán, afirmó que el Estado “no está cumpliendo con las recomendaciones” sobre libertad de asociación, porque no se modificaron normativas para la creación de asociaciones y hay una restricción que no sigue los estándares internacionales. Sobre los derechos del colectivo LGBTI+, la Secretaría Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, afirmó que el avance “no es significativo”, porque aún hay trabas en el ámbito judicial. Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, observó con preocupación que solo cinco de nueve recomendaciones sobre la libertad de prensa, fueron cumplidas por el Estado.
Sesión por el tratamiento del proyecto de ley que aprueba el contrato del litio
Cámara de Diputados obstaculiza veeduría de la Defensoría del Pueblo e impide ingreso de comunarios de Nor Lípez
“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, estamos aquí para que no se vulneren los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas de Nor Lípez y de la Madre Tierra. Nos hemos constituido temprano junto a los hermanos de Nor Lípez y no nos han dejado ingresar. Pedimos hablar con la persona que ha instruido este exceso en impedir el ingreso a un espacio que es de carácter público y no hemos tenido una explicación”, señaló la responsable de la unidad de Debida Diligencia en DD.HH. y Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo, Claudia Flores. De esta forma, la Cámara de Diputados obstaculizó la veeduría de la Defensoría del Pueblo e impidió el ingreso de comunarios de Nor Lípez a la sesión de tratamiento del Proyecto de Ley del contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Sucursal Bolivia, para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni (Potosí). Profesionales defensoriales coordinaron con personal de la Cámara de Diputados el ingreso de representantes de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL); sin embargo, a las a 10:00 horas, del pasado 3 de julio, se informó que “por instrucciones superiores” se instruyó que ni comunarios, ni personal de la Defensoría del Pueblo puedan ingresar al edificio.
S
egún Flores, la preocupación que comparte la Defensoría del Pueblo con la CUPCONL es la falta de garantías que debe otorgar el Estado respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada; así como, al acceso al agua, elemento vital íntimamente ligado al derecho a la vida, que no está contemplado con claridad en las salvaguardas ambientales y/o estudios de carácter estratégico ambiental en esta región. Semanas atrás, la institución defensorial participó como tercero interesado en la Acción Popular interpuesta por la CUPCONL, en busca de proteger los derechos colectivos de 53 comunidades indígenas en Nor Lípez, Potosí. El juez asignado al caso denegó la tutela solicitada emitiendo el fallo sin ingresar al fondo de la acción constitucional. La Defensoría del Pueblo, continuará con el seguimiento a las decisiones que adopte el Órgano Legislativo; empero, reitera su preocupación en este tema de interés nacional e insta a las autoridades competentes considerar en todo momento la consulta previa libre e informada, los derechos colectivos y de la Madre Tierra.
Defensoría del Pueblo impulsa “Observatorio Legal y Económico de Seguridad Institucional”
L
a Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, en coordinación con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), autoridades e instituciones cochabambinas promueven la conformación del “Observatorio Legal y Económico de Seguridad Institucional en Cochabamba”, el cual se constituirá en un espacio técnico para atender demandas urgentes frente a los efectos de situaciones de conflictividad en el departamento La creación del Observatorio surge tras la segunda reunión de diálogo instalada con autoridades de la Gobernación de Cochabamba, sectores productivos, comerciales y de servicio, además de representantes de los municipios de: Cercado, Tiquipaya, Colcapirhua, Santibáñez y Sipe Sipe, comités cívicos, entre otras instituciones cochabambinas, que exigen a las autoridades el cumplimiento de sus funciones, impulsando campañas de información y formación ciudadana, y articulando estrategias institucionales. “Desde la Defensoría del Pueblo articulamos espacios de diálogo entre el sector público y privado, como la segunda mesa con la FEPC y el Gobernador Humberto Sánchez, para proteger los derechos de la población en alimentación, salud, educación y trabajo”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su cuenta de Twitter. Por su parte, la Delegada Defensorial Departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, considera “que es de suma importancia la conformación de un Observatorio integral que aborde desde diferentes miradas los derechos humanos fundamentales de toda una comunidad y colectividad”. Desde la institución defensorial se trabajará un reglamento para articular el Observatorio desde la mirada legal, social, productiva y de servicios, que articule a todos los sectores. El Gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, ponderó la iniciativa de la Defensoría del Pueblo y la FEPC e indicó que el Observatorio trabajará en mesas técnicas y sectoriales para que se analice las causas y problemáticas departamentales y planté soluciones. Asimismo, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, sostuvo que, al ser Cochabamba el epicentro de los conflictos, estos están causando muchísimo daño al aparato productivo, económico y a las familias cochabambinas.
Conclusión del Programa de formación para personas adultas mayores
871 personas adultas mayores se gradúan como promotores de derechos humanos
C
omo parte de la conclusión del Programa de formación para personas adultas mayores como Promotores de Derechos Humanos, 871 Personas Adultas Mayores (PAM) se graduaron como Promotoras y Promotores PAM, con el compromiso de ejercer sus derechos y contribuir a la sociedad en la convivencia pacífica. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que el programa es implementado por segundo año consecutivo. En su primera versión, realizada el 2024, se capacitó a 405 personas y en 2025 a 466 PAM en 21 Gobiernos Autónomos Municipales de los nueve departamentos a nivel nacional. “La lucha por la vigencia de los derechos humanos es una causa común para todos nosotros (…) se han ido suscitando múltiples hechos de discriminación contra las personas adultas mayores, por eso había la necesidad de empoderarlos, ese era el objetivo de ese curso. Es grato saber que ahora todos están formados y están en posibilidad de exigir la materialidad de sus derechos”, manifestó el Defensor del Pueblo tras la entrega de certificados a las y los PAM. Para la autoridad defensorial, la culminación de este curso, “demuestra un incremento sustancial en la comprensión y exigibilidad de sus derechos y la asunción de un rol protagónico como replicadores activos, solidarizándose con otras personas adultas mayores vulneradas en sus derechos”. Callisaya, ratificó el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores y convocó a todos los niveles del Estado y a la sociedad en su conjunto a sumarse a esta causa desde el respeto, la empatía y la acción colectiva. Por su parte, el promotor PAM 2024, Rudy Larrea, señaló que “los adultos mayores siempre hemos sido invisivilizados, ahora tenemos las herramientas y las armas para defender nuestros derechos. Si no levantamos la voz, no vamos a ser escuchados (…) Es importante seguir con esta capacitación y pronto tener nuevos graduados en derechos humanos. La Defensoría del Pueblo es nuestra casa; todas y todos somos defensores del pueblo debería ser una consigna que nos permita actuar cuando se vulneren los derechos de una persona”, concluyó.
Con intervención de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud establece plan de trabajo para garantizar servicios a pacientes renales
A
nte las denuncias de la posible suspensión de servicios de hemodiálisis en los diferentes centros de salud del país donde son atendidos los pacientes renales, la Defensoría del Pueblo gestionó la atención del Ministerio de Salud y Deportes, el cual estableció un plan de trabajo para garantizar los servicios de hemodiálisis y diálisis. Dirigentes y pacientes con enfermedades renales mantuvieron protestas en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. En la urbe paceña, la Federación Departamental de Enfermos Renales de La Paz junto a sus familiares, protestaron en puertas del Ministerio de Salud y Deportes exigiendo soluciones a su situación. “Como Defensoría del Pueblo sostuvimos una reunión con la responsable del Programa Nacional de Salud Renal, Sdenka Milenka Maury Fernandez, y el Director Administrativo Financiero del Ministerio de Salud y Deportes, quienes elaboraron un plan de trabajo”, informó el Delegado Defensorial Departamental de La Paz, Francisco Rodríguez. Desde el Programa Nacional de Salud Renal se informó con documentación, las acciones que vienen realizando y las reuniones que sostendrá con las unidades de hemodiálisis para coordinar soluciones a las observaciones que tienen; asimismo, el Programa elaborará y publicará una circular recordando a las Unidades de Hemodiálisis que “no pueden dejar de atender a pacientes crónicos renales”. Con la información recabada, se informó a los movilizados que desde las instancias competentes, se confirmó que ningún servicio de hemodiálisis o atención médica será suspendido.
Título: Guía de trámites para personas adultas mayores
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe Defensorial: Evaluación sobre la aplicación del trato preferente y diferenciado durante la atención a personas adultas mayores en entidades de intermediación financiera
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Compendio normativo niñas, niños y adolescentes
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
