Municipios son los que más vulneran los derechos de las madres con inamovilidad laboral
C
uando Nely Paucara Laura avisó en su fuente laboral que estaba embarazada, comenzó a sufrir acoso laboral hasta que finalmente la desvincularon de su trabajo. Este hecho es ilegal, pues la legislación laboral protege a las madres en gestación, lactancia y que tienen hijos con discapacidad, otorgándoles inamovilidad laboral, es decir que no pueden ser despedidas. La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de Nely y logró, mediante un amparo constitucional, que sea restituida en su cargo. Como en el caso de Nely al menos 150 mujeres embarazadas o con lactancia acudieron a la Defensoría del Pueblo, para solicitar apoyo y acompañamiento para que sus derechos laborales sean restituidos, en el periodo 2018 hasta octubre de 2023. En el caso de madres que tienen hijos con discapacidad la cifra de denuncias atendidas asciende a 176 casos, detalló la jefa de la unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la institución defensorial, Lourdes Cortez. Las estadísticas dadas a conocer por la profesional de la Defensoría del Pueblo dan cuenta que, en el caso de las madres embarazadas o con lactancia, las gobernaciones departamentales son las que más vulneran sus derechos, con 24 casos, seguidas de los municipios, con 23 casos. En los casos de madres con hijos con discapacidad a su cargo, nuevamente los municipios se ubican en el primer lugar de instituciones que transgreden la normativa de protección laboral, con 57 casos.
L
a institución defensora de los derechos humanos ejerció defensa en estos casos, mediante diferentes acciones que van desde el ámbito administrativo como el legal, con la presentación de recursos jurídicos, como el amparo constitucional que permitió que Nely retorne a su fuente laboral y se repare el perjuicio causado. Sin embargo, no solo el derecho al trabajo es vulnerado, pues también existen instituciones que afectan el derecho a la educación de madres embarazadas, como ocurrió con una estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Rodríguez” – unidad académica de Villa Tunari, a quien se le impidió asistir a clases mediante la otorgación de una “licencia temporal obligatoria”. La Defensoría del Pueblo intervino en el caso y presentó un amparo constitucional, que fue declarado procedente por la autoridad jurisdiccional, que otorgó la tutela y dejó sin efecto dicha licencia, posibilitando que la joven madre gestante retorne a sus clases. En ese sentido, Cortez señaló que la estadística con la que cuenta la Defensoría del Pueblo no refleja la verdadera magnitud de la vulneración de los derechos de madres gestantes, en lactancia y con hijos con discapacidad, pero si representa una muestra de esta realidad. Por ello, llamó a todas las mujeres que son víctimas de estos atropellos a denunciar estos actos ante la institución defensorial, presentándose a las delegaciones departamentales o coordinaciones de su región. También pueden llamar a la línea gratuita 800 10 1004 o al whatsapp 72006607.
En casos de gestación, lactancia o tutela de personas con discapacidad
Arbitrariedad y desconocimiento: dos razones por las que se transgreden normas que protegen a progenitores con inamovilidad laboral
El jefe de la unidad de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, Juan Carlos Estivariz manifestó que las principales razones de porque las autoridades o instituciones públicas o privadas transgreden la normativa que protege a padres con inamovilidad laboral se debe a un tema de arbitrariedad e incluso desconocimiento de las leyes. El experto defensorial expuso estas motivaciones, de acuerdo a los casos atendidos por la Defensoría del Pueblo en cuanto a vulneración de la inamovilidad laboral de madres en gestación y madres y padres con hijos menores de un año o con discapacidad, cuya protección esta establecida en la misma Constitución Política del Estado (CPE) y al menos tres leyes vigentes. “El principal motivo por el que las autoridades públicas o entidades públicas o privadas desconocen esta garantía de inamovilidad laboral para estos actores, pasa por un tema de arbitrariedad, porque la entidad evade este marco normativo y desvincula a madres y padres que tienen esta protección”, señaló Estívariz. Otro elemento que también se evidenció en los varios casos atendidos por la Defensoría se debe a un tema de desconocimiento de las leyes por parte de las autoridades. De hecho, el jefe de la unidad de Asuntos Constitucionales mencionó un caso en el que, la autoridad accionada argumentó desconocer que había normas que establecen la inamovilidad laboral en los casos antes mencionados.
E
l representante defensorial señaló que el artículo 48 de la CPE establece la prohibición de despedir a mujeres embarazadas y/o padres con hijos menores de un año. A la vez, existe la Ley 233 que otorga inamovilidad laboral para madres y padres con hijos con discapacidad. La norma 977 avanza sobre ese mismo punto y precisa que esa inamovilidad alcanza hasta que el hijo con discapacidad tenga 18 años o más allá de ese plazo cronológico, en caso de que su discapacidad sea grave o muy grave. Finalmente, la ley 1233 amplía esa protección a madres y padres que tengan algún hijo que padezca cáncer infantil o adolescente, haya sufrido un accidente grave o sufra de alguna enfermedad sistémica.
Defensor del Pueblo participa del Foro Internacional de la GANHRI y destaca implementación de seis mesas de trabajo vinculadas a DDHH en América
L
a implementación de seis mesas de trabajo para encarar temáticas vinculadas a los derechos humanos en las Américas fue destacada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su calidad de Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), tras participar en calidad de expositor en el reciente encuentro del Buró de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Las mesas de trabajo a nivel continental que destacó son: Población migrante y refugiada; Derechos humanos y empresas; Prevención de la tortura y malos tratos; Población afrodescendiente; Medio ambiente; Vejez y envejecimiento. En el importante evento internacional, Callisaya expuso los resultados de la Información Actualizada de las Regiones: 'Perspectivas y prioridades', donde titulares de las Institucionales Nacionales de Derechos Humanos (INDH) a nivel continental demostraron los logros, avances y desafíos de su labor en sus respectivas regiones. El Defensor del Pueblo de Bolivia también ponderó la producción de materiales orientados a la difusión, promoción y generación de capacidades en derechos humanos como mecanismo para prevención en las regiones, como el 'Protocolo sobre defensores de los DDHH y espacio cívico', que se encuentra en revisión final; el modelo de reportes nacionales sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; y la novedosa publicación de la traducción a seis lenguas indígenas de 'Preventing Torture, An Operational Guide for National Human Rights Institutions' (Prevención de la tortura, una guía operativa para las instituciones nacionales de derechos humanos), en cumplimiento a la Recomendación general núm. 39 (2022) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas.
En Santa Cruz
Más de 70 defensores estudiantiles eligieron a sus representantes departamentales
L
os estudiantes Camila López Flores, Samuel Gonzales Fernández, fueron elegidos como máximos delegados de las Defensoras y Defensores Estudiantiles del departamento de Santa Cruz, en un encuentro que propició la Defensoría del Pueblo donde participaron más de 70 representantes de diferentes unidades educativas. Según informó la Delegada Departamental Defensorial, Sheila Gómez, en la elección desarrollada en salón Patujú de la Dirección Departamental de Educación tuvo la participación de estudiantes de 30 municipios donde también se eligió como representantes suplentes a Angela Bravo Patiño y Jesús Moreno Durán. “Tras un trabajo previo de elección por municipios y distritos, llegamos a este encuentro departamental de Defensoras y Defensores Estudiantiles, para ser parte de un acto de elección democrática, transparente y participativa; donde eligieron a sus representantes departamentales que serán los portavoces en el próximo encuentro nacional”, dijo Gómez. ´Defensores y Defensoras Estudiantiles´ es un proyecto impulsado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que tiene como finalidad de promover los derechos humanos en las comunidades educativas dejando de lado la mirada adultocentrista para realizar una construcción colectiva e intergeneracional. En la actualidad el proyecto está activo en todo el país con 104 unidades educativas participantes.
Tras mediación de la Defensoría del Pueblo, Régimen Penitenciario remueve a la Directora del pabellón de mujeres de Morros Blancos
L
a instancia Defensorial logró que mujeres privadas de libertad del recinto de Morros Blancos levanten vigilia y medidas de protesta que estaban asumiendo en exigencia al cambio de la Directora del Recinto Penitenciario de Morros Blancos.
Título: Declaración de Kioto
Autor: Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Título: Primer Informe Anual 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura
Autor: Defensoría del Pueblo
Título: Encuentro Nacional de las Entidades del Sistema Penal para Adolescentes
Autor: Defensoría del Pueblo
