Defensoría del Pueblo consolida su red de fronteras para atender temáticas sobre defensa de los derechos humanos
E
sta semana fueron inauguradas tres nuevas coordinaciones regionales en Pisiga (Oruro), Villazón (Potosí) y Bermejo (Tarija), oficinas que formarán parte de la red de fronteras para atender temáticas sobre defensa de los derechos humanos, con énfasis en la movilidad humana, en el marco del fortalecimiento institucional planteado por el titular de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya Aro. Estas tres nuevas oficinas “junto con la oficina de Puerto Suarez (Santa Cruz), Desaguadero (La Paz) y Cobija (Pando) van a ser las seis oficinas que servirán de enlace para ver el tema de la movilidad humana”, así como la defensa y promoción de los derechos humanos, manifestó el Defensor del Pueblo. Callisaya remarcó la importancia de abordar la temática vinculada a los migrantes, porque existen personas de diferentes nacionalidades que se trasladan de un lugar a otro y por lo general en estos grupos existen mujeres, niños, personas con discapacidad o de otros grupos en situación de vulnerabilidad, cuya situación se agrava aún más al ser también migrantes. “Por eso es necesario reforzar las oficinas de la Defensoría del Pueblo en el ámbito fronterizo”, remarcó la autoridad, que encabezó los actos de apertura de las nuevas oficinas en la ciudad fronteriza con Argentina y resaltó la expectativa que generó este evento en la población de Villazón.
A
utoridades locales de la población fronteriza de Pisiga, en el departamento de Oruro, coincidieron en destacar la apertura de la oficina de la Coordinación Regional Defensorial, pues coadyuva a sentar la presencia del Estado en ese sector fronterizo con Chile, además de promover el ejercicio de los derechos humanos entre la población local, así como bolivianos y extranjeros en tránsito. “Es prioridad que las instituciones activas del Estado hagan presencia a lo largo del territorio nacional. Hoy tenemos acá esta institución que de alguna manera beneficia a cualquier tipo de personas en situación de vulnerabilidad”, manifestó el alcalde del municipio de Sabaya, Sandro Flores. En esa línea, Flores reiteró que es necesario que Bolivia muestre soberanía institucional, industrial y empresarial en ese sector y perfiló que el trabajo de esa coordinación defensorial no solo beneficiará a la población local, sino también a los bolivianos en tránsito como a las personas de otros países que transitan por ese sitio. Por su parte, el subalcalde de Pisiga, Ramiro Colque aseguró que “es bueno que la presencia del Estado llegue a las fronteras”, puesto que los ciudadanos que habitan esa región tienen una serie de vivencias, en las cuales es necesario el concurso de la institución defensorial para coadyuvar en la promoción y ejercicio de los derechos humanos.
En el marco del trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo
Promotoras Comunitarias reciben oficina piloto y materiales para luchar contra la violencia
Con el objetivo de coadyuvar en la prevención de la violencia hacia la mujer y en el marco del convenio entre la Defensoría del Pueblo y las Promotoras Comunitarias este viernes en la oficina de Coordinación Regional de El Alto, se dio inicio al trabajo piloto de acompañamiento y coordinación entre ambas instancias, el cual permitirá brindar contención, apoyo y seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia. El convenio firmado por el Defensor del Pueblo y las representantes de las Promotoras comunitarias en septiembre pasado, señala que la Defensoría del Pueblo fortalecerá las capacidades de las Promotoras Comunitarias mediante talleres de capacitación y sensibilización, además de brindar apoyo técnico, con especialistas en diversas áreas.
“
De esta forma se podrá fortalecer el trabajo en defensa de los derechos humanos de mujeres en situación de violencia y el acondicionamiento de espacios físicos, dentro de las delegaciones departamentales y coordinaciones regionales defensoriales, para la atención de mujeres víctimas de casos de violencia”, explicó Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres. Asimismo, el convenio establece que ambas entidades intercambiarán información sobre casos de violencia hacia la mujer e implementarán una guía de actuación de tareas en orientación, prevención y detección de casos de violencia. “Ahora las promotoras comunitarias cuentan con el espacio físico para realizar el trabajo piloto que les permita dar contención, apoyo y seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia, el cual está ubicado en la oficina de la Coordinación Regional del El Alto”.
Coordinación Regional de El Alto cumple 25 años como puntal de la defensa de los derechos humanos
H
ace 25 años, un 24 de noviembre de 1998, la entonces Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, inauguraba la flamante oficina de la Representación Especial de El Alto, con la perspectiva de atender a la población de esta urbe y las provincias paceñas. Ahora cuando esta oficina defensorial cumple cuarto de siglo de vida, celebra su importante incidencia en el trabajo de la Defensoría del Pueblo y en la defensa y promoción de los derechos humanos. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, recordó esta importante fecha afirmando que la ahora Coordinación Regional alteña “sin duda, se constituye en un puntal importante de la Defensoría del Pueblo, no sólo por la importancia de sus actividades en esta urbe”, sino por el compromiso de todas y todos los servidores públicos que trabajan desde esta oficina por la defensa y promoción de los derechos humanos. Según recuerdan los funcionarios que trabajan desde ese tiempo, la apertura de esta oficina, generó gran expectativa en la población alteña, pues al acto asistieron no sólo periodistas, dirigentes vecinales, miembros de la Sociedad de Residentes Potosinos “Cornelio Saavedra”, sino que el monseñor Jesús Juárez, que era el obispo de El Alto en este tiempo, acudió al acto, valorando la importancia histórica que implicaba la apertura de una instancia defensorial en El Alto. El equipo que posibilitó el inicio de labores en la Coordinación Regional alteña estaba encabezado por Roberto Quiroz Guillen como Representante Defensorial, lo complementaron los técnicos María Elba López, Marina Vargas Sandoval, Tania Terán Ariscurinaga y Johnny Fernández Rojas, apoyados por Melba de Montoya y Juvenal López Rocha, que se incorporó al equipo días después. En el balance de estos 25 años, la Coordinación Regional se constituye en una entidad gravitante en la mediación y pacificación de conflictos sociales en El Alto, por ejemplo, en las movilizaciones producidas en el área rural, en el año 2000, o las emblemáticas movilizaciones de septiembre y octubre de 2003, mayo y junio de 2005 o de noviembre de 2019.
Hubo amplia participación de la sociedad civil
Unidad de gestión pacífica de la conflictividad promueve "Diálogos preventivos multipartes" en Oruro
E
n el salón de banderas del Comando departamental de policía de Oruro se desarrolla el Taller: "Diálogos Preventivos Multipartes" en el Departamento de Oruro. Actividad, que tiene como finalidad, encontrar alternativas de solución a los problemas y/o demandas de las diferentes organizaciones a nivel nacional y departamental, promoviendo la cultura del diálogo de forma proactiva, para prevenir reflexivamente situaciones de conflicto y generar espacios de encuentro, previniendo posibles hechos de vulneraciones de Derechos Humanos.
Defensoría del Pueblo exige acciones urgentes para erradicar la violencia hacia la mujer
E
n el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo demandó al Estado asumir acciones urgentes para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y puso especial énfasis en la situación que se vive en el área rural, por lo que remarcó la urgencia de medidas de prevención reales. La violencia contra las mujeres en nuestro medio, no cesa, las cifras oficiales hasta la fecha, dan cuenta de 42.634 víctimas de delitos contemplados en la Ley N° 348, de los cuales 74 son delitos de feminicidio, a pesar de que, para el Estado boliviano, es una prioridad nacional, la erradicación de la violencia, tarea que aún se debe profundizar, sobre todo en el ámbito de la prevención, señala el texto del pronunciamiento publicado por la institución defensorial. Durante las gestiones 2022 y 2023, la Defensoría del Pueblo atendió un total de 3.211 denuncias relacionadas con hechos de violencia contra mujeres a nivel nacional, de los cuales el 47% se concentra en el departamento de La Paz. Considerando que aún falta un mes para el cierre de gestión, es posible que el 2023 finalice con una cifra igual o superior a la registrada la pasada gestión, que alcanzó a 1.696 denuncias, demandó.
Título: Avances y Desafios contra el Racismo y la Discriminación en el Subsistema de Educación Regular del Estado Plurinacional de Bolivia
Autor: Memoria del Foro Nacional
Título: Declaración de Kioto sobre la Promoción de la Prevención del Delito
Autor: Naciones Unidas
Título: La Educación Popular y los Desafíos de la Diversidad Cultural
Autor: Benito Fernández