Defensoría del Pueblo logra tutela en 18 acciones constitucionales protegiendo a pacientes con cáncer, defensores ambientales y víctimas de violencia política en razón de género
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a Defensoría del Pueblo consolidó durante la gestión 2025 su estrategia de litigio constitucional, presentando 21 acciones de defensa, que resultaron en 18 concesiones de tutelas, sentando precedentes jurisprudenciales importantes en protección de derechos laborales, ambientales y de poblaciones en situación de vulnerabilidad. De las 21 acciones presentadas, 12 son Acciones de Amparo Constitucional, dos Acciones de Inconstitucionalidad Abstracta, cuatro Acciones de Libertad, dos Acciones Populares y una Acción de Protección de Privacidad. Entre los logros destacados figura la tutela del guardaparque Marcos Uzquiano como defensor ambiental, logrando su reincorporación al SERNAP y estableciendo medidas de protección. Este caso marcó un precedente histórico en la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
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n estabilidad laboral, la institución ganó múltiples amparos para pacientes oncológicos con contratos eventuales, estableciendo jurisprudencia que garantiza inamovilidad laboral de personas con cáncer. Los casos de G.P.Q. en Oruro y M.G.G. en la Asamblea Legislativa Plurinacional sentaron precedentes en protección de trabajadores con enfermedades graves, ordenando reincorporación, reafiliación al seguro y pago de salarios devengados. En violencia política, se logró la reincorporación de la concejala Marcelina Flores Alejandro del municipio de San Lucas (Chuquisaca), quien fue forzada a renunciar por acoso político, enfatizando la prohibición de discriminación y violencia contra mujeres en cargos públicos electos. La Acción Popular en el municipio de Viacha por contaminación minera con cianuro logró la Resolución 266/2025 ordenando estudios de calidad de agua, medio ambiente y control estricto de licencias mineras, protegiendo las comunidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo. Asimismo, se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuestionando normativas contrarias a derechos fundamentales.
Derechos Humanos y Madre Tierra
Defensoría del Pueblo impulsa medidas históricas en cinco componentes estratégicos en medio ambiente con plan de acción hasta 2028
La Defensoría del Pueblo aprobó el Plan de Acción Defensorial de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Madre Tierra 2025–2028, estructurado en cinco componentes estratégicos que permitieron avances significativos en protección ambiental, gestión hídrica y responsabilidad empresarial. En el componente de protección de bosques, se elaboraron los Lineamientos de Políticas Públicas para la prevención de incendios forestales y se impulsó el cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024, orientada a garantizar la no repetición de los daños causados por incendios. Asimismo, se instaló la Mesa Técnica de Derechos de los Bosques, con participación de sociedad civil y Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOC). En Gestión Integral del Agua, la Defensoría interpuso una Acción Popular en Viacha por contaminación con cianuro vinculada a actividades mineras, logrando la Resolución Constitucional 266/2025, que ordenó estudios de calidad de agua y control estricto de licencias mineras en favor de las comunidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo. Además, se desarrolló una campaña nacional de sensibilización y se emitieron recomendaciones técnicas para garantizar el acceso al agua.
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n Gestión Integral de Residuos, se promovió la elaboración de reglamentos departamentales en Beni y Pando y se lanzó el programa “Ecoguardianes de la Madre Tierra”, primera iniciativa educativa nacional en esta materia. Respecto a la implementación del Acuerdo de Escazú, se articuló para la conformación del Comité Plurinacional de Implementación del Acuerdo, se puso en marcha la Escuela de Escazú y, mediante resoluciones judiciales en los casos de Viacha y el litio, se garantizó el acceso a información técnica ambiental para la Defensoría del Pueblo y las comunidades. Asimismo, se brindó acompañamiento a defensoras y defensores ambientales en Chiquiacá, Nor Lípez y Cala Cala, y se obtuvo tutela constitucional en favor del guardaparque Marcos Uzquiano. En el componente de Empresa, Derechos Humanos y Debida Diligencia, la Resolución Defensorial 80/2025 permitió paralizar de forma temporal el tratamiento legislativo de contratos de explotación de litio, condicionando su continuidad a estudios de impacto ambiental y a la verificación de disponibilidad de aguas fósiles en Potosí. Además, se activó la Mesa de Derechos Preconstituidos Mineros para fortalecer el control sobre licencias ambientales. Finalmente, la elaboración de una línea base socioambiental en territorios NyPIOC referido al aprovechamiento de tierras raras en ecosistemas frágiles, mediante análisis cartográfico con QGIS 3.40, evidenció una alta superposición entre áreas mineras, Tierras Comunitarias de Origen y zonas ambientalmente sensibles, incluidos territorios del pueblo Ayoreo.
Defensoría del Pueblo capacita a más de 33.000 personas en derechos humanos en la gestión 2025 e incorporó cursos inclusivos en lengua de señas
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a Defensoría del Pueblo consolidó durante la gestión 2025 su estrategia educativa nacional en derechos humanos, desarrollando 85 procesos formativos que alcanzaron 33.878 inscripciones registradas, logrando que 17.600 participantes aprobaran y emitiendo 10.549 certificados con valor curricular. La oferta educativa se organizó en cuatro categorías estratégicas: Comunidad en Derechos Humanos, Familia Defensorial, Defensoras y Defensores Estudiantiles y Defensores Voluntarios, adecuando contenidos y metodologías según población objetivo. Entre los cursos de mayor impacto destacan: Derechos Humanos para Servidoras y Servidores Públicos con más de 1.900 inscritos; Prevención de la Tortura que capacitó a 1.460 efectivos de la Policía Boliviana; Enfoque Restaurativo en el Sistema Penal con 1.104 participantes en Cochabamba; y curso Comprender el Racismo y la Discriminación que alcanzó 1.073 personas inscritas en el municipio de Villa Tunari. La institución Defensorial implementó un modelo formativo híbrido combinando modalidades virtuales, presenciales y semipresenciales, optimizando recursos y ampliando cobertura nacional en regiones como Tarija, El Alto y Cochabamba. Durante el segundo semestre se implementaron acciones específicas de inclusión, destacando dos cursos adaptados en Lengua de Señas Boliviana, constituyendo un avance significativo en accesibilidad educativa. Se fortaleció la articulación interinstitucional mediante diseño y ejecución de cursos en coordinación con UNICEF, IJM, Save the Children, Internet Bolivia, Progetto Mondo, Mapaki, Daría Comunidad y UNIVALLE, abordando temáticas prioritarias como violencia, niñez, migración, diversidad, entorno digital y justicia restaurativa.
Lucha contra el racismo y la discriminación
Observatorio Defensorial sobre Racismo lanzó plataforma web, monitoreó procesos electorales e implementó curso virtual para prevenir discriminación en Bolivia
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urante la gestión 2025, el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) consolidó su posicionamiento como instancia técnica especializada en la promoción del derecho a la igualdad y no discriminación, desarrollando acciones integrales de monitoreo, prevención, análisis e incidencia frente al racismo, los discursos de odio y la discriminación en Bolivia. Un hito institucional fue el lanzamiento de la sección web del Observatorio en el portal de la Defensoría del Pueblo, reuniendo contenidos de investigación, incidencia, capacitación, boletines y recursos para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública sobre esta temática. El Observatorio desarrolló monitoreo permanente de hechos discriminatorios en ámbitos sociales, mediáticos, políticos y electorales, identificando patrones, contextos de riesgo y poblaciones afectadas. Se elaboró informes técnicos especializados sobre la aplicación de las leyes 045 y 139, evaluaciones del modelo de denuncias SISAKATARI 2.0, análisis sobre acceso a la justicia con perspectiva de género y estudios sobre derechos sexuales y reproductivos de mujeres afrobolivianas. En el contexto electoral, implementó un Plan de Incidencia para la Prevención del Racismo, la Discriminación y el Discurso de Odio, articulando con el Comité Nacional contra el Racismo, el Órgano Electoral, organizaciones civiles y entidades especializadas para promover procesos democráticos inclusivos y libres de violencia simbólica y exclusión. En prevención, el ODRD publicó cuatro números del boletín "El Radar. Miradas que Transforman", produjo contenidos audiovisuales educativos y habilitó el curso virtual "Comprender el Racismo y la Discriminación: Conceptos, Impactos y Transformaciones en Bolivia", ampliando su alcance formativo a nivel nacional. Además, capacitó a servidores públicos, defensores estudiantiles y organizaciones sociales. El Observatorio fortaleció alianzas estratégicas con entidades públicas, universidades y organismos internacionales, consolidándose como herramienta defensorial para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
Defensoría del Pueblo registra crecimiento del 59% en casos atendidos: de 17.000 a más de 27.000, consolidando confianza ciudadana histórica
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a Defensoría del Pueblo cerró la gestión 2025 con un registro histórico de 27.169 casos atendidos, consolidando su rol como instancia de protección de derechos humanos de mayor confianza para la población boliviana. Esta cifra representa un incremento del 59% respecto a los 17.000 casos registrados al inicio de la gestión (2022) del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. "Tal es la confianza de la población que culminamos esta gestión con 27.169 casos atendidos, un hito institucional. Cuando entré a la gestión estábamos con 17.000 casos, lo que demuestra la confianza en la Defensoría del Pueblo; esto es vital, es muy importante", informó la autoridad defensorial. De acuerdo con el reporte del Sistema Servicio al Pueblo (SSP), del total de casos registrados, el 67% corresponde a investigaciones defensoriales por presunta vulneración de derechos humanos, el 10% a gestión de consultas y el 23% a procesos de orientación defensorial. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias fueron La Paz con 10.218 casos, Cochabamba con más de 3.282, Oruro con más de 3.064, Santa Cruz con aproximadamente 3.062 y Chuquisaca con cerca de 1.894 casos. Entre las instituciones más denunciadas figuran el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, la Dirección de Régimen Penitenciario y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP). El Defensor del Pueblo informó que en enero de 2026 se activará un nuevo sistema informático para atención de quejas, fortaleciendo la capacidad institucional de respuesta y mejorando la atención ciudadana.
Título: Resumen Ejecutivo: 24 días informe defensorial - situación de conflictividad en Bolivia entre octubre y noviembre de 2024
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe defensorial nuestra casa sin derechos - vulneración del ejercicio de normas y procedimientos de las NPIOC para la gestión compartida del área protegida Madidi frente a la minería
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia