Caso Juana Quispe: Defensoría exige que se cumplan los plazos establecidos hasta que la sentencia sea ejecutoriada
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a Defensoría del Pueblo advierte que la sentencia condenatoria en el caso de Juana Quispe Apaza no es garantía de triunfo hasta que esta sea ejecutoriada como cosa juzgada, puesto que podría generarse nuevamente una retardación de justicia en la instancia de apelación. “Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia recurra a ellos, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental, Maritza Suntura. Por ello, Suntura reiteró que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con este caso en particular, y en ese marco hará el seguimiento correspondiente, “hasta que se pueda tener una sentencia ejecutoriada firme, que pueda cumplirse conforme a procedimiento”. La autoridad recordó que la institución defensorial se constituyó en calidad de veedora, desde febrero de 2023, dentro del caso por el asesinato de Juana Quispe Apaza y asistió a cada una de las audiencias para garantizar el debido proceso y que el juicio se desarrolle en el marco de lo establecido por la normativa vigente, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, toda vez que este caso se valoró como emblemático e histórico, ya que dio pie a la aprobación y promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política.
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ste jueves 4 de enero, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz dictó sentencia en el proceso por el asesinato de la exconcejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, tras casi 12 años de ocurrido este hecho. La Defensoría del Pueblo, que siguió el juicio y acompañó a la familia de la víctima durante este tiempo, destacó la sentencia condenatoria, la cual denominó como “emblemática e histórica”. El Tribunal Cuarto de Sentencia, presidido por la jueza Inés Tola, estableció como autores del asesinato de la concejala Quispe al exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca y a Pastor Cutili exconcejal, quienes deberán guardar detención en el penal de San Pedro por 30 años, sin derecho a indulto. Asimismo, la Defensoría del Pueblo hace el seguimiento a otras denuncias de acoso y violencia política que se ventilan en instancias judiciales, lo cual permitió frenar actos violentos contra mujeres autoridades electas en el municipio Jesús de Machaca (La Paz) y Riberalta (Beni). Así lo subrayó la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres, Bolivia Sánchez. “La Defensoría del Pueblo hace seguimiento a otros cuatro casos que ya tienen sentencia, que están asentados en diferentes departamentos y que cuentan con el compromiso de que se hará el seguimiento hasta que se tenga la sentencia condenatoria ejecutoriada”, apuntó. Dichos procesos judiciales son: el caso de la exasambleista Felipa Huanca contra Rafael Quispe, en La Paz, el caso de la ex asambleísta María Patzi contra el exasambleista Arturo Vegamonte, en Quillacollo; el caso de la exconcejala Norma Hidalgo contra el exconcejal Marco Antonio Espíndola y el caso de la exconcejala Soraya Destre contra el dirigente cívico Katriel Muller, en Riberalta.
De acuerdo a recomendaciones del informe defensorial "Obligadas a renunciar"
Ante emergencia de los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida, Defensoría pide acciones al Estado
El informe defensorial denominado: “Obligadas a renunciar, Compromisos Forzosos de Gestión Compartida: vulneración a los derechos políticos de las mujeres”, elaborado por la Defensoría del Pueblo devela la emergencia de esta nueva modalidad de acoso y violencia política, por lo cual, la institución demanda acciones al Estado. “Los compromisos forzosos han venido a destruir mucha institucionalidad, principalmente en los concejos municipales del área rural. Lo que sucede es que, cuando se presentan a elecciones las titulares vienen a ser mujeres y los suplentes varones y de manera forzosa les obligan, en muchos casos, a firmar estos compromisos, estos contratos. Hemos evidenciado que han sido refrendados por notarios, es algo que está fuera de esta normativa”, manifestó la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres, Bolivia Sánchez. Esta nueva práctica se caracteriza por que se obliga a las mujeres autoridades electas titulares a renunciar a su mandato, luego de un determinado tiempo, que generalmente se produce al cumplirse la primera mitad de ejercicio del cargo. A partir del estudio defensorial, que incluye información emitida por entidades estatales como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros, y datos obtenidos a partir de encuestas realizadas a 326 mujeres autoridades electas, se establece que los CFGC atentan contra los derechos políticos de las mujeres, además de ser una amenaza en la consolidación de la democracia paritaria.
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s por ello que, la Defensoría del Pueblo plantea, entre otras medidas, la modificación de la Ley 243, a fin de incorporar los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida como un acto de acoso y/o violencia política hacia las mujeres. El informe también identifica otras vulneraciones contra los derechos políticos de las mujeres autoridades electas, como ser: el no pago de haberes mensuales, el uso de notas modelos para viabilizar las renuncias y el uso de poderes notariales. A partir de los hallazgos y del análisis a la información brindada por las instituciones intervenidas y de los resultados de las entrevistas a 326 mujeres autoridades (concejalas y asambleístas departamentales), el informe defensorial concluye en recomendaciones a cuatro instancias del Estado: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Tribunal Supremo Electoral, la Dirección del Notariado Plurinacional y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, a los cuales la Defensoría del Pueblo hace seguimiento.
Defensor del Pueblo destaca agenda en defensa de los derechos humanos
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na agenda en defensa de los Derechos Humanos, es la premisa que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó para esta gestión, misma que fue construida con las demandas de poblaciones, grupos civiles y ciudadanos de a pie de al menos siete departamentos. “La Defensoría del Pueblo no tiene una agenda política, sino una agenda de derechos humanos, primordialmente trabajando con la población que empezó a confiar, porque se logró tener 20.503 denuncias con mayor incidencia en el Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía”, informó autoridad en entrevista con Erbol. Indicó que la agenda es producto de las audiencias públicas que sostiene con diferentes sectores civiles y que fue construyéndose a lo largo de su primera gestión (2023). Esta año se pretende concluir la misma con La Paz y Chuquisaca, en audiencias donde asistirán las poblaciones en situación de vulnerabilidad representadas por grupos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre otros. Callisaya explicó que otra de las metas logradas es el registro de 20.503 casos, dato que rompe un récord histórico a lo largo de los 25 años de vida de la institución, mismo que refleja que la población esta volviendo a confiar en la Defensoría del Pueblo, luego de diferentes gestiones e interinatos. La agenda de defensa de los Derechos Humanos al 2023 fue construida con la participación de más de 120 organizaciones, de la cual surgieron 11 planes de acción en salud, educación, vida, integridad, entre los principales derechos.
En Cochabamba
Defensoría del Pueblo garantiza el abastecimiento de agua potable en el recinto penitenciario de El Abra
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a Defensoría del Pueblo en Cochabamba, representada por la Delegada Defensorial Departamental, Marioly Álvarez, sostuvo una reunión interinstitucional con el Director Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Gobernación de Cochabamba, Jhonny Corrales Ledezma, quien informó que el suministro de agua para el recinto penitenciario de El Abra, para este mes y el siguiente se encuentra asegurada con 13 cisternas semanales, cada cisterna con capacidad de 17.500 litros. Además, que la licitación para el abastecimiento anual de este líquido elemento ya está en curso. A la fecha este recinto penitenciario alberga a 1.145 personas privadas de libertad. Corrales informó que también se tiene previsto el suministro de agua para todos los recitos penitenciarios del departamento.
Chuquisaca: 18 municipios, no cuentan con ningún tipo de atención a las poblaciones vulnerables
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e la información recabada por la Defensoría del Pueblo, se conoce que, de los 29 municipios del departamento de Chuquisaca, 18 no cuentan con ningún tipo personal para la asistencia a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres o personas adultas mayores. La información fue brindada por el Delegado Defensorial de Chuquisaca, Humberto Mayorga, quien además indicó que, cuatro municipios cuentan con los equipos interdisciplinarios completos y siete tienen solamente a un abogado, trabajador social o psicólogo a cargo de los SLIM, DNA, UMADIS y Adulto Mayor de los Gobiernos Municipales. A tiempo de lamentar la situación, Mayorga informó que, exhortó a la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca, como ente aglutinador de los municipios, a priorizar la contratación del personal para el funcionamiento de estos servicios. “Lamentamos que esta situación se repita cada gestión, sin considerar que estas áreas de los gobiernos municipales son fundamentales; la ausencia en la prestación de los servicios, se constituyen en una flagrante vulneración a los derechos de los habitantes”, aseveró el Delegado.
Título: Diáspora y voto en el exterior
Autor: Ivan-Michel Lafleur
Título: Diagnóstico situacional sobre la tortura a personas privadas de libertad en Bolivia
Autor: Progettomondo, Defensoría del Pueblo, ITEI
Título: Reforma agraria en Bolivia: La historia no contada
Autor: Navarro Ameller, Rocha Monrroy
