Defensoría del Pueblo declara el 2024 como Año Defensorial contra la Violencia hacia las Mujeres y proyecta cuatro acciones de lucha contra ese flagelo
L
a gestión 2024 fue declarada por la Defensoría del Pueblo como el Año Defensorial contra la Violencia hacia las Mujeres y en este marco, la institución proyectó cuatro acciones que se ejecutarán a lo largo de este año, para aportar en la lucha contra este flagelo y evitar que más mujeres sean víctimas de él. Por ello la Defensoría del Pueblo proyecta la realización de verificativos trimestrales a instituciones que brindan atención a víctimas de violencia, seguimiento a las denuncias que lleguen a la entidad defensorial, capacitación con servidores públicos y coordinación de acciones con la sociedad civil para prevenir la violencia. “Queremos ofrecerles este año, esta declaratoria defensorial para que podamos andar juntos en este emprendimiento y hacer esta exigencia al Estado para que aporte en la obligación que se asume cuando se suscriben compromisos internacionales en la defensa de las mujeres, también se asumen obligaciones esas obligaciones dentro del país”, expresó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, luego de leer la declaratoria en el marco del Encuentro de Liderezas que se llevó a cabo este viernes en la Feria del Libro de El Alto. Esta declaración fue delineada y proyectada por el Defensor del Pueblo, ante las limitantes hacia el desarrollo del proyecto de vida de las mujeres, expresados en la violencia física, sexual, psicológica, mediática, simbólica y/o encubierta, patrimonial y económica, laboral, institucional, feminicida, política, contra la dignidad, la honra y el nombre y contra los derechos reproductivos, que diariamente sufren las mujeres.
A
demás, la autoridad puntualizó la alarma que existe en la institución ante la recurrencia de casos de feminicidio y violencia sexual contra mujeres, infantes, niñas, niños y adolescentes, así como casos de violencia y acoso político, obstaculización para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y denuncias de violencia contra trabajadoras sexuales. Cabe mencionar que desde 2022, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Servicio al Pueblo registró 15.439 denuncias por casos de violencia contra la mujer, de los cuales 78 eran por Acoso y Violencia Política, 56 por obstáculos al acceso a la Interrupción Legal del Embarazo y 56 por denuncias de las trabajadoras sexuales por hechos de violencia. La primera de las acciones proyectadas en el marco del Año Defensorial contra la Violencia hacia las Mujeres consiste en la realización de verificativos trimestrales a las instituciones que atienden a las mujeres cuando son víctimas de algún hecho de violencia, a fin de promover y garantizar que brinden una atención de calidad. La Defensoría del Pueblo también efectuará un seguimiento exhaustivo a las denuncias de casos de violencia contra las mujeres, que sean registrados en el Sistema del Servicio al Pueblo, dependiente de esta institución. La capacitación no se dejará de lado, pues la entidad defensorial incidirá en esta labor para brindar herramientas que fortalezcan los conocimientos de las y los servidores públicos vinculados a la atención a mujeres en situación de violencia. Finalmente, se coordinarán más acciones defensoriales, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, cooperantes, universidades, entidades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas, para prevenir y luchar contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo entre poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Existe sobre carga laboral para los profesionales de esta área
Verificativos defensoriales en el IDIF develan que solo 11 de 20 oficinas cuentan con psicólogo forense para atender a víctimas de violencia sexual
En el marco de los verificativos realizados por la Defensoría del Pueblo en las oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a nivel nacional, se evidenció que solo 11 cuentan con un psicólogo forense, para la atención de las víctimas de violencia sexual. Por ello, la Defensoría del Pueblo emitió al menos siete recomendaciones, de las cuales resalta el pedido a la Fiscalía General del Estado que fortalezca los servicios del IDIF, “incorporando mayor cantidad de médicos forenses y psicólogos forenses, garantizando mínimamente dos profesionales psicólogos por oficina”, señala el informe sobre estas intervenciones. El verificativo se realizó el 14 de febrero e intervino en 20 oficinas del IDIF, de los cuales se evidenció que 19 estaban atendiendo a la población, a excepción de la filial de Bermejo. De este total solo 11 contaban con un psicólogo forense. Las oficinas de Villa Tunari, Villazón, Llallagua, Monteagudo, Puerto Quijarro, Caranavi y Cobija no cuentan con este servicio.
P
or ejemplo, en las oficinas del IDIF de Cobija, Pando, “no se cuenta con profesional psicólogo forense debido a la falta de contratación de la persona, pese a la alta demanda de atención existente en el departamento Pando, los casos están siendo derivados a la ciudad de Riberalta por razones de cercanía”, establece el informe de los verificativos. Además, la intervención defensorial evidenció que la población que requiere el servicio de este profesional especializado, debe esperar hasta cuatro meses o más, debido a la sobrecarga laboral. De acuerdo a los datos evidenciados en las visitas, las víctimas de violencia sexual en Sucre deben esperar entre uno o dos meses, mientras que la población de Rurrenabaque debe aguardar hasta tres meses. En El Alto la situación se complica aún más pues existen al menos 120 citas programadas hasta el mes de octubre, según indicaron los servidores públicos encargados del IDIF, entrevistados por personal defensorial. El objetivo de estos verificativos, proyectados por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y ejecutados por el personal defensorial, fue evidenciar si las oficinas del IDIF estaban brindando sus servicios a mujeres en situación de violencia sexual y si estas instalaciones cuentan con médicos forenses y psicólogos forenses para atender a estas víctimas.
Defensoría del Pueblo y Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acuerdan trazar ruta de trabajo conjunto
E
l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, acordó hoy, iniciar un proceso de coordinación técnica con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para establecer una ruta de trabajo conjunto en beneficio de las poblaciones en situación de vulnerabilidad del país. “Nosotros únicamente tenemos una agenda de derechos humanos, tenemos las puertas abiertas a todas y todos, estamos ciertamente prestos a generar un espacio de coordinación porque juntos podemos hacer incidencia en instancias públicas”, aseguró el Defensor del Pueblo, tras concluir con el informe brindado en esa instancia legislativa, la mañana de hoy. La reunión técnica entre la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de Diputados fue acordada para la siguiente semana donde la autoridad defensorial comprometió la asistencia técnica especializada en Derechos Humanos. “(…) podemos generar también un acompañamiento en asistencia técnica (para los asambleístas), porque tenemos personal especializado en temas de estándares internacionales en derechos humanos y podemos hacer coordinación desde al ámbito territorial (con las Delegaciones Defensoriales)”, indicó el Defensor del Pueblo. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, destacó la apertura y predisposición del Defensor del Pueblo y propuso elaborar una agenda a corto y mediano plazo para ejecutar sus atribuciones de fiscalización en los nueves departamentos del país.
La autoridad alertó que el hacinamiento también afecta a la población penitenciaria femenina
El 72% de la población penitenciaria femenina se encuentra en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, según verificativos defensoriales
D
e más de 1.900 mujeres privadas de libertad registradas en todo el territorio nacional, el 72 por ciento se encuentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, así lo reveló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, en el programa institucional “El Defensor con el Pueblo”, transmitido por las plataformas de redes sociales. “De acuerdo a datos obtenidos por la Defensoría del Pueblo en la última verificación realizada en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención la Tortura (MNP), el último trimestre de 2023, se estableció que, de los 28.676 privados de libertad, más de 1.900 son mujeres y el 72 por ciento (de este grupo) está en el eje central”, señaló Callisaya. Detalló que en Santa Cruz hay 630 mujeres privadas de libertad; en La Paz, 433; y en Cochabamba, 276; haciendo un total de 1.339 de féminas internas en centros penitenciarios en los tres departamentos. El Defensor, respecto al hacinamiento poblacional en los centros penitenciarios, manifestó que esta problemática afecta también a las mujeres privadas de libertad poniendo en riesgo el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Diálogo entre movilizados y autoridades municipales de Ocurí es impulsado por la Defensoría del Pueblo
L
a Defensoría del Pueblo impulsa espacios de diálogo ante la conflictividad suscitada en el municipio de Ocurí, respecto a la toma del edificio municipal y el bloqueo de la carretera diagonal Jaime Mendoza por pobladores de la comunidad de Maragua que exigen la renuncia de las y los concejales municipales. El diálogo impulsado como mecanismo de concertación y búsqueda de soluciones, fue activado mediante el trabajo conjunto de la Delegación Defensorial Departamental de Potosí y la Coordinación Regional Defensorial de Llallagua. “Sostuvimos reuniones con los dirigentes y las autoridades municipales haciendo notar que los acuerdos que firmaron como gestión compartida están fuera de la Constitución y que cualquier conflicto se puede solucionar con diálogo” dijo el Coordinador Regional Defensorial de Llallagua, Cesar Villca, luego de hacer verificaciones en el municipio de Ocuri donde también se socializó el marco normativo sobre acoso y violencia política hacia las mujeres. Al respecto, la Delegada Defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, de forma paralela sostuvo reuniones con el alcalde, concejalas y concejales del municipio de Ocuri, y recibió información sobre el conflicto en dicho municipio. “Convocamos a las autoridades municipales y representantes de los sectores movilizados a un espacio de diálogo para hoy en el municipio de Llallagua, un lugar neutral para escucharlos y llegar a acuerdos por el bien del municipio y la comunidad” dijo Alarcón.
Título: Encuentro Nacional de las Entidades del Sistema Penal para Adolescentes
Autor: Defensoría del Pueblo
Título: Periodismo mediador y diálogo público, un modelo desde El Alto
Autor: Fundación UNIR, DW Akademie
Título: Compendio normativo: Derechos políticos de las mujeres
Autor: Tribunal Supremo de Justicia (TSE)