Defensor del Pueblo observa bajo impacto de las medidas de indulto presidencial en la reducción de la población privada de libertad
A
nte la problemática del hacinamiento carcelario, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, observó que la medida de indulto y amnistía presidencial para personas privadas de libertad, no representa un impacto trascendente en la reducción de la población carcelaria y el problema de hacinamiento; por lo que, demandó al Estado y las autoridades vinculadas a esta temática, trabajar en la generación de políticas criminales coherentes. Durante el programa “El Defensor con el Pueblo”, que el pasado lunes abordó la situación del hacinamiento carcelario, Callisaya detalló que, en 2021, mediante el Decreto Supremo 4461 (emitido el 18 de febrero de 2021) se beneficiaron a 709 personas privadas de libertad. “La cantidad no es trascendente en relación a la cantidad de personas privadas de libertad que están en las cárceles de Bolivia”, observó la autoridad defensorial. De acuerdo a los datos oficiales, proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario, en la gestión 2021 existían 17.868 personas privadas de libertad en las cárceles bolivianas. Entonces, si ese año 709 personas obtuvieron su libertad gracias al decreto de indulto presidencial, eso quiere decir que esa medida solo redujo en 3,97% de la población carcelaria. Durante la emisión, la autoridad defensorial dio cuenta que, hasta abril de 2024 se contabilizaron 30.659 personas privadas de libertad, de las cuales sólo el 37% tiene sentencia, mientras que el 62,5% está con detención preventiva.
D
el programa también participó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y el representante del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), José Pinto Abaroa. El Defensor del Pueblo observó que “hay un desmesurado uso de la detención preventiva como un mecanismo de inserción de una persona a un penal y, con el tiempo, al no existir una sentencia se constituye en un mecanismo de sentencia anticipada”. Esta situación desencadena situaciones que se configuran como vulneraciones a los derechos humanos pues las personas privadas de libertad no tienen un adecuado acceso a la atención médica, alimentación, seguridad, sumado al hacinamiento y deficiencia en las condiciones de habitabilidad. Por ello, Callisaya, remarcó que este tema es una responsabilidad del Estado, puesto que es la instancia encargada de generar medidas de respeto a la dignidad del ser humano, como establece la Constitución Política del Estado.
La Defensoría del Pueblo público su segundo informe
Segundo reporte de conflictividad muestra que el bloqueo es la medida de presión más usada, observan al Estado por sus mecanismos de gestión de conflictos
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó el segundo Informe de Conflictividad en Bolivia, registrado entre abril y junio de la presente gestión, e hizo hincapié que este reporte evidencia que el Estado debe mejorar sus mecanismos de gestión de la conflictividad, puesto que medidas de presión como el bloqueo de caminos es el recurso al que más recurren los diferentes sectores para la resolución de sus demandas. “Hay la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión de conflictividad, como única forma de resolver estos conflictos, estas demandas de la sociedad. Este es un mensaje claro hacia el Estado, para que, oportunamente, se puedan gestionar estas demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado”, observó Callisaya. El Defensor del Pueblo ejemplificó esta situación con lo sucedido hace semanas en el municipio de Caracollo (Oruro), cuyas organizaciones sociales protagonizaron un bloqueo de caminos. La institución defensorial acudió al lugar de los hechos y durante varios días gestionó el diálogo, que finalmente se estableció y derivó en una solución al conflicto; sin embargo, antes se generó la represión policial para desbloquear las vías obstruidas. En esa línea, la autoridad defensorial cuestionó que se esté “priorizando la represión antes que el acuerdo” ante los diferentes hechos de conflictividad que se suscitan.
E
n la presentación del Informe defensorial, Callisaya develó también que, en el segundo trimestre de 2024, se han registrado en el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), 171 hechos de conflictividad en los cuales se cuenta con ciento diecinueve conflictos sociales como tal y cincuenta y dos alertas tempranas. El Defensor del Pueblo detalló que, de los 171 (ciento setenta y un) conflictos registrados, el departamento de La Paz reporta 41 hechos de conflictividad, siendo el que mayor cantidad de demandas registra, seguido de los departamentos de Cochabamba con veintisiete, Potosí con veinticinco, Chuquisaca con veintitrés, Santa Cruz con veintiún y Beni con veinte, seguidos por Tarija con diez y por último los departamentos de Oruro con tres y Pando con uno. El Reporte Defensorial se encuentra disponible en la página web de la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es visibilizar el comportamiento de la conflictividad en el país como instrumento referente que identifica a los actores demandantes y demandados puesto a disposición de los diferentes niveles de Estado.
Defensoría del Pueblo respalda a Palos Blancos y Alto Beni en su declaración como municipios agroecológicos y libres de contaminación minera
D
urante su visita a los municipios paceños de Palos Blancos y Alto Beni, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, comprometió un sendo pronunciamiento institucional en respaldo a la determinación de ambas regiones, que se declararon municipios con vocación agroecológica y forestal, libre de contaminación minera. "Desde la Defensoría estamos haciendo un acompañamiento a estos dos municipios. Desde la anterior gestión estamos realizando una serie de acciones para fortalecer la vocación agroecológica y forestal que tienen”, señaló Callisaya. En el municipio de Palos Blancos se avanza en la conformación de un Concejo Municipal Económico Productivo, cuya perspectiva es fortalecer la declaratoria de municipio libre de contaminación minera. Asimismo, en Alto Beni ya se cuenta con esa declaratoria, mediante una ley municipal, aunque esta norma fue objetada por la Vicepresidencia, bajo el argumento de una transgresión de competencias, por lo que, la población se siente desprotegida ante el posible ingreso de actividades mineras. Al respecto, el Defensor del Pueblo comprometió un seguimiento sobre el tema, además de una serie de acciones, más allá de lo jurídico, para que ambos municipios no se vean afectados sus actividades productivas agroforestales.
Tras la realización de verificativos
Acciones defensoriales ante la justicia logran gestionar mejoras en celdas de aislamiento de la cárcel de San Sebastián
H
oy los Juzgados de Ejecución Penal 2 y 4 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) en Cochabamba, concedieron la tutela a las dos acciones de libertad presentadas por la Defensoría del Pueblo para que, en los recintos penitenciarios de San Sebastián varones y mujeres, en el lapso de tres y sietes días respectivamente, den cumplimiento a mejorar las condiciones mínimas de habitabilidad de las celdas de aislamiento. Por otra parte, ambas juezas de garantías determinaron que el personal de salud dependiente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario realice una revisión médica a las personas privadas de libertad que se encontraban cumpliendo sanción disciplinaria al interior de estas celdas de aislamiento, en consideración al tiempo transcurrido y en las condiciones vulneratorias que atravesaron. “Esta tutela es otorgada a la Defensoría del Pueblo tras los verificativos realizados junto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) así como el verificativo realizado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al recinto penitenciario de San Sebastián mujeres y la intervención de la Unidad de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez.
Tras intervención defensorial el SEGIP incorpora a la Nación Indígena Toba como dato complementario en la cédula de identidad
L
uego que la Defensoría del Pueblo interviniera en la solicitud de la Nación Indígena Toba, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) determinó incorporar el nombre de esta población originaria en la cédula de identidad, como dato complementario. Los representantes del Pueblo Indígena Toba habían solicitado al SEGIP la incorporación de la auto identificación cultural a la cédula de identidad, en mayo de 2024. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de Yacuiba, presentó un Requerimiento de Informe Escrito (RIE) al SEGIP, entorno a como se gestionó la mencionada solicitud. En esa línea, el SEGIP respondió el requerimiento defensorial informando que se decidió dar viabilidad a la "incorporación de la Nación Indígena Originaria Campesina Toba en la base de datos del Sistema de Registro Único de Identificación (SRUI), para que este sea considerado como dato complementario y declarativo en la cédula de identidad de los bolivianos". Está determinación se basa en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que cada boliviana y boliviano tiene derecho a la autoidentificación cultural, además que ese mismo texto constitucional reconoce a las naciones y pueblos indígenas.
Título: Evaluación de impactos de las empresas mineras Kores y Comibol en los derechos humanos del Jach'a Suyu Pakajaqi
Autor: S/N
Título: Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos mineros
Autor: CEPAL - FIO - Cooperación Alemana
Título: Segunda Encuesta Anual de Polarización
Autor: S/N
