Defensoría del Pueblo, PNUD y Red Pazinde presentan tres documentos para que las comunidades indígenas incidan en la justicia ambiental
T
res documentos para que las comunidades indígenas puedan incidir en justicia ambiental fueron presentados este lunes, en el marco de la alianza estratégica entre la Defensoría del Pueblo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD Bolivia) y la Red Paz, Integración y Desarrollo (Red Pazinde). Dichos documentos, parte del proyecto “Promover la prevención de conflictos para la justicia ambiental en Bolivia”, son: el “Protocolo para la Gestión Integral del Agua”, basado en el reglamento de contaminación hídrica; “Enfoques y Cosmovisiones de la Justicia Ambiental Boliviana”, para incidir en la gobernanza ambiental y establece diferencias normativas y procedimentales en materia de justicia ambiental; y “Rutas de Denuncia para la Gobernanza y Acceso a la Justicia Ambiental”. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya participó de la presentación de estos importantes documentos, en el marco del evento “Justicia ambiental y consolidación de la red de defensores de derechos humanos y asuntos ambientales", y destacó la importancia de generar este tipo de material para coadyuvar con las poblaciones indígenas originarias para que participen en la toma de decisiones en temas ambientales. “La labor fundamental de la Defensoría del Pueblo y los acompañantes como el PNUD y Pazinde, debe ser la incidencia en justicia ambiental para la construcción de un norte común que no solo aborde esta temática hacia la judicialización, sino que se enfoque en el acceso y participación en la toma de decisiones en temas ambientales para que la población que sufre los efectos de contaminación con mayor impacto, pueda ser partícipes y pedir el respeto a su vivencia”, sostuvo la autoridad.
C
allisaya subrayó que los temas medioambientales no pasan solo por aspectos técnicos, sino que tienen que ver con el ejercicio de poder, y las desigualdades existentes. En ese sentido, destacó la importancia de estos documentos, que proporcionarán de más recursos a las poblaciones indígenas a la hora de ejercer la defensa de la Madre Tierra. La autoridad defensorial apuntó que los documentos producidos no solo servirán para que los servidores públicos que integran la Defensoría del Pueblo conozcan más sobre los recursos para la defensa de la Madre Tierra, sino que perfilarán la ejecución de un proyecto con defensores, monitores y peritos indígenas en tema ambiental, que permitirá construir un red de información y de defensa de derechos ambientales, en la lógica de que el ser humano es un componente más de un ser vivo como es la Madre Tierra. Junto al Defensor del Pueblo participaron del evento la representante Residente Adjunta del PNUD en Bolivia, Martha Vallejo, el Capitán de la nación indígena originario Tacana Cavineño, Lorenzo Ortiz y representantes de los pueblos Tacana y Leco, entre otros.
Perfila reportes periódicos
Ante subida de precios de la canasta familiar, la Defensoría del Pueblo anuncia informe sobre elevación de precios
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, anunció que la institución que lidera presentará un informe sobre el costo de los alimentos y productos que integran la canasta familiar. Este tipo de reportes será realizado de manera periódica y mensual, con el objetivo de observar la fluctuación de los precios, en el marco de garantizar el derecho a la alimentación y vivir en condiciones dignas para la población. “Estamos aplicando un protocolo de verificación a los precios de los insumos de la canasta familiar, la próxima semana presentaremos el informe, esto en atención a que la elevación de algunos productos puede afectar el derecho a la alimentación o el derecho a vivir en condiciones dignas; toda vez que la perspectiva de derechos humanos propicia que realicemos este tipo de verificaciones, las cuales se realizarán a través de las 21 oficinas que tenemos a nivel nacional”, señaló la autoridad defensorial, en contacto con periodistas en la ciudad de Sucre.
E
l Defensor del Pueblo perfiló esta acción ante la preocupación de la población por la posible alza de los precios de algunos alimentos, situación que genera anuncios de movilizaciones o “cacerolazos” por parte de algunos sectores de la población. Este posible contexto puede afectar la convivencia entre bolivianos; por lo que la Defensoría del Pueblo quiere aportar a dar certidumbre a la población sobre los productos básicos de la canasta familiar. Callisaya adelantó que este tipo de reportes será emitido de manera periódica, es decir, mensualmente, para hacer seguimiento a la situación.
Informe defensorial “Sueños Interrumpidos” llega a Oruro para generar incidencia y conciencia sobre matrimonios forzados y embarazos adolescentes
E
n el marco de la socialización del informe “Sueños Interrumpidos”, el Delegado Adjunto Defensorial para la Protección de Derechos Humanos Generacionales, Género y Diversidades, Ronald Céspedes, arribó a la ciudad de Oruro para hacer la presentación del documento e hizo énfasis para que las autoridades implementen políticas claras en salud sexual y reproductiva, y atención a víctimas de violencia sexual. “La Defensoría del Pueblo hizo varias recomendaciones directas a las autoridades nacionales (…) también hacemos una recomendación a las autoridades del municipio de Oruro para que puedan trabajar, con una capacidad interinstitucional, intergeneracional e intercultural, todos estos aspectos importantes que ayuden a reducir los índices de embarazos adolescentes, pero también en la necesidad de avanzar con más fuerza en la promoción de la salud sexual y reproductiva en adolescentes y también políticas claras en la cadena de atención a víctimas de violencia sexual”, señaló la autoridad. El informe defensorial “Sueños Interrumpidos” aborda la vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres, emergentes de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) y del embarazo infantil forzado (EIF) en Bolivia y ofrece datos sobre el estado de situación de ambas transgresiones.
Jurisdicciones libres de contaminación minera
Defensoría del Pueblo pide al Estado respetar decisión de Palos Blancos y Alto Beni, que se declararon municipios agroecológicos
A
través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo demandó a las autoridades competentes respetar la determinación de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, que se declararon municipios agroecológicos y libres de actividad y contaminación minera, a través de la ley departamental N° 239 de 7 de marzo de 2024. Esta declaración surge a raíz de una acción presentada por la Vicepresidencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la que argumenta que es tuición central del Estado administrar los recursos naturales estratégicos del país, lo cual dejaría sin efecto la mencionada declaratoria y pondría en riesgo a ambos municipios, así como sus actividades económicas agroecológicas, pues facilitaría el ingreso de las actividades mineras y otras que afecten el medio ambiente. El texto defensorial “insta a las autoridades competentes a respetar la decisión de las bolivianas y bolivianos productores de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni de promover la economía comunitaria y social cooperativa y la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria, implementando procesos de seguridad y soberanía alimentaria eficiente y económicamente viable en el tiempo, en el marco del respeto a la libre determinación de los pueblos, establecida en sus leyes y cartas orgánicas municipales, la Ley Departamental y la misma Constitución Política del Estado (CPE)”. En esa línea, la Defensoría del Pueblo pide a las instancias competentes proteger a las organizaciones económicas comunitarias y las organizaciones sociales cooperativas que respeten el uso de suelo y las características de los ecosistemas, en el marco de la Constitución Política del Estado, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria.
Defensor del Pueblo destaca importancia de la participación ciudadana en la elección de autoridades judiciales
E
l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó la importancia de la participación de la población en las elecciones judiciales, la cual permitirá que las y los bolivianos ejerzan el derecho político a elegir a sus autoridades judiciales. “Lo importante es que podamos tener una amplia participación en las elecciones judiciales, estamos conscientes que hay varias limitaciones que surgieron en este proceso de preselección; sin embargo, es relevante que la población ejerza su derecho político”, señaló el titular defensorial, en entrevista con un medio de comunicación. Callisaya se refirió al anunció del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que definió para el 1 de diciembre de 2024 la realización de los comicios para elegir autoridades judiciales, luego que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluyera el proceso de preselección de candidatos y derivó las listas oficiales al Órgano Electoral. Al respecto, recordó que la Defensoría del Pueblo hizo seguimiento permanente al proceso de preselección, que fue paralizado por diversos motivos, en resguardo del derecho político de la población a elegir sus autoridades, el cual se estaba vulnerando en primera instancia, con el riesgo que otros derechos se transgredan en el mediano plazo, como el del acceso a la justicia. De acuerdo a lo señalado por el Defensor del Pueblo, la institución llevó adelante un proceso de veeduría al desarrollo de la preselección de candidatos en la ALP y próximamente emitirá un informe con recomendaciones para subsanar ciertas aspectos y garantizar la plena transparencia en procesos de elección de autoridades.
Título: Mujeres Migrantes Andinas
Autor: Unión Europea, Oxfam
Título: Miradas sobre la migración boliviana Nº 2
Autor: Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Título: La migración internacional, una opción frente a la pobreza
Autor: PIEB
