Informe Defensorial revela que el 55 por ciento de la población penitenciaria femenina pertenece a poblaciones en situación de vulnerabilidad
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l informe defensorial “Mujeres en cárceles de Bolivia”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), pone en evidencia que más de la mitad de la población penitenciaria femenina pertenece a alguno de los siguiente grupos en situación de vulnerabilidad: personas extranjeras, madres, mujeres embarazadas, mujeres que viven con sus niñas y niños menores de 6 años dentro el penal, personas adultas mayores, que pertenecen a alguna nación o pueblo indígena, mujeres con diversa orientación de género, personas con discapacidad, personas con VIH, discapacidad psicosocial, drogodependientes, afrobolivianas o personas con alguna enfermedad de transmisión sexual. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, remarcó el hecho que, la situación de las personas privadas de libertad reviste una serie de situaciones que vulneran sus derechos humanos, como el hacinamiento, el uso excesivo de la detención preventiva, la falta de acceso a servicios de salud, problemas en la distribución de prediarios (estipendios monetarios para la alimentación de cada privada de libertad), además del monto insuficiente de estos, entre otros aspectos. Sin duda, observó la autoridad, este contexto se potencia aún más si las mujeres privadas de libertad pertenecen a alguna población en situación de vulnerabilidad. “El 55% están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque son mujeres embarazadas, tienen hijos que los acompañan, son personas adultas mayores, personas con discapacidad, son personas LGBTI, entre otros, que las colocan en una situación de alta vulnerabilidad, es decir, más de la mitad de las mujeres privadas de libertad se puede asumir en una situación de vulnerabilidad”, puntualizó, durante la presentación de la investigación.
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sta investigación también hace hincapié en la situación que viven 145 niñas y niños menores de seis años, quienes habitan en los centros penitenciarios junto a sus madres, expuestos a las condiciones precarias de las cárceles y los efectos del hacinamiento, que afecta a todo el sistema penitenciario boliviano. La recopilación de datos expresada hasta diciembre de 2023, da cuenta de la existencia de 1.871 mujeres privadas de libertad, dato que se incrementó en un 12,5 % entre enero y junio de 2024, alcanzando un total de 2.150 mujeres privadas de libertad “Mujeres en cárceles de Bolivia” pone en evidencia que el 72% de las mujeres privadas de libertad se concentra en centros penitenciarios de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y enciende las alertas de que la población penitenciaria aumenta cada año, haciéndose insostenible por lo gastos que implica para el Estado y los riesgos de motines y violencia en cárceles como protesta de las condiciones inhumanas en las que viven. En este sentido, el Defensor del Pueblo, planteó a las autoridades competentes acciones concretas que atiendan lo inmediato con una mejora de la gestión de la emergencia cotidiana y paralelamente avanzar en los temas de fondo para resolver problemas estructurales, siendo necesaria instalación de una Mesa de diálogo permanente para la problemática penitenciaria, con la participación de todos los actores involucrados y que pueda para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y su reinserción social mejorando la respuesta estatal al fenómeno delictivo en la sociedad.
Tendencia presente en la población penitenciaria femenina
Cuatro de cada diez mujeres privadas de libertad fueron detenidas por delitos vinculados a sustancias controladas
El 41,26% de las mujeres privadas de libertad en Bolivia guarda detención por delitos vinculados a sustancias controladas; es decir, cuatro de cada diez mujeres. Así lo evidencia el informe “Mujeres en cárceles de Bolivia”, un reporte elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios del país. “El problema de los delitos por sustancias controladas se ha mantenido por más de una década, puesto que los datos del 2012 señalaban que el quebrantamiento de la Ley por mujeres, relacionados a sustancias controladas llegaba al 56%. El 2018, el porcentaje de este tipo de delitos cometidos por mujeres llegaba al 31,62% y el 2023, el porcentaje de mujeres privadas de libertad por delitos contemplados en la Ley 1008 volvió a subir a 41,26%”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, en la presentación de esta investigación. El caso de Oruro merece ser destacado pues en este departamento la cifra de mujeres privadas de libertad por delitos vinculados a la Ley 1008, que sanciona el tráfico de sustancias controladas, asciende al 62%.
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abe recordar que recientemente se conoció el caso de dos ciudadanas uruguayas, madre e hija, que fueron detenidas y recluidas en centros penitenciarios de Bolivia por la portación de marihuana, la cual era de uso personal de una de las mujeres. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo y la delegación diplomática uruguaya se logró gestionar la libertad de ambas mujeres. En la oportunidad, el Defensor del Pueblo subrayó que existen vacíos en la Ley 1008, específicamente en el Artículo 49; por lo que, es necesario, establecer una definición clara sobre las cantidades que se consideran para uso personal, y así evitar la arbitrariedad de las autoridades. De acuerdo a la estadística sobre los delitos cometidos por mujeres privadas de libertad, al 12,28% de las mujeres en centros penitenciarios se les atribuye la comisión de delitos no violentos como el hurto; por debajo le sigue el delito de asesinato con 7,59% y con 4,12% el delito de homicidio.
Defensoría del Pueblo plantea la creación de una Mesa Permanente que aborde y gestione problemáticas penitenciarias urgentes y estructurales
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n el marco de la presentación del informe “Mujeres en cárceles de Bolivia”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, planteó a las instituciones involucradas en la temática penitenciaria, tanto del Órgano Ejecutivo como Judicial, conformar una “Mesa de diálogo permanente para la problemática penitenciaria”, que canalice y gestione soluciones a las demandas urgentes, así como estructurales, en los centros penitenciarios del país. “Pedimos a la Dirección General de Régimen Penitenciario, a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Ministerio de Gobierno, al Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General del Estado, que junto a seguridad penitenciaria y otros actores involucrados podamos generar una mesa de trabajo permanente sobre la problemática penitenciaria, que nos permita discutir estos temas sobre sectores tan vulnerables como son las mujeres que viven con sus hijos en centros penitenciarios”, señaló Callisaya en el cierre de la presentación de la mencionada investigación. El documento, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), entidad bajo tuición de la Defensoría del Pueblo, evidencia la situación en la que viven las mujeres privadas de libertad, de las cuales aproximadamente el 55% pertenece a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La autoridad defensorial acotó que, es necesario que el Estado cumpla con los compromisos asumidos como país ante instancias internacionales, en cuanto al cumplimiento y promoción de los derechos humanos, así como medidas específicas para garantizar el bienestar de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Verificación de avances en casos de feminicidios e infanticidios
Defensor del Pueblo lidera Mesa Interinstitucional de Visitas a Cárceles en Chuquisaca
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on la participación del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, este viernes sesionó la Mesa Interinstitucional de Visitas a Cárceles de Chuquisaca. Esta instancia evaluó los avances en los procesos penales por infanticidio, feminicidio y delitos sexuales. Además del Defensor del Pueblo, de esta instancia también participaron representantes del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, y la Delegación Defensorial Departamental. La Asociación de Gobiernos Municipales de Chuquisaca también es parte de esta mesa, pero se ausentó del encuentro, que se llevó adelante en el municipio de Camargo. Como resultado de la sesión ordinaria, las instituciones participantes se comprometieron en continuar con el fortalecimiento de las buenas prácticas, con el objetivo que los procesos penales vinculados a estos delitos culminen de manera pronta con sus respectivas sentencias ejecutoriadas, en el marco del derecho al debido proceso y acceso a la justicia. El Defensor del Pueblo señaló que las Mesas Interinstitucionales de Visitas a las Cárceles son instancias presentes en cada departamento y se constituyen en instancias de coordinación para el tema carcelario. En algunas regiones, la Defensoría del Pueblo preside estas mesas y lidera las acciones para optimizar las acciones en cuanto a la política carcelaria y lucha contra el hacinamiento en centros penitenciarios.
Informe “Sueños interrumpidos” se socializa en Pando y Oruro
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a Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Pando y Oruro respectivamente, presentó el informe defensorial titulado "Sueños Interrumpidos", un documento que aborda las problemáticas de embarazos infantiles forzados, matrimonios y uniones infantiles tempranas en Bolivia. En Oruro, el Delegado Adjunto para la Protección de Derechos Humanos Generacionales, Género y Diversidades, Ronald Céspedes lideró la presentación ante autoridades y representantes de diversas instituciones que trabajan en estas temáticas. Entre las conclusiones del referido Informe Defensorial, Céspedes reflejó que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, constituyen una grave amenaza para diversos aspectos de la salud física y psicológica de las mujeres y las niñas, incluidas entre otras, su salud sexual y reproductiva, y que este aumente en gran medida el riesgo de embarazo precoz, frecuente y no planeado, la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal, la fisura obstétrica, las infecciones de transmisión sexual entre otras. En el caso de Pando, las autoridades conocieron los datos alarmantes expuestos, ya que 12 municipios sobrepasan el 30% del índice de embarazo en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años.
Título: La economía popular en Bolivia: tres miradas
Autor: Nico Tassi, Alfonso Hinojosa, Richard Canaviri
Título: Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el Siglo XX
Autor: Rosemary Thorp
Título: Un continente contra la deuda: perspectivas y enfoques para la acción
Autor: Centro de Derechos Económicos y Sociales
