El Defensor del Pueblo, manifestó su preocupación por la violencia en ámbitos políticos que cosifican a las mujeres
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urante el acto de homenaje por el nacimiento de la poetisa boliviana Adela Zamudio, realizado el pasado 11 de octubre, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, manifestó su preocupación por la violencia en ámbitos políticos que cosifican a las mujeres, “este es un espacio de reivindicación, de resistencia hacia la naturalización de ese tipo de mensajes, no podemos tolerar como sociedad la instrumentalización ni la cosificación de la mujer”. Calisaya sostuvo que “estamos ante un escenario muy complicado, donde se han presentado situaciones de instrumentalización y cosificación de la mujer, deshumanizándola, viéndola como un objeto, en un escenario y espacio político donde no debería de realizarse este tipo de argumentos”. Para la autoridad defensorial este 11 de octubre, día del nacimiento de Adela Zamudio, es un momento de reivindicación e interpelación a todos los actores políticos, estatales, sociales y la sociedad en sí misma, para promover y mejorar el respeto a los derechos de las mujeres.
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ara el Defensor del Pueblo, si bien hubo un avance en el respeto de los derechos de las mujeres, también identificó que existen procesos de retroceso que ponen en serio riesgo el ejercicio de estos derechos, “no podemos naturalizar estos mensajes, esta violencia formal, esta violencia simbólica que existe contra las mujeres”. De acuerdo a Callisaya, este tipo de escenarios “debilitan la institucionalidad democrática que desde la anterior gestión muestra una alta fragilidad; también estamos fracturando mucho más la sociedad, porque con este tipo de violencia simbólica, estamos generando mayor confrontación entre bolivianas y bolivianos, porque las mujeres se sienten hostigadas, violentadas con este tipo de situaciones”, apuntó. Finalmente, el Defensor del Pueblo, hizo un llamado y una exhortación “a todos los tomadores de decisión, a los actores que están guiando al Estado a que puedan abstenerse de ejercer este tipo de violencia a las mujeres, y más bien, generen espacios de respeto en favor de los derechos de las mujeres.
En cumplimiento a la Tutela concedida a la Acción Popular por incendios
Defensoría del Pueblo y autoridades indígenas establecen reuniones semanales para seguimiento a acciones del Estado
En el marco del cumplimiento a la Acción Popular presentada por la Defensoría del Pueblo por los incendios en el país. La institución defensorial y autoridades indígenas de tierras bajas, acordaron realizar reuniones semanales para hacer seguimiento de la atención por parte del Estado a las comunidades afectadas por los incendios forestales. En la primera jornada de trabajo, los participantes de tierras bajas identificaron que prevalece la carencia de alimentos, atención en salud y viviendas, entre otras carencias que deben ser atendidas por las instancias correspondientes.
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e acuerdo a la responsable de la unidad de la Debida Diligencia de Derechos Humanos y de la Madre Tierra, Claudia Flores, “Se ha concluido que en varias comunidades existe alimentos, pero no lo suficiente, más que todo en aquellas que están monte adentro, no tienen agua bebible por la contaminación de los ríos; la atención de salud está condicionada, porque no hay medicamentos y los médicos son limitados”. De la reunión participaron las autoridades: Víctor Cruz y Marcela Chuvé Rojas representantes de la TCO Monte Verde; Juan Cayuba, presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB); Julián Chiqueno y Rocío Picanere, representantes del pueblo Ayoreo; Bismark Vaca, representante de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Sandro Vaca representante de la TCO Cavineño del Beni y representantes de las Delegaciones Defensoriales Departamentales de Santa Cruz y Pando.
En el Día Internacional de la Niña, Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a tomar medidas urgentes contra la violencia sexual hacia NNAs.
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a Defensoría del Pueblo, expresa su alta preocupación por la situación de los derechos humanos de las niñas que, según datos del Ministerio de Salud, entre 2020 y octubre de 2023, se reportaron 252.613 embarazos en niñas y adolescentes (entre 10 a 14 años), los cuales, en su mayoría, son resultado de los delitos de violación, afectando gravemente a su salud física, mental y emocional. Entre 2014 y septiembre de 2023, el Servicio de Registro Cívico (SERECI) reportó 487 matrimonios de niñas (entre 12 y 15 años), lo que contradice lo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley N.º 603), y devela la alta vulnerabilidad de esta población. En consonancia con las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño sobre los Informes Periódicos Quinto y Sexto del Estado Plurinacional de Bolivia, la Defensoría del Pueblo insta al Estado a que: modifique el marco legal para eliminar todas las excepciones que permiten el matrimonio infantil; implemente programas de prevención y atención integral para niñas y adolescentes en riesgo de violencia sexual, priorizando para las víctimas; promueva la aprobación de una ley de derechos sexuales y reproductivos que garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y la interrupción legal del embarazo; y fortalezca las políticas públicas de reducción de la pobreza con enfoque en el empoderamiento de las niñas, promoviendo su acceso a la educación y evitando que el matrimonio infantil se perciba como una solución a las dificultades económicas. Por lo tanto, se exhorta al Estado a tomar medidas urgentes contra la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, reforzando la implementación de la Ley N.º 348 y la Ley N.º 548 para asegurar la protección integral de las víctimas y sancionar a los agresores, garantizando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como la justicia, asistencia legal y acompañamiento psicológico, tal como lo establece la Convención de Belém do Pará y las Observaciones Generales N.º 13 y N.º 20 del Comité de los Derechos del Niño. Asimismo, se insta al Estado adopte mecanismos perentorios para eliminar todas las excepciones legales que permiten el matrimonio infantil, acorde con los documentos internacionales.
Al recordarse 42 años de la recuperación de la democracia
Defensor del Pueblo reitera advertencia sobre la fragilidad de la institucionalidad de la democracia
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l conmemorarse, el pasado 10 de octubre, 42 años de recuperación de la Democracia en Bolivia, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, reiteró su advertencia sobre la fragilidad de la institucionalidad de la democracia y “el uso casi perverso de las instituciones y formas democráticas” para favorecer intereses particulares. “Reitero, hay una fragilidad de la institucionalidad democrática hoy, en este momento; y desde la gestión pasada estamos viviendo en una situación de formalidad democrática con el uso casi perverso de las instituciones y formas democráticas”, dijo el Defensor. Las declaraciones de Callisaya, surgen en entrevista con la radio Erbol, donde explicó que el país se encuentra en un contexto donde se debilita a “la institucionalidad democrática a su mínima expresión”. Como ejemplo, mencionó la presentación de un amparo constitucional que pretende suspender las elecciones judiciales; por otro lado, señaló las voces que amenazan con suspender la elección del Fiscal General del Estado. Explicó que, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, son una triada que se relacionan íntimamente, y si falla uno de estos, entonces no se tendrá la efectividad que se quiere tener como, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Municipio de Sabaya se suma como promotor de los DDHH tras firma de convenio con la Defensoría del Pueblo
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, visitó el pasado lunes el municipio orureño de Sabaya, donde firmó un convenio interinstitucional con autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya, que permitirá profundizar el apoyo interinstitucional para velar por los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La primera autoridad defensorial, afirmó que la firma de este convenio interinstitucional promueve el relacionamiento con diferentes municipios, “tenemos la oficina cercana en Pisiga y de esta manera la Defensoría del Pueblo tendrá una conexión directa con este municipio”. En este contexto, el Defensor del Pueblo remarcó que la firma de este convenio profundizará el apoyo interinstitucional para velar por los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, capacitando en prevención y atención de la violencia a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres; acoso y violencia política hacia las mujeres autoridades; prevención del violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes; prevención de embarazo en adolescentes; derecho a vivir en familia y trata y tráfico de personas.
Título: Informe Luz: percepciones sobre la educación en Bolivia desde la sociedad civil en el contexto de la agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
Autor: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Título: Manual de Actuación para Defensoras y Defensores Estudiantiles
Autor: Bolivia. Estado Plurinacional de Defensoría del Pueblo
Título: Guía Práctica para reducir la prisión preventiva
Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
