Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura exige al Estado boliviano que no obstaculice su trabajo, enmarcado en tratados internacionales
E
l Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), parte de la Defensoría del Pueblo, exigió ante la justicia constitucional que el Estado boliviano a través de la Policía, no obstaculice su trabajo de resguardo de los derechos humanos, pues este se enmarca en lo estipulado por Tratados internacionales, ratificados por el país, y que disponen la acción defensorial en casos de aprehensión de personas, para evitar hechos de tortura o malos tratos. En este marco, el 5 de noviembre, el MNP presentó una acción de libertad ante el Juzgado 10mo de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del departamento de La Paz, para que la Policía Boliviana no incurra en la obstrucción de las labores de esta institución, la cual derivó en una sistemática limitación de sus funciones, lo cual podría conllevar responsabilidades para el Estado boliviano ante la comunidad internacional. “No tenemos una agenda política, tenemos una agenda de derechos humanos y la acción de libertad que hemos planteado no es para liberar a personas aprehendidas, es para que nos den la libertad a nosotros como MNP de ejercer nuestras atribuciones en cumplimiento a Tratados internacionales que han sido ratificados por el país”, señaló Coordinador del MNP, Juan Ledezma en conferencia de prensa. En un comunicado emitido la mañana de hoy miércoles, el MNP evidenciaba que “en fecha 27 de junio del año en curso, un día después de haberse registrado movimientos inusuales en plaza Murillo, se obstaculizó el trabajo del MNP, teniendo que esperar al menos siete horas para cumplir con las labores inherentes a la institución; el 30 de junio se produjo similar situación teniendo que esperar cuatro horas en el penal de El Abra; se suscitó similar situación el 7 de julio con la espera de cinco horas en el caso de la detención de un activista ambiental, y, en el actual contexto de conflictividad en el país, entre la noche del 1 y la jornada del 2 de noviembre se impidió por más de doce horas el ingreso de personal del MNP a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”.
A
nte esta situación, Ledezma subrayó que el MNP no cumple una labor de jueces o fiscales, para definir la libertad de personas que fueron detenidas, toda vez que esa situación procesal es determinada por las instancias judiciales competentes. El servidor defensorial, remarcó la posición institucional referida a los conflictos derivados del bloqueo de caminos y reiteró el llamado a la pacificación, así como el respeto al derecho a la protesta, en el marco de los estándares internancionales establecidos, pero que esta cualidad no es una carta blanca para vulnerar los derechos de terceros o incurrir en la comisión de delitos. El MNP es una instancia dependiente de la Defensoría del Pueblo, que tiene por misión garantizar que las personas detenidas o bajo tuición del Estado no sean víctimas de torturas, agresiones físicas, malos tratos y degradantes. Asimismo, se encarga de vigilar que los aprehendidos en cualquier circunstancia tengan acceso a alimentación, servicios básicos, abrigo y a una defensa jurídica.
En cumplimiento de estándares internacionales
Defensoría del Pueblo gestionó el ingreso de alimentos, vituallas y frazadas para los aprehendidos en los bloqueos de carreteras
La Delegación Defensorial Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo gestiona el ingreso de alimentos, vituallas y frazadas para las personas aprehendidas en los bloqueos de carreteras de Cochabamba y Santa Cruz, y que fueron trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de la ciudad de La Paz. Asimismo, participó en las audiencias cautelares desarrolladas. El Delegado Defensorial Departamental de La Paz, Francisco Rodríguez Mamani, informó que durante los últimos sucesos y el traslado de personas aprehendidas en Cochabamba y Santa Cruz a la ciudad de La Paz, la delegación defensorial desplegó personal en la FELCC, para verificar la situación jurídica, integridad, salud y alimentación de estas personas aprehendidas. “Con nuestra intervención hemos logrado obtener las listas de los aprehendidos y entregar dichas listas a los abogados y a sus familiares, velando por la dignidad de estas personas y como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se ha realizado la revisión médica correspondiente”, sostuvo Rodríguez.
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l Delegado Defensorial de La Paz indicó que esta institución participó en calidad de veedor en cada una de las audiencias de medidas cautelares desarrolladas durante el fin de semana y los últimos hechos y traslados realizados este miércoles por la tarde, con el objetivo de velar por la aplicación del debido proceso y la garantía constitucional de la presunción de inocencia. Rodríguez, indicó que, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, los familiares pudieron conocer la situación jurídica de sus familiares, consiguieron visitar a los privados de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro y en la FELCC. “Asimismo, tenemos información que las personas que han sido cauteladas están siendo trasladadas a los penales de San Pedro, Patacamaya, Chonchocoro, Obrajes y Miraflores”. La Defensoría del Pueblo recuerda que, para la atención a denuncias y quejas sobre la vulneración de derechos humanos, tiene habilitada la línea gratuita 800-10-8004 y el número WhatsApp, 67007644 (en La Paz).
Defensoría del Pueblo presentó diagnóstico de precios de la canasta familiar y pide a gobierno informe de acciones estructurales
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a Defensoría del Pueblo presentó el diagnóstico de precios de la canasta familiar y pidió a las autoridades transparentar información de acciones estructurales que respondan a la demanda social creciente en el país. Se trata de un estudio que la institución activó mediante sus 21 oficinas realizando una sistematización de datos sobre los precios de la canasta familiar (entre agosto y octubre) en 18 mercados populares de las ciudades capitales, donde se evidenció un sostenido incremento de costos en, al menos, 19 productos. “Hemos evidenciado que, entre agosto y octubre de este año, se registró sustancial incremento de precios de la canasta familiar a nivel nacional, lo que causa zozobra en la población. Pedimos a las Instituciones estatales, principalmente el Comité de Seguridad Alimentaria, informe sobre las acciones estructurales adoptadas y responda a las demandas de la población”, dijo la Delegada Adjunta para la Defensa y Cumplimiento de los Derechos Humanos, Elizabeth Morató. Para la determinación del incremento o la reducción de precios, se tomó como línea base la información recabada en agosto, datos que fueron comparados con el relevamiento de información de octubre de la presente gestión, donde se detectó el incremento de precios de las carnes de res y pollo, en todos los mercados de las ciudades verificadas. Por ejemplo, la carne de res, molida corriente sufrió un incremento del 39%; la carne de res, pulpa especial, un 20%; y la carne de pollo un 30%. Entre otros productos, se evidenció el incremento del quintal de arroz, llegando este a un 46%; la harina, 66%; el fideo corto a granel, 67%, respectivamente.
En Santa Cruz
Defensoría del Pueblo certifica a 17 personas adultas mayores como Promotores de los Derechos Humanos
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on el objetivo de fortalecer y expandir el trabajo de promoción y difusión del ejercicio de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz realizó la entrega de certificados a 17 personas adultas mayores que se capacitaron para ser promotoras y promotores de los derechos humanos a fin de fortalecer. Esta capacitación se realizó mediante seis módulos donde los adultos mayores que participaron de esta iniciativa, ampliaron sus conocimientos para replicar la promoción de sus derechos humanos entre sus pares. La Delegada Defensorial Departamental de Santa Cruz, Sheila Gómez, felicitó a los flamantes Promotores de los Derechos Humanos, por constituirse en agentes de difusión de los derechos humanos entre la población adulta mayor.
Tres ministerios, Sernap y ABT deben informar sobre atención de incendios en el Madidi
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nte los incendios forestales que desde hace un mes están activos en áreas del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (en el norte de La Paz), la Defensoría del Pueblo envió nuevamente solicitudes de información a tres carteras de Estado para que informen sobre el trabajo y acciones para el combate del fuego, así como la atención a las afectaciones. “El Acuerdo de Escazú es claro en establecer que el Estado no debe restringir el acceso a la información y debe ser garantizado. Nuevamente se ha enviado las solicitudes a las instituciones del Estado para saber qué están haciendo sobre la atención a los incendios en el PN-ANMI Madidi, que es el Área Protegida que alberga la mayor biodiversidad del planeta”, dijo la Delegada Adjunta para la Defensa y Cumplimiento de los Derechos Humanos, Elizabeth Morató. Así también, explicó que, el 6 de noviembre, la Defensoría del Pueblo envió requerimientos de informe escrito al Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP, solicitudes enmarcadas en el Decreto Supremo N° 5225 de Pausa Ambiental Ecológica. Según Morató, en fechas anteriores también se enviaron solicitudes de información, por ejemplo, el 17 de septiembre se envió al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua; y el 18 de octubre, se reiteró a las carteras mencionadas y se envió otra nota al Ministerio de Gobierno, así como al SERNAP y la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras sobre las acciones para reforzar el resguardo de las Áreas Protegidas y Reservas Forestales.
Título: Derecho a la información, habeas data e internet
Autor: Armagnague
Título: Acceso a la Información en Asambleas Legislativas Departamentales
Autor: Bolivia Transparente
Título: La información como derecho
Autor: José María Desantes
