Sin acceso a baños y haciendo filas hasta por once días: Defensoría evidencia afectación a derechos humanos de transportistas
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l verificativo realizado a 54 estaciones de servicio que venden diésel, realizado por la Defensoría del Pueblo, encontró casos de transportistas que tuvieron que hacer fila en surtidores por hasta once días y que el 38 por ciento de las personas que aguardaban a comprar combustible no tenían acceso a servicios básicos. El verificativo defensorial se realizó el 15 de noviembre pasado, ante la recurrencia de largas filas en las estaciones de servicio, donde transportistas y población en general aguardaban que llegue diésel y gasolina para abastecer sus vehículos y desarrollar sus actividades, en su mayoría económicas como ser el transporte, actividades agropecuarias, entre otras. Personal defensorial se movilizó en al menos 20 ciudades y poblaciones del área rural, y realizó entrevistas a transportistas y personas que hacían fila en las estaciones de servicio, para evidenciar las condiciones en las que permanecían a la espera de adquirir combustible. Producto de estas entrevistas, la Defensoría del Pueblo estableció que los transportistas pueden llegar a permanecer en estas filas por lapsos de tiempo de una hora, hasta once días.
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, hizo la presentación de estos datos y dio cuenta que, en muchos casos, las condiciones bajo las cuales los transportistas debían hacer fila, convertían la espera en una penuria, donde es evidente la afectación a su salud. La autoridad remarcó los problemas de acceso a servicios básicos, donde solo el 62 por ciento tenía acceso a servicios sanitarios, pese a que el 76 por ciento de los surtidores tenían servicios higiénicos disponibles. La cantidad de vehículos concentrados en las filas también fue objeto de verificación defensorial, pues se encontraron filas de hasta 260 motorizados, entre flotas, camiones, tractores y otros. Este nivel de concentración se registró principalmente en departamentos como Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija.
Defensor del Pueblo pide proteger a poblaciones vulnerables
Defensoría del Pueblo realiza verificativos en 54 surtidores de diésel y evidencia reducción del 42% en volúmenes de abastecimiento
En el marco de sus atribuciones, la Defensoría del Pueblo realizó verificativos en 54 surtidores de diésel en todo el territorio nacional. En dicha acción, la institución se entrevistó con los administradores de las estaciones de servicio y evidenció que al menos el 42% recibe menor cantidad de diésel del que necesitan para abastecer a la población. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, hizo la presentación de estos verificativos en conferencia de prensa, y explicó que, en promedio, se registró un 42% de reducción en los volúmenes de diésel provistos a los surtidores, pero que se identificaron dos casos donde el nivel de reducción llega hasta el 76 y 83% de recorte, en relación a la cantidad de combustible que recibían antes para abastecer la demanda de la población en general. “Sobre la cantidad de diésel que requieren los surtidores para atender la actual demanda, emitimos esta información en base a los datos que nos proporcionaron los administradores de las estaciones de servicio. De las 54 estaciones, 40 dijeron que no reciben la cantidad suficiente de diésel para abastecer la actual demanda y 10 indican que sí reciben y les alcanza para distribuir a la población y satisfacer la demanda”, explicó la autoridad defensorial. El verificativo defensorial se realizó el 15 de noviembre pasado, ante la recurrencia de largas filas en las estaciones de servicio, donde transportistas y población en general aguardaban que llegue diésel y gasolina para abastecer sus vehículos y desarrollar sus actividades, en su mayoría económicas como ser el transporte, actividades agropecuarias, entre otras.
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sta acción defensorial se desarrolló en 20 ciudades y poblaciones del área rural, como ser Trinidad, Riberalta, Sucre, Monteagudo, Cochabamba, El Alto, Caranavi, Llallagua, Bermejo, Pisiga, Yacuiba, Puerto Suárez, Villazón, entre otras. Dicho verificativo evidenció la cantidad de horas que los transportistas tuvieron que permanecer haciendo filas, que en algunos casos llegó a 11 días en espera por diésel, tiempo en el cual muchas personas no tenían acceso a servicios básicos como el baño, situación que hizo del tiempo que debían hacer fila como una verdadera penuria, graficó el Defensor del Pueblo. Producto de esta acción, la Defensoría del Pueblo envió diversos requerimientos de información y solicitudes de atención a la población ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos. En este marco, continuará haciendo seguimiento de esta situación para intervenir en resguardo de los derechos humanos de transportistas y población en general.
Defensor del Pueblo rinde homenaje a las víctimas de Noviembre de 2019 y llama a trabajar para que esos hechos no vuelvan a repetirse
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l 19 de noviembre de 2019, diez bolivianos perdieron la vida en la zona de Senkata (El Alto) en un contexto de protestas en el lugar, donde fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron e hicieron uso de sus armas de fuego contra la población. A cinco años de este suceso, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, rindió homenaje a las víctimas de esos hechos y llamó a trabajar para que los mismos no vuelvan a repetirse y que las armas del Estado no vuelvan a volcarse contra la población. “Debemos construir permanentemente el recuerdo de aquello que no debe volver a pasar, para que no se vuelva a cometer estos abusos de poder, para que no volvamos a volcar las armas del Estado en contra de nuestra población”, expresó Callisaya, en el acto desarrollado sobre la avenida 6 de Marzo, en el sector de la planta de YPFB. El Defensor del Pueblo recordó las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cuales, las más importantes apuntaban a que el Estado garantice la reparación integral para las víctimas de estos hechos, la cual aún no se materializó del todo. En ese sentido, la autoridad defensorial llamó tanto a familiares como a las instituciones a reasumir el compromiso para evitar que hechos como los de noviembre de 2019 se repitan y para ello pidió trabajar para cerrar brechas de impunidad, además encontrar y sancionar a los culpables de las muertes para otorgar justicia a las familias de los diez fallecidos y 45 heridos.
Documento halló que no existen mecanismos para el ejercicio de la gestión compartida en el Madidi
Informe defensorial identifica que la minería aurífera afecta al menos cuatro derechos humanos de las comunidades indígenas originario campesinas
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ediante el informe defensorial: “Nuestra Casa sin Derechos: Vulneración del ejercicio de normas y procedimientos de las NPIOC para la gestión compartida del área protegida Madidi frente a la minería”, la Defensoría del Pueblo evidenció que la minería aurífera genera una afectación a por lo menos cuatro derechos humanos de las comunidades indígenas originario campesinas del lugar: medio ambiente sano, el agua, la salud y la vida. El documento, emergente de una profunda investigación por parte de profesionales defensoriales en el área protegida del Madidi, da cuenta que esta actividad afecta la forma de vida, cultura, los ecosistemas, la fauna y flora, así como las interacciones sociedad – naturaleza de las poblaciones indígenas originarias campesinas. El mencionado informe defensorial, que fue presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, se proyectó con el objetivo de establecer la vulneración del derecho al ejercicio de las normas y procedimientos propios para la gestión compartida entre las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y el Estado, que permita hacer frente a la minería en el área protegida del Madidi. Es así que la investigación también halló que no existen mecanismos apropiados para el ejercicio de una gestión compartida entre el Estado y las comunidades indígenas originario campesinas del Madidi y más bien se generó una ruptura en el orden social interno de las poblaciones, debido a que no se respetan aspectos como la interculturalidad y la falta de políticas reparadoras que permitan una mejora en las condiciones de vida de las poblaciones que habitan ese reservorio de biodiversidad.
Defensoría del Pueblo y Fundación Alalay firman convenio para fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad
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n un esfuerzo conjunto para promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo y la Fundación Alalay suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá desarrollar e implementar proyectos, planes y programas orientados al bienestar de esta población en Bolivia. Con la firma de este documento de cooperación, ambas instituciones puedan elaborar de forma conjunta planes de trabajo para la ejecución de acciones e iniciativas que permitan el fortalecimiento de las instancias de protección de la niñez, adolescencia y sus familias. Asimismo, el documento establece que la Defensoría del Pueblo y la Fundación Alalay impulsarán el “desarrollo de las iniciativas para gestionar, diseñar y contribuir al desarrollo e implementación de proyectos, planes y programas enfocados en los derechos y bienestar de niñas, niños, adolescentes y poblaciones en situación de vulnerabilidad en Bolivia incluyendo su participación protagónica; la articulación de los actores nacionales y subnacionales, sociedad civil y el fortalecimiento de las instancias de protección de la niñez, adolescencia y sus familias”. Finalmente, como parte de los programas de trabajo establecidos en el convenio, desarrollados en el marco de este convenio, se ajustarán al Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Defensorial para Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad 2024-2028, asegurando de esa manera la ejecución de acciones coordinadas y sostenibles.
Título: Evolución de los derechos sociales: Del reconocimiento a la exigibilidad
Autor: Carlos S. Fayt
Título: Protección de datos personales, ¿Habeas Data o Sistema de Data Protection?
Autor: Freddy Ossio Onofre
Título: Derecho a la intimidad y a la protección de datos personales
Autor: Yves Poullet, María Verónica Pérez Asinari, Pablo Palazzi
