Elecciones judiciales 2024: Defensoría del Pueblo realiza verificativos en 1.267 mesas de 757 recintos electorales en el país
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a Defensoría del Pueblo desplegó al cien por cien de sus funcionarios para realizar verificativos en los recintos electorales a objeto de realizar un acompañamiento al ejercicio del derecho político de elección a autoridades judiciales e identificar hechos de conflictividad o violencia que puedan producirse durante la jornada electoral, con la finalidad de subsanarlos con las autoridades competentes. En los nueve departamentos del país se realizó el registro del inicio y cierre de 1.267 mesas de 757 recintos electorales. Los servidores defensoriales reportaron a través del llenado de un formulario sobre el horario de apertura y conclusión de las mesas de sufragio. Así también, se realizó el registro de quejas o denuncias de ciudadanos que se sintieron perjudicados por alguna situación o manifestaron la vulneración de algún derecho humano. Entre los casos más recurrentes de quejas se encuentra la insuficiente cantidad de recintos electorales habilitados para la emisión de certificados de impedimento, así como el retraso de la apertura de la mesa designada a esta función en algunos recintos electorales. Otro aspecto recurrente evidenciado en algunos recintos electorales fue la dificultad de personas con alguna discapacidad para emitir su voto, debido a la inexistencia de un espacio específico destinado para esto.
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a falta de acceso a la información sobre la ubicación de sus números de mesa o de otras consultas también, así como la información confusa que brindaban algunos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral fue otro obstáculo para los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al voto. En el operativo nacional, personal de la Defensoría del Pueblo llegó hasta recintos militares y penitenciarios para realizar los verificativos correspondientes a la jornada electoral, realizando diferentes gestiones respecto a casos registrados de inhabilitados para emitir su voto, logrando la emisión de certificados de impedimento. Los verificativos realizados constataron también la masiva asistencia de la ciudadanía para ejercer su derecho al voto, principalmente la presencia de jóvenes asumiendo el rol de jurados electorales. En las próximas horas, la Defensoría del Pueblo, concluirá con el informe final de los reportes recibidos de las 21 oficinas en los 9 departamentos del país que se desplegaron hoy en el operativo nacional realizado durante la jornada de elecciones judiciales 2024.
El INRA otorgó la dotación de tierras
Tras el informe defensorial sobre servidumbre y empatronamiento en la comunidad ‘La Tunita’, indígenas guaranís reciben dotación de tierras
Indígenas guaranís de la comunidad La Tunita, en el territorio Kereimba Iyaambae (Santa Cruz) recibieron la dotación de tierras por parte del Estado. Este hecho ocurre luego que la Defensoría del Pueblo identificó, en 2023, la situación en la que vivían 14 familias de este sector, mediante el informe defensorial: “Persistencia de relaciones de servidumbre o empatronamiento en el chaco cruceño: el caso de familias guaranís empatronadas en el predio agropecuario ‘La Tunita’”. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, arribó al lugar, situado a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en la provincia Cordillera, sede de la Capitanía, comunidad Sausalito, para asistir al evento, donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hizo la entrega oficial de los títulos que oficializan la dotación de tierras. “Estamos celebrando un acto muy importante: la entrega de la Resolución de dotación de tierras a la comunidad La Tunita. En agosto del 2023 la Defensoría del Pueblo ha presentado un informe que tiene que ver con las relaciones de trabajo de semi esclavitud y servidumbre de las personas que pertenecen a esta comunidad, que eran objeto de una situación de trabajo de explotación”, señaló la autoridad defensorial.
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allisaya subrayó que la situación denunciada por la institución defensorial está siendo subsanada a través de la entrega de la Resolución de dotación de tierras. En ese marco, destacó el trabajo coordinado de instituciones como el INRA, el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina y la Defensoría del Pueblo. El informe defensorial daba cuenta de la existencia de indígenas guaranís en condición de servidumbre, quienes, por su trabajo no recibían una remuneración acorde a la normativa vigente y vivían en condiciones de extrema pobreza y vulneración de sus derechos humanos. El informe defensorial establece que las condiciones de situación de vulnerabilidad, impiden que la población guaraní pueda ejercer sus derechos fundamentales como la alimentación, “al no tener acceso a la cantidad de tierra suficiente para la producción de sus alimentos para el autoconsumo”. Las limitaciones mencionadas en el informe defensorial daban cuenta de que el acceso al agua de la población, era restringido por los dueños de ‘La Tunita’. Otra de las vulneraciones identificadas es el derecho a la vivienda, pues se evidenció que las familias guaranís ocupaban un espacio promedio de 50 metros cuadrados habitando en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Sala Constitucional de Pando concedió la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo y ordena al alcalde de Puerto Rico cumplir con el pago del bono de discapacidad
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nte un retraso de seis meses en el pago del bono mensual para personas con discapacidad grave y muy grave, la Defensoría del Pueblo, a través de una Acción de Cumplimiento, consiguió que el Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante la Sala Constitucional Segunda, conceda la tutela y ordene al Alcalde del municipio de Puerto Rico, Yordy Enrique Leverenz López, a cumplir con la Ley 977, y se disponga el pago de este beneficio y así evitar más perjuicios a esta población. La Acción de Cumplimiento presentada por la Defensoría del Pueblo, surge como respuesta a una denuncia telefónica recibida en la cual un padre de familia informaba sobre el incumplimiento en el pago del bono de discapacidad correspondiente a su hijo con discapacidad múltiple muy grave, que vive en el municipio de Puerto Rico del departamento de Pando, afirmando que, hasta esa fecha, había un retraso en la cancelación de este beneficio. Tras iniciar las primeras gestiones por parte de la Delegación Defensorial Departamental de Pando y no obtener una respuesta formal, ni efectiva de la autoridad edil, se identificó durante el proceso de atención del caso, que esta problemática no era un hecho aislado, sino que había otras personas con discapacidad en la misma situación. Ante esto, y considerando lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 977, que establece con claridad que es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) garantizar el pago mensual del bono a las personas con discapacidad, se determinó que la falta de acción por parte de la Alcaldía constituía un incumplimiento de la normativa que afecta indirectamente los derechos de las y los beneficiarios del bono de discapacidad grave y muy grave, por no lograr cobrar dicho beneficio.
La autoridad cumplió intensa agenda en el departamento de Oruro
Defensor del Pueblo llega a la comunidad de los Uru Murato, entrega ayuda humanitaria y pide apoyo del Estado para planta de sal yodada
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omo parte de su agenda de trabajo en el departamento de Oruro, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, visitó la comunidad Puñaca Tinta María de los Uru Murato donde entregó ropa, juguetes y alimentos. Asimismo, visitó el emprendimiento comunal de producción de sal yodada. Durante la visita, la autoridad defensorial evidenció que la población se encuentra muy afectada por la casi desaparición del Lago Poopó, lo cual los ha dejado sin su actividad ancestral como es la pesca y la caza. Los Urus Murato se encuentran asentados en la rivera de lo que antes era el Lago Poopó, “es una comunidad que resultó muy afectada por la sequía del lago, lo que ocasionó que se haya desestructurado las relaciones de la propia comunidad; la gente se fue a buscar medios de sobrevivencia”, explicó Callisaya, durante su visita. La autoridad defensorial visitó la planta donde los Uru Murato, procesan sal Yodada, por lo cual remarcó la importancia de la ayuda de la población y el Estado a este emprendimiento, que actualmente es el sustento de esta comunidad.
Defensoría del Pueblo y Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAGRM brindarán atención a la población mediante consultorio de conciliación
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través de la suscripción de una carta de intenciones, la Defensoría del Pueblo estableció un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), para brindar atención a la población cruceña y boliviana en general mediante un consultorio de conciliación. Esta iniciativa busca generar soluciones a los conflictos que puedan tener las personas, a través de la solución conciliada, en materia civil o denuncias entre particulares. Esta instancia busca beneficiar sobre todo a las personas de poblaciones en situación de vulnerabilidad o de limitados recursos, en el marco de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, arribó a la capital cruceña para suscribir el documento, y destacó que, mediante esta alianza, la Defensoría del Pueblo promueve la solución pacífica de controversias, a través del diálogo y fomentando la cultura de paz. La autoridad adelantó que el funcionamiento del centro se regirá por su propio “protocolo de derivación para que los casos que (se enmarquen en la clasificación como de materia civil o denuncias entre particulares) y lleguen a la Defensoría del Pueblo sean derivados al consultorio de conciliación”.
Título: Informe colectivo: construyendo una cultura de transparencia
Autor: UNITAS
Título: Un continente contra la deuda: perspectivas y enfoques para la acción
Autor: Centro de Derechos Económicos y Sociales
Título: Mujeres Migrantes Andinas
Autor: Unión Europea, Oxfam
