Histórico: Justicia otorga tutela para la protección de los derechos a la imagen y presunción de inocencia
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l 22 de enero de 2025, Reyna R. H.H. fue exhibida públicamente por personal del Ministerio de Gobierno como responsable de supuestos ilícitos ante medios de comunicación, trasgrediendo los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y de forma directa vulneró el principio de presunción de inocencia de la ciudadana quien no contaba con sentencia, ni dio su consentimiento. Ante esto, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Tribunal de Garantías y Constitucionales, concedió al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, la tutela a favor de la “Acción de Protección de Privacidad en representación sin mandato de la ciudadana R.R.H.H.”, que la autoridad presentó en resguardo de la presunción de inocencia y los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Para Callisaya, este hecho marca un hito en la protección de los derechos humanos respecto al principio de presunción de inocencia. “La jurisdicción constitucional, ha marcado un hito en la jurisprudencia nacional, respecto a la protección y respeto de los derechos a la honra, intimidad, imagen y dignidad, además el respeto al principio de presunción de inocencia. La Sala Constitucional 2da del #TDJ La Paz, en la Acción de Protección de Privacidad interpuesta como @DPBoliviaOf, ha otorgado la tutela por los citados derechos en favor de Reyna R. H.H, quien fue indebidamente exhibida por el Ministerio de Gobierno ante los medios de comunicación el pasado 22 de enero de 2025”, publicó en su cuenta en X (Twitter) el Defensor del Pueblo.
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a Sala Constitucional Segunda TDJ de La Paz, también dispuso como medida de reparación, que el ministro de Gobierno “en un acto similar y en conferencia de prensa, rectifique la información otorgada respecto a la peticionante de tutela, reparando los derechos fundamentales de la accionante”. El principio a la presunción de inocencia, según el criterio desarrollado en la Observación General N° 32 del Comité de DDHH de Naciones Unidas establece que “de conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, todas las personas acusadas de un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”.
En los primeros 34 días del 2025
Defensoría del Pueblo expresa preocupación por ocho muertes violentas en recintos penitenciarios
La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento hizo un “urgente llamado al Estado, para que, a través de las instancias competentes (Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario) asuma acciones prontas y favorables a, principalmente, optimizar los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios en el país, ajustando sus acciones a estándares internacionales que permitan el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado como garante de los derechos humanos de PPL bajo su custodia”. Este Pronunciamiento surge por “las ocho muertes violentas registradas en los primeros 34 días del 2025, lo que representa un incremento alarmante en las cifras”, más aún si ese dato se compara con el de toda la gestión 2024, en la que se contabilizaron nueve muertes violentas.
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nte esta situación, la institución defensorial, pidió a las instancias competentes asumir “acciones prontas y favorables” que permitan optimizar los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios. Para la Defensoría del Pueblo, entre las ocho muertes ocurridas en lo que va del 2025, existe el “agravante cualitativo de una muerte por arma de fuego que marca un hito negativo en temas de seguridad al interior de las cárceles y que puede generar mayor violencia si no se toman medidas contundentes y oportunas”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas sentencias que “el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas” (Corte IDH casos Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, 2012; Vera Vera y otra Vs. Ecuador 2011, Neira Alegría y otros Vs. Perú, 1995)”.
Evidencian carencia de medicamentos para tratamiento de pacientes con cáncer tras verificativo defensorial
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l recordarse el pasado 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, la Defensoría del Pueblo realizó un verificativo en hospitales habilitados para la atención a pacientes con cáncer en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, en el que se evidenció la deficiencia en la provisión de medicamentos requeridos para seguir los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, encabezó el verificativo en el hospital El Alto Sur, en la ciudad de El Alto, donde, escuchó las preocupaciones y demandas de los pacientes con cáncer que, principalmente, reclamaron por la dotación de medicamentos. “Son personas en una situación de alta vulnerabilidad por el tema de salud y reitero, el Estado tiene que cumplir con su propia normativa y, no solo el gobierno central, sino el (gobierno) departamental, al igual que otros departamentos a cargo de hospitales de tercer nivel”, señaló Callisaya, al concluir el verificativo en el Hospital El Alto Sur. El verificativo en el área de oncología del Hospital El Alto Sur, develó que, en relación a los medicamentos, sólo cuenta con 15 de los 49, habilitados por el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer. En La Paz, en las unidades de oncología del Hospital de Clínicas, se reportó que sólo cuentan con 15 de los medicamentos habilitados, similar situación se reportó en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de Cochabamba, el cual carece de seis tipos de los medicamentos requeridos para pacientes pediátricos con cáncer. En Santa Cruz, el verificativo evidenció que el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano “I.O.O.B.”, no cuenta con siete medicamentos debido a que no pueden acceder a la compra debido a una desactualización en los precios del LINAME. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, señaló que “no se puede permitir que los pacientes estén comprando sus propios medicamentos cuando estamos en situación económica muy difícil y es importante que el Estado pueda salvar esta situación rápidamente”.
Despliegue defensorial nacional
Advierte deficiencias en infraestructuras educativas
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ntre el 20 y 24 de enero de 2025, la Defensoría del Pueblo movilizó a los servidores defensoriales de sus 21 oficinas a fin verificar las condiciones de infraestructura, recepción de quejas de vulneración de derechos humanos de los estudiantes y la implementación del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica (PCPA) en unidades educativas de 25 municipios a nivel nacional. “(…) los servidores defensoriales evidenciaron que el 67% de las unidades educativas visitadas tiene techos con presencia de filtraciones, un 53% registra humedad en las paredes, al 45% le faltan vidrios en las aulas, el 43% registra grietas o rajaduras en las paredes y desgaste de pisos, el 29% tiene techos con riesgo de derrumbe, el 28% está puertas rotas en las aulas y, el 26% presenta conexiones eléctricas deficientes”, detalló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, en la presentación del reporte de los verificativos a 89 unidades educativas a nivel nacional. Un segundo aspecto del despliegue defensorial, fue las inspecciones in situ, que abarcó a 135 unidades educativas a nivel nacional. Esta acción permitió la implementación de tres mecanismos de recepción de denuncias como puntos focales, visitas in situ y otros mecanismos como las denuncias vía WhatsApp, la línea gratuita, página Web y oficinas defensoriales. A través de estos mecanismos se recibieron 293 denuncias que en su mayoría hacían referencia a negativas de inscripción por falta de cupos, negativa de entrega de libretas, cobros irregulares, discriminación y otros. Como un tercer aspecto, el reporte evidenció que el 83% de las unidades educativas están en proceso de cumplimiento de la implementación de los planes de convivencia pacífica y armónica, establecido en la Resolución Ministerial N° 01/2025 del Ministerio de Educación. “Los planes de convivencia pacífica y armónica son altamente importantes porque implican generar desde la comunidad educativa espacios de diálogo, de reflexión entre padres de familia, personal administrativo y la comunidad circundante a la comunidad educativa”, detalló Callisaya. En seguimiento a la protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, el pasado 6 de febrero, la Defensoría del Pueblo, realizó una reunión con el Ministerio de Educación y la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM), en la cual se acordó coordinar acciones conjuntas que garanticen el Derecho a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes.
Reunión interinstitucional busca garantizar el servicio del Banco de Sangre de El Alto
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nte la falta de atención que enfrentó el Banco de Sangre de la ciudad de El Alto, por una torrencial lluvia que inundó sus instalaciones, dañando sus equipos, poniendo en riesgo la producción de hemocomponentes, la Defensoría del Pueblo articuló una reunión interinstitucional entre autoridades del Ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con el objetivo de analizar la modalidad de transferencia para garantizar la funcionalidad de este servicio. “Es una segunda reunión para analizar la situación crítica que sostiene el Banco de Sangre; se han llegado a conclusiones que permitirán retomar las mesas de trabajo ya conformadas y se verá cual es la mejor opción para recuperar su funcionalidad", informó el responsable de la Unidad de Coordinación Regional de El Alto, Fernando Claros. Por su parte, la directora del Banco de Sangre, Katty Mina, agradeció la mediación de la Defensoría del Pueblo, “continúa el riesgo, a causa del daño en los equipos (...) la producción no es la óptima, estamos dando respuestas paliativas a la población, cuantificamos la reducción en la producción de hemocomponentes y es el 21%”, señaló a la conclusión del encuentro. Por su lado, el Secretario de Salud de la Alcaldía de El Alto, Saul Calderón, calificó de fructífera la reunión, porque permitió avanzar y plantear alternativas que permitan la transferencia del Banco de Sangre, conforme a la Resolución Ministerial N° 527 del 2021, que delega la competencia de atención al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. En la misma línea, el responsable del Programa Nacional de Sangre, Yecid Humacayo, señaló que la intervención del Defensor del Pueblo, permitirá establecer con mayor precisión las mesas de trabajo, lograr la transferencia del Banco de Sangre y darle mayor funcionalidad, además de garantizar recursos y los hemocomponentes requeridos para la atención de la población.
Título: Rutas de denuncia para la gobernanza y acceso a la Justicia Ambiental
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien: Contra el racismo y toda forma de discriminación 2021-2025
Autor: Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización
Título: El mundo indígena 2024
Autor: MAMO, Dwayne
