DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE AUSENCIA ESTATAL EN EL CHACO TRAS SEGUIMIENTO A CASO DE VIOLENCIA CONTRA MUJER WEENHAYEK
13 de julio de 2026
Tarija, 10 de julio de 2026 (UCOM/DDDT).- La Defensoría del Pueblo, a través de su coordinación en la región del Chaco, brindó acompañamiento integral a una mujer indígena weenhayek (30 años), víctima de reiteradas agresiones físicas por parte de su pareja en la comunidad de Crevaux, municipio de Yacuiba.
Durante la atención del caso, personal de la institución evidenció graves barreras de acceso a la justicia en comunidades alejadas, donde la ausencia de puestos policiales y la distancia de hasta 95 kilómetros, obligan a las víctimas a recorrer largas distancias y asumir gastos de transporte para poder denunciar.
“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en coordinación con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, la EPI-4 y otras instancias. En el marco de la investigación, se practicaron la Cámara Gesell y el certificado médico forense, herramientas para la recolección de pruebas en delitos de violencia”, informó el coordinador de la Defensoría del Pueblo en Yacuiba, Walter Portillo. La mujer, madre de un hijo, se encuentra actualmente bajo resguardo de su familia y sin convivir con su agresor.
“Lo que nos preocupa es la ausencia estatal en esas comunidades, lastimosamente no hay puesto policial que siente presencia estatal ahí”, manifestó Portillo, quien recordó que en reiteradas ocasiones se solicitó al Comando de Frontera Policial la instalación de un puesto en la zona, pero no se concretó por falta de personal. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo monitorea la celeridad en las investigaciones del caso y solicitó a las autoridades competentes actuar conforme a la normativa vigente, sin entorpecer las diligencias.
Paralelamente, el coordinador alertó sobre el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas en comunidades como Crevaux y D’Orbigny, problemática que dirigentes comunales, como la OTB y el corregidor, ya habían puesto en conocimiento de las autoridades. La falta de supervisión permanente agrava los factores de riesgo para las mujeres y familias de la zona.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo impulsa la coordinación integral con la Policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, FELCV y autoridades indígenas para llevar atención directa a las comunidades. “Tenemos que llegar a las comunidades, llegar a las mujeres y a los lugares donde más necesitan la atención”, concluyó Portillo.
La institución defensorial, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal (Ley N° 870), continuará vigilando el cumplimiento de políticas públicas con enfoque de género e interculturalidad, precautelando el derecho a una vida libre de violencia.
