Oficina - Santa Cruz

25 de julio de 2025

Ante el paro de 72 horas determinado por el Sindicato de Trabajadores de Salud en el departamento de Santa Cruz, en demanda del pago de bonos de vacunación, equipamiento e infraestructura, entre otros; la Defensoría del Pueblo evidenció una constante reprogramación en las atenciones médicas especializadas a paciente, vulnerando los derechos de la población en cuanto al acceso a la salud, en los servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel.

Este año, el sector salud del departamento cruceño ha paralizado actividades en más de 10 oportunidades, de manera escalonada y por similares demandas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo intervino en el conflicto, gestionando el acercamiento de las partes y la instalación de mesas de diálogo, y logrando que las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz efectivicen el pago de salarios hasta el 10 de cada mes.

Las medidas de presión del sector salud obligaron a reprogramar las atenciones a la población; en diferentes verificativos se observó hasta tres reprogramaciones en el Hospital de Niños, que atiende a pacientes en 21 especialidades de consulta externa y 13 servicios; el Hospital San Juan de Dios, que atiende diariamente a más de 200 personas en 34 especialidades, a través de la unidad de consulta externa, el Centro de Salud Municipal Los Pocitos y en el centro de salud 18 de marzo de la Villa 1ro de Mayo, se evidenció una situación similar con la suspensión de consultas externas en todas sus especialidades.

El derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado (CPE), siendo la salud una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, con la obligación indeclinable de garantizar su acceso universal, gratuito, equitativo e inclusivo, priorizando la promoción y prevención.

En este marco, la Defensoría del Pueblo advierte un perjuicio a la población que vulnera su derecho de acceso a un servicio de salud; por ello, instamos a las autoridades departamentales, municipales y directores de centros hospitalarios a implementar estrategias de acceso y atención a la población, y se evite la suspensión y/o reprogramación de los servicios de salud.

La Defensoría del Pueblo reconoce y respeta la lucha de los sindicatos en defensa de los derechos laborales, pero apelamos al principio de solidaridad y corresponsabilidad en el trabajo de acceso y atención a la salud de la población; asimismo, hacemos un llamado a los sectores movilizados adoptar medidas que no afecten el derecho de la población que precisa atención médica, más aún en la actual coyuntura , estando cerca a los comicios electorales, la situación económica por la que atraviesa el país y la epidemia del sarampión que genera mayor vulnerabilidad a la población.