Oficina - La Paz

29 de mayo de 2021

La Defensoría del Pueblo censura el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Boliviana en contra de trabajadoras del Hospital Juan XXIII, quienes llevan adelante una huelga de hambre en instalaciones del Arzobispado como medida de protesta por la no cancelación de sus salarios durante nueve meses.

Bajo el argumento de que el Arzobispado es una institución privada, representantes de la Iglesia católica llamaron a la Policía para que desalojen de sus instalaciones a las seis mujeres que habían instalado el ayuno voluntario, razón por la que el resto de sus compañeras intentaron bloquear la calle Ingavi, donde se ubica el Arzobispado, para resguardar a las huelguistas y fue cuando los uniformados actuaron haciendo uso de agentes químicos.

En este sentido, exhortamos a los efectivos policiales a enmarcarse en estándares disuasivos establecidos a escala nacional e internacional. Asimismo, recordamos a la Policía que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la huelga como ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos.

A pesar de esta represión policial, las huelguistas continúan cumpliendo esta medida extrema en instalaciones del Arzobispado, en espera de que se atiendan sus demandas y se respeten sus derechos laborales. En este contexto, la Defensoría se comprometió a realizar las gestiones necesarias para brindar los servicios médicos destinados a velar por la salud de estas seis trabajadoras.    

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a la Iglesia, institución que administra el Hospital Juan XXIII, a cumplir con la obligación de cancelar los sueldos adeudados a los trabajadores afectados, quienes ahora atraviesan un difícil momento porque no pueden cubrir sus necesidades más elementales ni pagar los servicios básicos dentro su núcleo familiar.

La Paz, 29 de mayo de 2021