DEFENSORÍA DEL PUEBLO COADYUVA EN SOLUCIÓN A CONFLICTO ENTRE POLICÍA Y TRABAJADOR DE LA PRENSA
9 de enero de 2025
Tras varias reuniones
interinstitucionales, la Delegación Defensorial de Oruro coadyuvó al
esclarecimiento y resolución de una denuncia sobre la presunta retención de un
periodista de televisión de Oruro, por parte de un oficial de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El hecho se solucionó con el
arresto del oficial involucrado y el compromiso institucional de garantizar el
trabajo de la prensa.
La solución
consensuada, fue producto de dos reuniones desarrolladas entre ayer y hoy,
entre el Comandante Departamental de Policía, la Delegación Defensorial de
Oruro, directivos del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de
Periodistas y Productores Independientes y el periodista afectado donde, previa
valoración de los antecedentes, se tomaron las determinaciones para dar fin al
incidente.
Las reuniones fueron
muy fructíferas porque permitió un diálogo entre los periodistas y las
autoridades policiales, donde se dieron directrices a los Directores y Jefes de
Unidades policiales para que, en el marco de las disposiciones vigentes, se
respeten y se den garantías al trabajo de la prensa.
Como parte de la
solución se estableció un compromiso recíproco de garantizar el derecho al
trabajo de los miembros de la institución policial, por el servicio que brinda
a la seguridad de la sociedad y el derecho a la información de los periodistas.
Se enfatizó que este incidente aislado no debe afectar la imagen de toda la
institución policial ni a las relaciones interinstitucionales.
EL HECHO
El incidente se originó
el pasado lunes, en dependencias de la FELCC, donde un oficial de la Policía,
según la denuncia del periodista afectado, exigió borrar las grabaciones
realizadas de un hecho policial, lo que derivó en la presunta retención indebida
del periodista. Desde la primera reunión, el Delegado Defensorial de Oruro,
Juan Arroyo, instó a las partes a esclarecer lo sucedido y, de confirmarse la
vulneración de los derechos a la información y al trabajo, aplicar las
sanciones correspondientes.