DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE A RÉGIMEN PENITENCIARIO LA CONTRATACIÓN INMEDIATA DE PERSONAL MÉDICO Y CONDICIONES DE AISLAMIENTO TRAS PRIMEROS HALLAZGOS DEL RASTRILLAJE MÉDICO REALIZADO EN MORROS BLANCOS
22 de julio de 2020
La Defensoría del Pueblo exigió a la Dirección de Régimen Penitenciario en Tarija y al Ministerio de Gobierno la inmediata reposición de personal médico para la atención de personas privadas de libertad en el Recinto Penitenciario de Morros Blancos y habilitar un espacio idóneo de aislamiento después de que el rastrillaje al interior del recinto advirtiera las deficiencias y el riesgo de un contagio masivo en la población penitenciaria.
Tras reunirse en la pasada jornada con la doctora Paola Mariscal, responsable de la Red de Salud de Cercado, la Delegada Defensorial Carola Romero agradeció la predisposición para realizar acciones inmediatas de rastrillaje y aislamiento que eviten la propagación del COVID-19 en el Recinto Penitenciario de Morros Blancos, sin embargo, expresó su preocupación respecto a los hallazgos de los equipos médicos de reacción rápida, toda vez que el centro de aislamiento dispuesto al interior del Penal no contaría con la capacidad física para albergar a los privados de libertad contagiados, así también la ausencia completa de medidas de seguridad por parte de la población, toda vez que la mayoría de ellos no portaría barbijo.
Al igual que la responsable de la Red de Salud de Cercado, Romero lamentó que hasta la fecha no se cuente con personal médico para atender a la población penitenciaria, ya que su presencia es imprescindible para atender los casos y para facilitar la identificación de privados de libertad con enfermedades de base o que tengan una situación de alto riesgo, datos fundamentales para optimizar las tareas en el contexto de la pandemia.
El pasado 23 de junio, la Defensoría del Pueblo remitió al Ministerio de Gobierno y a la Asamblea Legislativa dos notas para tomar acciones inmediatas en los recintos penitenciarios, y fiscalizar las mismas, garantizando los derechos de las personas privadas de libertad, sin que a la fecha el Ejecutivo se haya pronunciado al respecto o haya asumido acciones concretas como la contratación de personal, la dotación de pruebas rápidas o la coordinación con los SEDES para afrontar esta pandemia.
