Defensoría del Pueblo insta al Estado y sociedad en su conjunto a proteger la estructura constitucional de participación política de mujeres en Cochabamba
15 de mayo de 2024
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por los
actos de acoso y violencia política que enfrentan algunas concejalas
municipales de Cochabamba y asambleístas departamentales de Cochabamba, quienes
denuncian restricciones a su derecho de ejercer la función política-pública
como autoridades electas.
En mayo de 2023, la Defensoría presentó el Informe
Defensorial "Obligadas a Renunciar", donde se evidenció que, bajo la
premisa de "gestión compartida", se pretenden justificar la
afectación de las funciones de las autoridades mujeres, siendo que esta
práctica es ilegal y no comulga con la alternancia política; y al estar
vinculada con hechos de acoso y violencia política, son pasibles de ser
sancionados en el ámbito penal.
Entre enero y mayo de esta gestión, la institución
defensorial registró casos de acoso y violencia política en concejos
municipales como Sipe Sipe y Capinota (Cochabamba), Ocurí (Potosí) y Santa Rosa
de Yacuma (Beni), entre otras denuncias que continúan en investigación.
Pese a que aún persisten estas prácticas y que
lamentablemente están enraizadas en el estado de derechos, la Defensoría del
Pueblo reconoce los avances que se dieron en la construcción del respeto al
ejercicio de los derechos políticos promovidos por las mismas organizaciones
sociales, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que, año a año, profundizan
la cultura del diálogo y respeto del ejercicio de su mandato de cinco años de
las mujeres asambleístas o concejalas establecidos por la Constitución Política
del Estado (CPE).
Ante la recurrente práctica en diferentes niveles de
gobierno, la Defensoría del Pueblo convoca al Estado y la sociedad en su
conjunto, a proteger la estructura constitucional de participación política de
las mujeres.
Asimismo, exhorta a los asambleístas departamentales,
concejales suplentes, organizaciones sociales, partidos políticos,
organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas, a que se abstengan y cesen
en exigir una “gestión compartida” a las concejalas titulares su renuncia,
implementando las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las asambleístas departamentales y concejalas titulares,
libres de todo hecho de acoso y violencia política, hasta la conclusión de su mandato.
Cochabamba 15 de mayo de 2024
