DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERVIENE Y RESGUARDA DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES EN EL CONFLICTO DEL AYLLU CALA CALA, POTOSÍ
11 de julio de 2025
Potosí, 11 de julio
de 2025 (UCOM/DDDP). – La
Defensoría del Pueblo a través de la Delegación Defensorial Departamental de
Potosí, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y su mandato de velar
por los derechos de las comunidades y la protección de la Madre Tierra, realiza
acciones de seguimiento y acompañamiento al conflicto suscitado en el Ayllu
Cala Cala, ubicado en la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí.
La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del inicio de
actividades mineras en una zona de cabecera de cuenca, área de especial
importancia ambiental por la presencia de flora y fauna característica de la
región andina —como la vicuña, el cóndor y el flamenco— y la posible afectación
al recurso hídrico de tipo A.
“La Delegación Defensorial Departamental de Potosí solicitamos
información oficial a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)
y a la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, a fin de
verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y minera por parte del
operador” indico la Delegada Defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón.
El pasado 26 de junio de 2025, la institución defensorial
intervino ante los hechos de violencia, cuando autoridades originarias y
comunarios defensores de derechos ambientales del Ayllu Cala Cala fueron
víctimas de agresiones presuntamente perpetradas por trabajadores de la
Cooperativa Minera Mollepata, añadió Alarcón.
La Delegación Defensorial Departamental de Potosí hace seguimiento
permanente a la denuncia interpuesta por el Sr. Jacobo Copa ante el Ministerio
Público de Uyuni e investiga los presuntos malos tratos sufridos por el
comunario en oficinas policiales.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de
precautelar los derechos fundamentales, la seguridad de líderes indígenas y la
defensa del medio ambiente, demandando a las instancias competentes que se
garantice el acceso a la justicia y se eviten nuevos hechos de violencia que
pongan en riesgo la vida y la convivencia pacífica en el territorio.
