DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LA GOBERNACIÓN EXIGIENDO RESTITUIR A UN FUNCIONARIO CON DISCAPACIDAD
27 de junio de 2022
La Defensoría del Pueblo en
Oruro, presentó una acción de Amparo Constitucional contra el Gobernador del
Departamento quien despidió a un funcionario sin considerar su condición de
persona con discapacidad, cuyo derecho al trabajo fue vulnerado, en inobservancia
de las leyes vigentes en el Estado boliviano.
La acción constitucional fue
presentada la tarde del viernes 24 de junio ante el Tribunal Departamental de
Justicia, exigiendo la reincorporación laboral de la persona con discapacidad
J.CH.A, al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, instancia que inicialmente
negó su solicitud de reincorporación y estabilidad laboral como servidor
público con discapacidad. El funcionario acreditó su discapacidad de manera
objetiva y además contaba con una conminatoria de reincorporación de la
Jefatura Departamental de Trabajo, lo que fue rechazado.
El Delegado Defensorial de
Oruro, José León, tras presentar la acción de Amparo Constitucional, resaltó
que el accionante acudió a la Defensoría del Pueblo, exigiendo se restituyan
sus derechos, ampliamente justificadas, dando lugar a plantear un recurso de
Amparo Constitucional, a la institución defensorial, en el marco de sus
competencias para resguardar los derechos laborales del accionante.
De manera inicial, la Gobernación
habría negado el derecho del funcionario a la inmovilidad laboral que se
encuentra protegido por la Constitución Política del Estado, Ley General para
las Personas Con Discapacidad, marco normativo y jurisprudencial sobre la
inamovilidad de personas con discapacidad y normas conexas lo que obligó a
presentar la acción de Amparo.
La Defensoría del Pueblo, se
encuentra a la espera de que el juez de la causa, fijé la audiencia,
oportunidad en la que realizará la defensa y fundamentación de los derechos
vulnerados para que se restituya a su fuente laboral, toda vez que existe
amplia jurisprudencia en favor del peticionario.
León acotó que el peticionario cumplió con todas las formalidades legales para gozar de la inamovilidad laboral, luego de prestar servicios desde la gestión 2018 en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y que, al amparo de las normas que protegen a las personas con discapacidad, exigió su derecho a la estabilidad laboral, siendo rechazado por la Gobernación, pese a demostrar su condición de discapacidad.
