Defensoría del Pueblo promueve acciones interinstitucionales en el conflicto en Totoral
28 de mayo de 2024
En
atención al conflicto de supuesto avasallamiento entre comunarios de Totoral
Chico y trabajadores de la empresa minera ‘La Salvada’ Sociedad Colectiva en el
municipio de Pazña - Oruro, la Defensoría del Pueblo lleva adelante acciones en
coordinación con varias instituciones para el cese del problema; toda vez, que
los hechos ocurridos afecta los derechos de mujeres, adultos mayores, así como
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA’s), consideradas poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
La
Defensoría del Pueblo en el proceso de atención al conflicto y a la denuncia
penal existente, ha involucrado y convocado a varias instituciones que pueden
solucionar el supuesto avasallamiento y son: la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM); el Ministerio Público; Servicio Nacional de
Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM);
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); el Comando Departamental de la
Policía Boliviana; el Gobierno Autónomo Departamental a través del Servicio
Departamental de Gestión Social (SEDEGES) y la Secretaría Departamental de
Medio Ambiente; el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Oruro; el Gobierno
Autónomo Municipal de Pazña; la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)
de Huanuni.
En
ese contexto, el Delegado Defensorial Departamental de Oruro, Juan Arroyo,
informó que, “se notificó a la AJAM con la finalidad de que cumpla con la
consulta previa e informada que requiere el trámite minero, mismo que estaría
pendiente en esa instancia. También se recomendó a la citada institución,
instruya la paralización de actividades mineras, previo informe técnico legal
si correspondiera”.
Asimismo,
Arroyo informó que, para evitar que NNA’s sean utilizados por ambas partes en
el conflicto, la Defensoría del Pueblo llevó adelante talleres sobre la cultura
de paz en la localidad minera de Avicaya; asimismo, se logró la intervención
activa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo
Municipal de Pazña.
Del
mismo modo, se realizaron notificaciones con recordatorios de deberes legales
al Comando Departamental de Policía, a fin de que pueda reforzar la seguridad
en el sector y garantizar la tranquilidad e integridad física de los
pobladores; además, se solicitó instruya el cumplimiento de los plazos
procesales en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Fiscalía
de Huanuni, donde se presentó la denuncia penal.
Finalmente,
el Delegado Defensorial de Oruro, sostuvo que la Defensoría del Pueblo
continuará con el seguimiento al conflicto, llevando adelante la instalación de
mesas de trabajo compuestas por la DNA y SLIM de Pazña, el Servicio
Departamental de Gestión Social (SEDEGES) Oruro, el Servicio Departamental de
Salud (SEDES) Oruro, la Dirección Distrital de Educación, el Ministerio Público
y la Policía Boliviana para la protección efectiva de los derechos de las
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Del
conflicto
Hace
unos meses la Defensoría del Pueblo atendió la denuncia de la supuesta
vulneración de derechos de los comunarios de Totoral Chico por parte de
trabajadores mineros. Similares denuncias surgieron en el sector minero,
señalando que comunarios propiciaron situaciones de amedrentamiento hasta
agresiones físicas.
En
intervención defensorial se pudo constatar que no existe la adecuada
información acerca de la legalidad de la explotación minera en el área, lo que
derivó en el conflicto actual donde se ven afectados, en consecuencia, los
derechos de terceras personas, ajenos del conflicto.
