DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA HECHOS DE VIOLENCIA Y DEMANDA ACTUACIÓN ESTATAL OPORTUNA
26 de marzo de 2026
La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante los hechos de violencia registrados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a raíz de la retención indebida de una motocicleta por particulares, situación que derivó en agresiones físicas contra un trabajador de delivery y una posterior escalada de conflictividad.
La institución defensorial advierte que estos hechos constituyen vulneraciones a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la integridad personal, a la propiedad privada y al debido proceso. En este contexto, se enfatiza que ninguna controversia entre particulares, aun cuando implique una posible infracción, puede justificar actos de violencia, la apropiación o retención de bienes ni la aplicación de justicia por mano propia.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar una actuación oportuna y efectiva frente a situaciones de conflictividad, resguardando tanto la seguridad de las personas como el ejercicio de sus derechos humanos. En ese marco, resulta imprescindible que la intervención de la fuerza pública se rija por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, especialmente en contextos de movilización social.
En relación con la protesta generada tras los hechos, se subraya que el derecho a la manifestación pacífica debe ser respetado y protegido, evitando el uso excesivo de la fuerza y priorizando mecanismos de diálogo y gestión pacífica de conflictos.
En este contexto, la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz abrió un caso de oficio, a fin de verificar la actuación de la Policía Boliviana y las acciones asumidas por el Ministerio Público, en el marco de sus obligaciones de investigar con debida diligencia, garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.
Finalmente, se exhorta a la población a canalizar los conflictos a través de vías legales y a evitar toda forma de violencia e intolerancia. La institución reafirma su compromiso de velar por la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos, contribuyendo a la construcción de una sociedad basada en el respeto, la legalidad y la convivencia pacífica.
La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, y que en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
