Oficina - Santa Cruz

5 de mayo de 2026

Santa Cruz, 5 de agosto de 2025 (UCOM-DDSC).- Antes la fuga de dos personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola", la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, requirió un informe a la Policía Boliviana para conocer las acciones que serán adoptadas con el fin de fortalecer la seguridad penitenciaria, una problemática que la institución ha advertido de manera reiterada y que fue nuevamente evidenciada tras el reciente hecho de feminicidio seguido de suicidio ocurrido al interior de ese recinto penitenciario.

"En reiteradas oportunidades hemos advertido a la Policía Boliviana y a la Dirección de Régimen Penitenciario sobre la fragilidad de la seguridad en Palmasola, agravada por el grave hacinamiento carcelario. Resulta inviable que alrededor de 200 efectivos policiales, distribuidos en dos turnos, puedan garantizar la seguridad de casi 10.000 personas privadas de libertad. Esta realidad ha derivado incluso en la implementación de mecanismos como la designación de delegados en los distintos pabellones, elegidos por los propios internos para colaborar con la seguridad interna, una función que no les corresponde", manifestó Sheila Gómez Santivañez, delegada Defensorial Departamental de Santa Cruz.

La autoridad recordó que la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), presentó en la gestión 2025 el informe "Alerta Temprana sobre la Situación de las Cárceles de Bolivia", documento que evidenció el grave hacinamiento existente en los principales centros penitenciarios del país. 

En dicho informe se estableció que el Centro de Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola" registra una sobrepoblación superior al 200 % respecto de su capacidad instalada, situación que impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno incompatible al ejercicio de los derechos humanos.

Asimismo, el informe advierte que el sistema penitenciario boliviano atraviesa un punto crítico, con un escenario insostenible a corto y mediano plazo que podría derivar en motines de gran magnitud, un incremento de muertes bajo custodia del Estado por hechos de violencia o enfermedades, así como fugas de personas privadas de libertad.

Gómez recordó también que, recientemente, durante la sesión del Consejo Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, en la que participaron autoridades departamentales e instituciones públicas, expuso las debilidades estructurales que enfrenta la Policía Boliviana para responder a la criminalidad. Señaló que la Fuerza Especial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas cuenta únicamente con 12 efectivos para investigar un delito que trasciende el ámbito nacional y que involucra a organizaciones y redes criminales de carácter internacional, lo que evidencia la insuficiencia de recursos humanos para enfrentar este tipo de delitos de manera efectiva.

"Las propias autoridades policiales manifestaron su preocupación por que, para brindar seguridad en una sola detención domiciliaria, se requiere la asignación de hasta diez efectivos policiales, reduciendo aún más el personal disponible para la seguridad penitenciaria. Esta situación es consecuencia, entre otros factores, del uso excesivo de la detención preventiva", explicó.

En ese contexto, la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz anunció que remitirá un requerimiento de informe a la Policía Boliviana, recordando las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo para enfrentar la crisis estructural del sistema penitenciario.

"Es indispensable la adopción de medidas inmediatas y sostenibles para fortalecer la seguridad penitenciaria conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Ello implica racionalizar el uso de la detención preventiva, promover un enfoque diferenciado para personas en situación de vulnerabilidad, ampliar la aplicación de medidas alternativas, impulsar la implementación de dispositivos electrónicos de vigilancia y separar a las personas privadas de libertad según la naturaleza y gravedad del delito, la edad, el sexo y otros criterios técnicos”, concluyó Gómez.