Oficina - Pando

5 de febrero de 2021

Cobija, 05 de febrero de 2021.- Hoy, junto a la Defensoría del Pueblo, la Alianza Libre sin violencia,  plataforma interinstitucional conformada por organizaciones de mujeres e instituciones públicas y privadas que trabaja en favor de los derechos de las mujeres, realizó un pronunciamiento “Ante acoso político a autoridad mujer electa”, en contra de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), por la suspensión de la Gobernadora, Paola Terrazas Justiniano, que se encuentra en Rio Branco Brasil, tratándose de complicaciones causadas por el Coronavirus.

La coordinadora departamental, Cinthya Jordán, manifestó en conferencia de prensa, que la institución Defensorial reafirma su rechazo a la decisión tomada por el ente deliberante departamental porque se encuentra en contra del Reglamento General de la ALD, el Estatuto Autonómico Departamental, y por la forma en se vinieron desarrollando las circunstancias, presuntamente existiría acoso político.

Jordán, indicó que desde la oficina nacional, a través de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se realizará también un pronunciamiento de rechazo a los hechos ocurridos en la ALD. De igual manera, informó que la Defensoría del Pueblo inició una investigación por Acoso Político hacia la primera autoridad departamental. “Como institución vamos a permanecer vigilantes para que los derechos de la Gobernadora se respeten, ya que se trata de una mujer electa por el voto popular y que está en ejercicio de sus funciones de manera legal, y sobre todo, porque los argumentos utilizados el día de ayer son atentatorios a los derechos de la Gobernadora y de cualquier ciudadano, como el derecho a la salud y el derecho a la vida”, declaró.

La coordinadora agregó que la situación de salud de la gobernadora fue dada a conocer públicamente por el director de Sedes Pando y días después, a causa de una descompensación, fue evacuada de emergencia a exterior del país.  “Pretender que en esas circunstancias delicadas de su salud la autoridad tenga que prioritariamente dar a conocer ante la ALD y esperar su aquiescencia, se aleja de toda visión de derechos humanos”, manifestó la autoridad Defensorial.

El Comité Cívico Departamental, de igual forma, declaró su repudio ante la destitución y pidió que se deje a la Gobernadora culminar su gestión, principalmente en estos momentos difíciles que enfrenta la región por el rebrote de la pandemia, y si es posible, saldrán a las calles para exteriorizar su rechazo al acoso político que sufren las autoridades mujeres.

Por su parte la Alianza Libre sin Violencia, a través de su responsable, José Espinal, expresó su “repudio por el accionar de las y los Asambleístas Departamentales que promovieron la vulneración de los derechos políticos, y otros derechos humanos, de la Gobernadora de Pando, Paola Terrazas, electa legítimamente como vicegobernadora, que tiene como atribución principal la de asumir la suplencia definitiva por impedimento del Gobernador titular. No solo se está impidiendo el ejercicio de su derecho político, como autoridad electa, sino que el acto se constituye en un flagrante hecho de acoso político, que además vulnera su derecho a la defensa, a la salud, su integridad psicológica y moral, entre otros derechos”.

El pronunciamiento indica que de esta manera se “pone en evidencia, que los derechos políticos de las mujeres aún no son respetados, y que el patriarcado utiliza a estos espacios conquistados por nuestras luchas, para impedir que las mujeres ejerzan sus derechos, convirtiendo a la mujer política en un porcentaje simbólico, sin valor, sin poder y servil al machismo y a la violencia”.

Finalmente denuncia y exhorta a que “se investigue el acoso político sufrido por la Gobernadora de Pando, y se restituyan los derechos vulnerados, no a una mujer, sino a todas las mujeres que tenemos el derecho a ser elegidas y a ejercer una función pública, libre de todo tipo de violencia y discriminación por el hecho de ser mujer”.

El 2012, el presidente Evo Morales promulgó la Ley N° 243, “Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, con el objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.