Oficina - Puerto Suarez

12 de febrero de 2021

Puerto Suárez, 12 de febrero de 2021.-  El Coordinador Regional de la Defensoría del Pueblo en Puerto Suárez, Carlos Lara Ugarte, este viernes, en contacto con la prensa local, dio a conocer los principales hallazgos del Informe Defensorial “Salud, Derechos Humanos y Covid-19 en Bolivia”, el mismo concluyó que durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19, la respuesta estatal fue insuficiente e inoportuna en cuanto a medidas de prevención y atención. 

El informe defesorial, fue elaborado con información obtenida en 38 establecimientos de salud a nivel nacional entre febrero y noviembre de 2020, y contempla 16 conclusiones, y recomendaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, a los Servicios Departamentales de Salud, a los Entes Gestores de la Seguridad Social a Corto Plazo, entre otros.

 

Asimismo, el informe alertó que la prevención contra la COVID-19 en el área rural ha tenido un alcance limitado y que el Estado afectó y puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos. Asimismo, señaló que la exclusión de los centros de salud de primer nivel generó un colapso en el segundo y tercer nivel de atención.

 

En las conclusiones del informe, también se establece que el Ministerio de Salud, durante la primera ola de la COVID-19, no ha promovido ni realizado estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento de la COVID-19, lo que generó que la población use estos medios sin una regulación necesaria y de manera indiscriminada.

 

Otro aspecto que contempla el documento, es que en la gestión pasada hubo una falta de regulación de los aranceles del subsector privado lo que ha vulnerado el acceso a la atención de salud. Esa ausencia permitió que los actores privados, amparados en una desigual libertad contractual, cometan abusos y arbitrariedades al momento de aceptar o recibir pacientes que adolecían de este virus.

 El informe defensorial también contempla una serie de recomendaciones a las autoridades del actual gobierno, entre las que destaca que se debe incorporar la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) a las medidas de prevención y atención de la COVID-19 e incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la prevención, atención y tratamiento de la pandemia.

De igual forma, modificar la Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19, para incorporar medidas dirigidas a poblaciones altamente vulnerables, particularmente a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, señala el informe entre otras conclusiones y recomendaciones.