DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOCIALIZA LA LEY N° 1639 CON SERVIDORES PÚBLICOS EN GUAYARAMERÍN PARA PREVENIR MATRIMONIOS INFANTILES
21 de octubre de 2025
Riberalta, 20 de octubre de 2025.– En el marco de su labor de promoción y protección de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo llevó adelante el pasado viernes 17 de octubre una jornada de socialización de la Ley N° 1639 con servidores públicos del municipio de Guayaramerín, Beni. La actividad estuvo dirigida a personal del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Unidad Municipal del Adulto Mayor.
Durante el encuentro, participaron 12 funcionarios públicos, quienes fueron capacitados sobre los alcances de esta reciente norma que modifica los artículos 50, 139 y 170 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley N° 603).
La Ley N° 1639, promulgada el pasado 24 de septiembre de 2025, elimina las disposiciones legales que aún permitían el matrimonio a partir de los 16 años, un avance significativo en la lucha contra los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF).
La aprobación de esta ley responde a una de las principales recomendaciones del Informe Defensorial “Sueños Interrumpidos”, documento que visibiliza las graves consecuencias de los MUITF y la necesidad urgente de reformar el marco legal para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Bolivia.
Además del fortalecimiento de capacidades legales en los equipos municipales para una mejor atención y prevención de estos casos, se incentivó a los participantes a replicar la información recibida en barrios y comunidades rurales del municipio, ampliando el impacto de la norma a nivel territorial.
Para ello, la Defensoría del Pueblo entregó ejemplares impresos del informe “Sueños Interrumpidos” y cartillas explicativas sobre la Ley N° 1639, con el fin de facilitar herramientas claras y accesibles para su socialización en terreno.
La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, quien ha liderado gestiones de incidencia para la aprobación de esta ley, consolidando un paso clave en la erradicación de prácticas que vulneran gravemente los derechos fundamentales de niñas y adolescentes.
