GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO PROMULGA LEY PROPUESTA POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3 de agosto de 2020
El Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo promulgó la Ley propuesta por la Defensoría del Pueblo en beneficio de las personas con discapacidad, estableciendo políticas municipales para la protección, respeto y promoción de sus derechos, así como la creación de la Unidad Municipal de Atención y Protección Especializada a Personas con Discapacidad.
La Delegada Defensorial en Tarija, Carola Romero Pacello, señaló que a inicios de marzo remitió al Presidente del Concejo Municipal de Uriondo, Milton Pérez Quispe, la propuesta de ley con el objetivo de visibilizar los derechos humanos, generar políticas públicas municipales y crear o fortalecer las unidades de atención y protección de las personas con discapacidad, misma que ha sido atendida por la instancia legislativa de forma inmediata, promulgando la norma a finales de marzo.
La ley municipal para personas con discapacidad consta de 48 artículos y establece líneas de acción para el desarrollo de políticas y acciones afirmativas municipales como por ejemplo la protección integral, incluida la asistencia y patrocinio jurídico en instancias administrativas y judiciales, formación, capacitación e inserción laboral, accesibilidad física, comunicacional y actitudinal, desarrollo de actividades comerciales e iniciativas productivas, exenciones y descuentos de tributos y servicios de carácter municipal y acogimiento por situación de riesgo. La referida norma, establece la creación de la Unidad Municipal de Atención y Protección Especializada, con el objetivo de prestar servicios integrales gratuitos de defensa de los derechos de las personas con Discapacidad.
Respecto al derecho a la salud, la ley municipal establece la obligación de coordinar con el nivel central del Estado el desarrollo de acciones para la gestión en salud, así como la conformación de equipos multidisciplinarios de calificación de discapacidad, que garantice continuidad y accesibilidad del proceso, pudiendo trasladarse al área rural, domicilios, centros de acogida, centros penitenciarios y otros lugares donde se requiera el servicio.
