Oficina - Santa Cruz

9 de octubre de 2026

Santa Cruz, 9 de octubre de 2026.– La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz y con el apoyo de la Fundación Alalay, presentó el informe defensorial “Derechos a la Intemperie. Cumplimiento estatal de la protección integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Bolivia”, que identifica limitaciones en las políticas públicas y en la respuesta institucional destinada a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC).

La presentación estuvo a cargo de la delegada defensorial departamental de Santa Cruz, Sheila Gómez Santiváñez, junto con Karina Rivera, responsable del Programa Calle de la Fundación Alalay, y contó con la participación de representantes de unidades del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y de gobiernos autónomos municipales vinculadas a la protección integral de esta población.

Entre los principales hallazgos expuestos, se señaló que solo dos de las nueve gobernaciones del país, Santa Cruz y Cochabamba, reportaron contar con programas o áreas específicas para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. En el caso de Santa Cruz, el informe evidenció una reducción del 82,8 % del presupuesto destinado a estas acciones entre 2024 y 2025, situación que compromete la continuidad de las intervenciones y dificulta el desarrollo de medidas sostenibles de prevención, atención y protección integral.

En el ámbito municipal, de los diez gobiernos autónomos municipales consultados —nueve capitales departamentales y El Alto—, solo tres reportaron contar con programas o servicios específicos vigentes para esta población. Entre los municipios que no disponen de un programa especializado se encuentra Santa Cruz de la Sierra, donde la ausencia de una intervención específica dificulta una respuesta institucional integral y sostenida frente a las necesidades de esta población.

El informe también advierte sobre la falta de información actualizada para dimensionar la problemática. El último registro oficial de personas en situación de calle corresponde a 2014, lo que limita la planificación de políticas públicas y la asignación de recursos en función de las necesidades actuales. Asimismo, identifica dificultades de acceso a los servicios de salud y la falta de registros diferenciados que permitan identificar y realizar un seguimiento efectivo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.

“Este es un trabajo de la Defensoría del Pueblo con el apoyo de la Fundación Alalay, que participó en la investigación y que se constituye en el primer informe enfocado en evidenciar las dificultades de atención del sistema público a la niñez y adolescencia en situación de calle. Por ello, se plantean recomendaciones a diferentes instancias del Estado para que determinen su aplicación, no solo desde una perspectiva reactiva, sino también desde la prevención y un trabajo integral. Este documento es una provocación para que todas las instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil se involucren en una temática tan delicada para que se produzca un cambio real y positivo en la población de niños, niñas y adolescente en situación de calle”, señaló Gómez.

Por su parte, Karina Rivera destacó el trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo y señaló que la socialización del informe permitió iniciar una agenda específica de coordinación para abordar esta problemática.

“Con la socialización del informe defensorial ya se inició una agenda conjunta y específica sobre esta temática, con el objetivo de elaborar un plan de acción y realizar el seguimiento a las recomendaciones, aunando esfuerzos para que, en un futuro no muy lejano, podamos ver cumplidos los derechos de las NNASC y podamos decir que esta población está siendo reconocida como sujetos de derechos y actores de su propio desarrollo”, manifestó la representante de la Fundación Alalay.

Entre las recomendaciones del informe se plantea fortalecer la coordinación interinstitucional, implementar programas integrales con presupuestos suficientes y establecer mecanismos permanentes que garanticen el acceso a la identidad, la salud, la educación y la protección. Asimismo, se insta a priorizar el tratamiento del Proyecto de Ley de Prevención y Atención Intersectorial de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle.

La Defensoría del Pueblo destacó que la socialización del informe busca promover compromisos concretos de las instituciones competentes para superar las brechas identificadas, fortalecer las acciones de prevención y garantizar una respuesta integral y sostenible que permita el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.