Oficina - Cochabamba

19 de octubre de 2022

La Defensoría del Pueblo condena las agresiones a dos equipo de prensa de la red televisiva Unitel, cuando cumplían su labor en la cobertura periodística del conflicto del valle alto donde se rechaza el emplazamiento de un complejo de residuos sólidos en el municipio de Sacabamba, y el otro, por pobladores del barrio Kami del municipio de Colcapirhua, que se oponen al emplazamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales.

A los dos equipos de la prensa, les quisieron arrebatar sus instrumentos de trabajo, sufrieron agresiones físicas y psicológicas, con amenazas a su integridad. Ante esos hechos, la Defensoría del Pueblo, considera que estas agresiones vulneran la libertad de prensa, va en contra del trabajo periodístico y del acceso a la información. Convoca a autoridades estatales a garantizar el trabajo periodístico, que está protegido por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente que rige esta labor.

Asimismo, la Institución Defensorial realiza el seguimiento respectivo en ambos conflictos. En el primero, emitió notas al Comando Departamental de la Policía, para que puedan prevenir hechos de violencia entre pobladores, extremando acciones de disuasión pacífica, no violentas, en el marco de los derechos humanos y constitucionales. Envió notas a la Gobernación y el municipio de Cochabamba, para que ambas instancias, a través de sus Secretarías y Unidades que correspondan, opten por encontrar una solución al conflicto en Sacabamba, por la vía del diálogo.

En el segundo conflicto por la construcción de una planta procesadora de aguas residuales, la Delegación Defensorial de Cochabamba, participó de una reunión interinstitucional para analizar los alcances de la obra que será construida con estándares medio ambientales internacionales, y que además, cumplirá con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, para descontaminar la cuenca del río Rocha.