La Defensoría del Pueblo denuncia que secretaria de la Embajada de Bolivia en EEUU fue despedida de manera discriminatoria e ilegal por ser portadora de COVID-19
1 de junio de 2020
La Defensoría del Pueblo en Cochabamba recibió la denuncia de un despido ilegal y discriminatorio de una trabajadora dependiente de Cancillería de Bolivia en Estados Unidos, debido a que era portadora del coronavirus del COVID-19.
De acuerdo con la nota CITE GM DGAA
URH NSE 278/2020 de 28 de mayo de 2020, el actual Jefe de Misión en la Embajada
de Bolivia en los Estados Unidos, Oscar Serrate Cuéllar, solicitó de manera
discriminatoria la desvinculación inmediata de la secretaria de esa delegación
diplomática.
“Lo hizo bajo engañosos argumentos,
totalmente discriminatorios, al enterarse de que había sido contagiada con el
COVID-19, debido a que asistió a su fuente de trabajo, aunque lo hizo de manera
obligada sin respetar la cuarentena, para atender pormenores administrativos a
instrucción del mismo embajador. Es lo que nuestra peticionaria denunció el 29
de mayo de 2020 ante la ministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric, a
quien le solicitó reconsiderar su despido injustificado en tiempos de
pandemia”, señaló el Delegado Defensorial Departamental Nelson Marcelo Cox
Mayorga.
Según detalla la nota, la denunciante
habría sido diagnosticada como positiva al COVID-19, el 30 de abril, aunque asintomática.
Situación que inmediatamente comunicó para advertir que ya no podía acudir a su
fuente laboral conforme a los protocolos establecidos por la OMS, sobre
autoaislamiento bajo estricta observación médica.
Sin embargo, “la secretaria de la
Embajada de Bolivia en los Estados Unidos fue obligada a trabajar con alto
riesgo de contagio, rompiendo su cuarentena, y posteriormente fue destituida
por su condición de portadora del COVID-19. Lo que no sólo es una seria
transgresión a las garantías de protección de la estabilidad laboral, reguladas
por Decreto Supremo que prohíbe desvinculaciones durante la pandemia; sino
también es un acto inhumano y profundamente discriminatorio, que incumplen su
propia normativa dejando en vulnerabilidad y desprotección a una mujer
boliviana en el exterior”, señaló Cox.
