LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOCIALIZÓ EL INFORME DEFENSORIAL EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
8 de julio de 2022
La
Defensoría del Pueblo socializó hoy el informe defensorial Educación Superior
inclusiva para Personas con Discapacidad en el Sistema de la Universidad
Boliviana, en la 1.° Jornada Internacional de Educación inclusiva organizada
por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (UMSS).
La Delegada Defensorial de
Cochabamba, Marioly Álvarez, indicó que el informe defensorial evidenció la
ausencia de condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad,
tanto de infraestructura, de requisitos como actitudinales. “Este trabajo
investigativo, fue realizado en las 11 universidades públicas del país, además
de la Universidad Católica Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería”, dijo.
A la fecha, nueve centros de
enseñanza superior (UATF, UMSS, UMSA, UTO, UAP, UAB, USFXCH, UAGRM y UAJMS), si
bien regularon de manera específica los procedimientos para el
ingreso libre, solicitan certificaciones innecesarias, establecen limitaciones
respecto a la libre elección de la carrera o benefician sólo a personas con un
grado de discapacidad superior al 32%, cuando la norma no contempla esta
limitante. A ello, la responsable del Centro Universitario de Atención a
Personas con Discapacidad (CUADIS), Rosario Gonzales, manifestó que en los próximos
días el Consejo Universitario de la UMSS, suprimirá es esta limitante, para todas las
carreras de la Facultad de Medicina, acorde a la recomendación que se emitió a
esta casa superior de estudios.
Álvarez destacó que la UMSS mediante
del Centro Universitario de Atención a Personas con Discapacidad (CUADIS), mejoró
las condiciones de accesibilidad física adecuada para las personas con
discapacidad, así como la inclusión del lenguaje de señas (LSB) en docentes
universitarios, entre otros beneficios para los estudiantes universitarios con discapacidad.
La Delegada Defensorial, remarcó se
tiene que trabajar para que las personas con discapacidad, en las universidades,
dejen de enfrentar barreras actitudinales como estereotipos, prejuicios y
prácticas nocivas de parte de docentes y/o estudiantes, por lo que manifestó que
todas las universidades públicas están en la obligación de tomar en cuenta las
necesidades educativas específicas para esta población, otorgar condiciones de
accesibilidad y aplicar ajustes razonables para garantizar la vigencia de sus
derechos humanos.