Oficina - Cochabamba

8 de julio de 2020

En días pasados la Delegación Defensorial Departamental Cochabamba, recibió varias denuncias formuladas por el incremento de los precios de medicamentos como la azitromicina, hidroxicloroquina, dexametasona, ivermectina, tocilizumab,  dióxido de cloro, paracetamol, aspirina, entre los principales medicamentos y productos para combatir la Covid-19, que en su desesperación la población busca en las farmacias, sin que nadie regule sus precios de los medicamentos identificados en este momento como bien preciado ante la pandemia.

El Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, señaló que el Ministerio de Salud a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) debe regular con carácter de urgencia la lista de los precios estándar de todos los medicamentos que se están utilizando para el tratamiento del COVID-19, y no dejar que se especule insensiblemente con los mismos, “Esta instancia del Estado, deja librada a su mala suerte y a criterio de la población la automedicación ofertada por empresas e industrias farmacéuticas nacionales, importadoras y distribuidoras de medicamentos, quienes incurren en una descarada especulación con alza de precios en tiempo pandémico, lo cual debe ser inmediatamente regulado precautelando la salud de la población y protegiéndola” expresó.

Nelson Cox, advirtió que en estos momentos ante la interesada y extraña lentitud de la Agemed, debe generarse otro mecanismo de protección inmediato mediante el Servicio Departamental de Salud (Sedes), conjuntamente la Intendencia de los Gobiernos Autónomos Municipales, para sancionar con multas y clausurar Farmacias que están lucrando con la desesperación de la población en su condición de usuarios, desplegando paralelamente campañas de acceso a la información sobre los precios por la importación o comercialización de dichos medicamentos. 

Con relación a la atención de pacientes con COVID-19 en clínicas privadas, Cox Mayorga señaló que si bien no existe normativa concreta nacional o departamental que atribuya expresamente al Sedes el control y regulación de los precios  o la fiscalización de sus costos mediante la Unidad de Coordinación con Clínicas Privadas, debe redoblarse el personal en coordinación con otras instituciones para que inmediatamente y de manera responsable se efectúe este control bajo sanción de no autorizar la continuidad del funcionamiento de las clínicas privadas, las mismas que deben ser denunciadas.

“No puede ser que semanalmente recibamos en la Defensoría del Pueblo quejas de pacientes COVID-19 que están siendo condicionados por Clínicas Privadas con un pago inicial de 20.000 a 60.000 Bolivianos para ver si cuentan con espacio para su internación, sin que el Ministerio de Salud haga algo para evitarlo, lo cual es por demás una mercantilización del derecho a la salud en tiempos pandémicos que deja en desprotección a los pacientes”, remarcó Cox Mayorga, a tiempo de exigir al Ministerio de Salud y al Sedes su inmediata intervención en un escenario que extrañamente no pretende regular ni controlar en desmedro del derechos a la vida de la población.

La Defensoría del Pueblo continuará recibiendo las denuncias de la población, y en particular, de pacientes COVID-19 para evitar mayor sufrimiento en estos momentos que deben consultar con sus bolsillos y empeñar sus bienes  como condición de salvar sus vidas.