Oficina - Tarija

Ante el anuncio de la ejecución conjunta de un plan operativo de movilización policial y militar entre la Policía y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de “despertar la conciencia ciudadana”, anunciada el pasado sábado 26 de septiembre a través de un comunicado del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental COED, la Defensoría del Pueblo en Tarija recuerda al Gobierno Autónomo Departamental, al Comando de la Policía en Tarija y a las Fuerzas Armadas su obligación de regir sus actuaciones en estricto apego al mandato de la Constitución Política del Estado, a sus Leyes Orgánicas y a los tratados internacionales respecto al uso proporcional de la fuerza. Asimismo, expresa su preocupación ante aparentes acciones de intimidación contra la población civil al movilizar de forma masiva efectivos militares, cuando estos únicamente deberían salir en caso la Policía Boliviana sea rebasada en su capacidad.

La Defensoría del Pueblo en Tarija está realizando seguimiento al proceso penal en contra de E.O.P, quien habría violado a su ex concubina en proximidades de la comunidad Colonia Linares del municipio de Bermejo, hecho que cobró relevancia pública por el reporte policial en el que se cuestiona la actuación de la víctima por encima de la gravedad del delito. 

La Defensoría del Pueblo en Tarija investiga el accidente que habría sufrido Julio César Oroza,  joven de 18 años de Bermejo que habría caído del camión cuando estaba cargando caña de azúcar en el trabajo de la zafra el pasado martes 01 de septiembre, producto del cual fue derivado desde la ciudad de Bermejo a una clínica privada en Tarija,  donde lograron recuperar la salud del joven, cuyo diagnóstico reflejaba una hemorragia digestiva alta poniendo en riesgo su vida.

La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que a la fecha, veintidós médicos, licenciados en enfermería y enfermeras auxiliares que trabajan en el Centro de Aislamiento Guadalquivir, no han cobrado salarios ni cuentan con contratos de trabajo firmados, desde que iniciaron sus funciones el pasado 02 de julio del presente año. Así también, se ha constatado que la contratación corresponde al tipo denominado "Servicios de No Consultoría", a través de un financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo del Proyecto de Redes de Salud y no así a la dotación de ítems de trabajo tal como lo anunció la Presidenta transitoria del Estado, Janine Añez.

La Defensoría del Pueblo en Tarija, realizó una verificación defensorial en la nueva planta de potabilización de agua del municipio de San Lorenzo, con el objetivo de evidenciar las denuncias respecto al desabastecimiento del líquido elemento y las acciones asumidas para restablecer el servicio a la población, logrando constatar que si bien la planta está funcionando y recibe agua con normalidad, la Empresa Pública Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) ha identificado problemas en las tuberías de distribución, ya que a las mismas habría ingresado aire, lo cual ocasiona vacíos que cortan el flujo desde la planta hasta los domicilios.

La Defensoría del Pueblo en Tarija gestionó de forma inmediata el tratamiento de hemodiálisis para Marcial Cruz, enfermo renal de 54 años de edad que dio positivo para COVID-19, y que no lograba recibir atención médica desde el 20 de agosto en ningún centro médico, poniendo en evidencia que a la fecha el Servicio Departamental de Salud no adecuó los ambientes ni puso en funcionamiento el protocolo para la atención de estos pacientes instruido por el Ministerio de Salud el pasado 24 de marzo.