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La
Defensoría del Pueblo evidenció falta de acceso
a los beneficios de Amnistía e Indulto, establecidos por el Decreto
Supremo 4226 en el Centro de Readaptación Productiva "El Palmar"
en Yacuiba y el centro de custodia de Villa Montes, debido
a la ausencia de servidores públicos del Servicio Plurinacional de Defensa
Pública SEPDEP.
El Alcalde Municipal de Villa Montes y los representantes de la Junta de Padres de Familia que se encontraban movilizadas por la entrega de una Canasta Estudiantil que beneficie a los estudiantes inscritos en la gestión 2020, firmaron un acta de acuerdo con la mediación de la Defensoría del Pueblo, en el cual se garantiza la entrega del beneficio por un monto equivalente a 150 bolivianos en productos alimenticios, así como desistir de las denuncias iniciadas por el ejecutivo municipal contra aquellos padres que la semana pasada pretendieron realizar una toma del edificio edil.
La Defensoría del Pueblo en Yacuiba gestionó albergue transitorio, alimentación y pruebas rápidas de COVID-19, para seis niñas víctimas de violencia sexual, acompañadas de sus tutores, quienes fueron trasladadas por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) de los municipios de Machareti y Huacaya del Departamento de Chuquisaca, con el objetivo de que se realice la toma de prueba anticipada en la cámara Gessel de Yacuiba.
La Defensoría
del Pueblo promovió una reunión entre las comunidades Campesinas y
representantes del Pueblo Guaraní
del municipio de Huacaya Chuquisaca, con las empresas “SyV” y “Carlos
Caballero”, subcontratadas de la Transnacional petrolera REPSOL, quienes estarían
incumpliendo el plan de socialización de proyectos de compensación y atentando
contra los derechos laborales de los trabajadores por haber realizado despidos
en plena cuarentena nacional.
La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Yacuiba abrió una investigación en contra de servidores públicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese municipio, debido a la supuesta falta de atención y protección a dos niñas de cuatro y seis años respectivamente, que habrían sido sustraídos de su domicilio por su padre en estado de ebriedad, quién después de agredir física y psicológicamente a su madre, los habría sacado de su domicilio poniendo en grave riesgo la integridad de ambos niños.
La Defensoría del Pueblo, tras conocer el caso
de ocho niños que junto a sus padres intentaban apagar el incendio que
amenazaba con afectar su vivienda cerca del cerro Aguaragüe, en el municipio de
Yacuiba, poniendo en peligro su vida, pidió informes al Gobierno Autónomo Municipal para
conocer las acciones realizadas en este caso.
