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La Paz, 21 de enero de 2025.- Precautelando los derechos humanos de las nueve mujeres que instalaron una huelga de hambre en las puertas de la Iglesia La Merced, en cercanías de la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. La Defensoría del Pueblo realizó el monitoreo permanente a la medida de protesta y gestionó la atención médica de sus integrantes.
La Paz, 20 de enero de 2025.- La Delegación Defensorial de La Paz realizó
la verificación de unidades educativas públicas y privadas para evidenciar el
desarrollo del proceso de inscripciones y las condiciones físicas de
infraestructura, servicios básicos y equipamiento.
La Paz, 17 de enero de 2025.- Precautelando los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una educación digna, la Delegación Departamental La Paz de la Defensoría del Pueblo realizó verificaciones al equipamiento e infraestructura en dos unidades educativas, junto a las autoridades de la Dirección Distrital de Educación, personal de las sub alcaldías y directores de establecimientos educativos y padres de familia.
La Paz, 07 de noviembre del 2024.- La Delegación Defensorial Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo gestiona el ingreso de alimentos, vituallas y frazadas para las personas aprehendidas en los bloqueos de carreteras de Cochabamba y Santa Cruz, y que fueron trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de la ciudad de La Paz. Asimismo, participó en las audiencias cautelares desarrolladas.
La Paz, 31 de octubre del 2024 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo a través de la Delegación Defensorial Departamental La Paz, logró el registro, actualización de datos y posterior emisión de cédula de identidad de dos personas con matrimonio igualitario en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), en cumplimiento a la Ley N° 807 de diversidades sexuales.
La Paz, 30 de octubre del 2024 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Departamental de La Paz acordó con la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo, desarrollar tareas conjuntas que puedan cubrir las necesidades de las personas adultas mayores privadas de libertad, beneficiarias de la “Renta Dignidad” y así garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.
