Oficina - Cochabamba

La Defensoría del Pueblo logró hoy que equipos interinstitucionales conformados por tres jueces del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), técnicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Cochabamba e Instancia Técnica Departamental de Política Social (ITDPS) exSEDEGES, verifiquen de manera integral el estado de situación del centro de acogida donde se denunció un hecho de agresión sexual de un adolescente hacia una niña.

La Defensoría del Pueblo con apoyo de los defensores voluntarios en Cochabamba, concluye con la socialización de la primera Encuesta Virtual para personas con Diversa Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género en Bolivia, a estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

"Somos mujeres, somos madres, somos el sustento de nuestras familias y somos las que llevamos el aliento a nuestros hijos, por lo que merecemos respeto a nuestros derechos", dijo una mujer trabajadora sexual a tiempo de referirse sobre informe defensorial “Criminalización del Trabajo Sexual”, Cumplimiento del Artículo del Decreto Supremo N.° 451, Durante la Pandemia de la Covid-19, elaborada por la Defensoría del Pueblo, devela lo que atravesaron durante el tiempo pandémico.

Cerca de 20 adolescentes con responsabilidad penal del Centro de Reintegración Social “Molles” de la ciudad de Cochabamba, podrían modificar su sentencia con la participación del programa de lectura denominado 'Libros por Sueños', que promueve la Defensoría del Pueblo, previa evaluación de la autoridad judicial.

La Defensoría del Pueblo presentó el informe defensorial “Volcar la Mirada a las Cárceles”, como base de análisis en el trabajo de los Juzgados de Ejecución Penal en el país, durante el Encuentro Interdisciplinario organizado por el Consejo de la Magistratura.

La Defensoría del Pueblo condena las agresiones a dos equipo de prensa de la red televisiva Unitel, cuando cumplían su labor en la cobertura periodística del conflicto del valle alto donde se rechaza el emplazamiento de un complejo de residuos sólidos en el municipio de Sacabamba, y el otro, por pobladores del barrio Kami del municipio de Colcapirhua, que se oponen al emplazamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales.