Bolivia tardó seis años en implementar su Defensoría del Pueblo y en elegir a su primera titular

La institución tiene el objetivo de velar por el respeto a los derechos humanos y con su trabajo impulsar el fortalecimiento de la democracia. Este 2023 la institución cumple 25 años de creación

La Paz, 05 de septiembre de 2023 (UCOM/DP). – La creación de la Defensoría del Pueblo se hizo efectiva el 31 de marzo de 1998, con la posesión de la primera Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, sin embargo, la concepción de esta entidad representa una lucha de al menos seis años, desde que fue incluida en la Constitución Política del Estado, mediante las gestiones de organizaciones de la sociedad civil, dirigidas por el Capítulo Boliviano del Ombusdman. 

El primer informe oficial de Romero de Campero como Defensora del Pueblo, dirigido al entonces Congreso Nacional, relata que, gracias a la labor de socialización encarada por el Capítulo Boliviano del Ombusdman, sobre la importancia de incluir esta institución en el mapa político/social del Estado, apoyándose en defensores y juristas extranjeros, que respaldan el planteamiento de crear la institución para fortalecer la democracia.

Es así que, en 1992 la figura de Defensor del Pueblo se incorpora a la Constitución Política del Estado (CPE), en el Titulo Cuarto referido a la Defensa de la Sociedad. El nuevo texto constitucional establece que las atribuciones de la nueva instancia estatal son velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación a la actividad administrativa de todo el sector público, así como por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos

Sin embargo, la CPE reformada entró en vigencia recién en 1995 y tuvieron que transcurrir dos años más, en 1997 para que el Congreso apruebe la Ley 1818 de 22 de diciembre de 1997, que establece la forma de organización y las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y de su titular, el Defensor del Pueblo.

Esta norma establece que, para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo se requiere: tener como mínimo 35 años de edad, ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares (para los varones), estar inscrito en el Registro Electoral, no haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado, no tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados, ni estar comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por ley.

Cumplidos todos esos pasos, el 30 de diciembre de 1997, el Poder Legislativo, encarnado en el Congreso de la República, publicó la convocatoria a concurso nacional de méritos y antecedentes para la elección de Defensor del Pueblo.

Romero de Campero participó de convocatoria, postulada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de la Prensa y el Círculo de Mujeres Periodistas.

Entre los atributos para desempeñar el cargo, las instituciones destacaron de Romero "su autoridad moral, ecuanimidad, reconocida firmeza de carácter, tradición de compromiso activo con la defensa de los derechos humanos, la legalidad, la ética, la democracia y la libertad".

En total se presentaron 123 personas, de quienes emergieron cuatro postulantes seleccionados por la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial, que valoró los antecedentes, así como el número de cartas de apoyo recibidas.

Los preseleccionados fueron: Cristina Corrales, Julieta Montaño, Rafael Puente y Ana María Romero de Campero. Esta terna fue enviada al Congreso Nacional, que sesionó el 26 de marzo de 1998, y eligió, con más de dos tercios de votos, a la periodista Ana María Romero de Campero como la primera Defensora del Pueblo.

Cinco días después, el 31 de marzo de 1998, el presidente del Congreso Nacional, Jorge Quiroga Ramírez, tomó el juramento de Ley a la nueva autoridad. Del histórico evento participaron el entonces Presidente de la República, Gral. Hugo Banzer Suárez, los presidentes de la Cámara de Senadores, Walter Guiteras y de Diputados, Hormando Vaca Diez y los ex presidentes Lidia Gueiler Tejada, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jaime Paz Zamora, miembros del cuerpo diplomático, la Conferencia Episcopal de Bolivia, instituciones de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo del Perú, Jorge Santistevan y el Secretorio Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, Diego García-Sayán.

Desde esta histórica fecha han transcurrido 25 años, en los cuales la Defensoría del Pueblo estuvo al frente de la defensa de los derechos humanos del país.