Defensor del Pueblo, organizaciones sociales y promotoras comunitarias inician trabajo de la 'Red Nacional de Prevención y Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres'

La Paz, 6 de marzo de 2022.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, organizaciones sociales y promotoras comunitarias, a nivel nacional, sostuvieron esta jornada la primera reunión de trabajo con la 'Red Nacional de Organizaciones Sociales para la Prevención y Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres', que tiene como fin generar mecanismos o medidas que contribuyan a la prevención, atención y protección a las mujeres en situación de violencia con énfasis en feminicidios, violencia sexual, acoso y violencia política.  

“La iniciativa fija el compromiso de nosotros como Defensoría (del Pueblo) y el compromiso de ustedes como organizaciones sociales (…) Hay dos acciones, por un lado, la propuesta de fortalecimiento de capacidades con cursos que deben ser adecuados con las necesidades y visiones que tienen cada una de las organizaciones; la otra propuesta es el seguimiento de la cadena de atención a las víctimas de violencia, ésta información nos permitirá contar con insumos y plantear acciones concretas. Y (finalmente), cerrar el ciclo con ustedes (las organizaciones). El reto es actuar en forma conjunta y caminar entre todos”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Informó que, simultáneamente, se ejecuta el mecanismo interinstitucional denominado ‘Observatorio Defensorial Judicial’ (ODJ), que atiende los procesos de violencias, feminicidios e infanticidios para que la autoridad del Órgano Judicial pueda intervenir y adoptar las medidas remediales tras la detección de algún caso.

De la reunión, participaron como Q’amasa Warmi, Confederación Nacional de Mujeres Juana Azurduy de Padilla, Confederación de Mujeres Interculturales, Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, Federación Sindical de trabajadoras Mineras de Bolivia, Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia, OTRAF Bolivia, Red Nacional de Promotoras Comunitarias, Colectivo Wiñay Wara, entre otras organizaciones, quienes coincidieron que la falta de capacitación de los funcionarios públicos sobre violencias es una de las falencias más recurrentes.

La promotora comunitaria de la Asociación ‘Yanaptasiñani’, Teodora Alcón, señaló que el problema persiste en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), donde constantemente cambian de personal, por lo tanto, sugirió la creación de un control social.

“Que haya un control social específico para que los SLIM´s, defensores de la violencia, que sean controladas y hacer el seguimiento si el personal es adecuado. Además, las mujeres del área suburbana no conocen donde están los SLIM´s, la Defensoría o SIJPLU (Servicios Integrales de Justicia Plurinacional). Nos falta hacer propaganda de cada servicio”, demandó.

En esa misma línea, las promotoras coincidieron en que se debe profundizar el trabajo en la prevención, fortaleciendo los conocimientos de las organizaciones sociales y de las promotoras comunitarias en el país; promover la alerta permanente desde las instituciones gubernamentales y el desarrollo de las reuniones periódicas de la red para que sean cada tres meses.

Según los datos del 2019 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, Bolivia registra una tasa de 128 feminicidios por cada cien mil mujeres, una de las más altas de la región.

De marzo de 2013 a febrero de 2022 se registró 998 mujeres víctimas de feminicidio, solo 258 casos obtuvieron sentencias. En promedio cada tres días se reporta un nuevo caso de feminicidio. En esta gestión se registró 18 feminicidios. En promedio hay 30 casos de violencia sexual por día, según datos de la gestión 2022.