Defensor del Pueblo informó que se admitió 71 denuncias de vulneración de derechos humanos en paro cívico por el censo en Santa Cruz el 2022

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que la institución admitió 71 denuncias de vulneración de derechos humanos acontecidos durante el paro cívico por el censo nacional que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre del 2022. 

Los tipos de casos registrados tienen que ver con la vulneración al derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de información, salud, violencia contra las mujeres, educación, integridad personal y pueblos indígenas, según el detalle del ‘Informe Preliminar Situación de la Vulneración de los Derechos Humanos en el paro por el censo en Santa Cruz’, publicado por la institución defensorial.

“La pugna política de actores de poder y fuerzas antagónicas de un conflicto determinado afecta a la población que al final muchos se convierten en víctimas colaterales, aquellas personas que son parte del tejido social que debemos cuidar. Tenemos que aprender y no repetir los errores que han costado vidas y han quebrado a varias familias bolivianas”, aseveró el Defensor del Pueblo a tiempo de presentar el informe.

Según explicó la Autoridad Defensorial, producto de la escalada de violencia y con 71 casos registrados al 30 de noviembre de la pasada gestión, se iniciaron tres investigaciones respecto a la vulneración del derecho a la vida como la muerte de un funcionario municipal de Puerto Quijarro, el degollamiento de un motociclista en el Quinto Anillo y el caso del joven apuñalado en el Barrio Latino.

Respecto al derecho a la libertad de expresión e información, la institución defensorial atendió casos referentes a las agresiones físicas a periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, corresponsales, entre otros, quienes fueron interceptados por grupos de manifestantes, efectivos policiales y otros actores movilizados. Recibieron pedradas, palizas, entre otras agresiones que los hirieron de gravedad, en algunos casos.

El Defensor del pueblo también rememoró las escenas donde manifestantes en puntos de bloqueos impedían el paso de las ambulancias y agredieron a los ocupantes. Asimismo, remarcó la afectación a los pacientes que no pudieron llegar a sus tratamientos vitales como enfermos de cáncer, renales, entre otros.

“Lamentamos que hubo denuncias donde se recabó datos que los bloqueadores obligaron a exponer a los infantes para verificar si físicamente mostraban signos de pacientes oncológicos (falta de cabello o le falte algún órgano) y se cuestionó la condición si no cumplía con tales signos, obstruyendo su traslado”, enfatizó.        

Indicó que no se pudo atender con prontitud un caso de violencia sexual a una mujer. Se registró violación múltiple a mujer. También que mujeres indígenas fueron agredidas por movilizados.

 La presentación del informe preliminar se hizo de manera simultánea en todo el país, a través de las delegaciones departamentales y oficinas de coordinación de la Defensoría del Pueblo que funcionan en ciudades capitales y municipios.