Defensor del Pueblo llama a no generar ciclos de criminalización a la pobreza impulsando leyes punitivas en delitos comunes
08 de Agosto de 2024 10:52 pm
La Paz, 8 de agosto de 2024 (UCOM/DPB). - El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, se refirió al problema del hacinamiento carcelario en Bolivia e hizo énfasis en la importancia de no criminalizar la pobreza a partir de leyes que impulsan la cárcel para delitos comunes o de bagatela, lo cual profundizaría aún más la situación que se vive en los recintos penitenciarios en el país, por la alta cantidad de internos, sobre todo aquellos que tienen detención preventiva.
La autoridad defensorial se refirió a este tema durante su participación en el evento: “Innovación en justicia penal, abordando la congestión en los recintos penitenciarios”, organizado por la Dirección General de Régimen Penitenciario.
“Existe una mirada errática (en cuanto a la política penitenciaria) porque por un lado hay un proyecto de Ley que promueve la reclusión por delitos, por ejemplo, económicos como robo o hurto, lo que puede generar un ciclo de criminalización de la pobreza y por otro lado impulsamos indultos para sacar a la gente de los penales”, reflexionó Callisaya.
En esa línea, el Defensor del Pueblo demandó dar coherencia al ejercicio del poder penal del Estado, en el sentido de usar la detención preventiva solo en los casos que realmente amerite.
Callisaya manifestó que, desde la perspectiva de los derechos humanos, es importante hacer hincapié en el hacinamiento carcelario, toda vez que en Bolivia hay una sobrepoblación alarmante en los centros penitenciarios, la cual se incrementó exponencialmente en los últimos seis años, pues actualmente se tienen más de 30 mil privados de libertad en los centros penitenciarios del país, la mayoría con detención preventiva.
El evento: “Innovación en justicia penal, abordando la congestión en los recintos penitenciarios”, fue desarrollado con la perspectiva de crear un espacio para socializar la problemática de la sobrepoblación de personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios, misma que dificulta el trabajo de las áreas responsables de la rehabilitación y reinserción social.
