Defensor del Pueblo pide a sectores en conflicto por el Censo, flexibilizar medidas de presión y reflexionar sobre vulneración de derechos

Santa Cruz, 24 de noviembre de 2022.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los sectores en conflicto por el Censo Nacional, flexibilizar las medidas de presión, reflexionar sobre las consecuencias reales en la vulneración de derechos humanos y buscar el retorno a la convivencia pacífica.

“Una vez que pase el paro vamos a estar mirándonos como enemigos y eso no es posible, tenemos que recomponer nuestra convivencia pacífica, con mucha tolerancia, pero fundamentalmente, con respeto al ser humano, con respeto a la vida y respeto al diverso”, manifestó el Defensor en una rueda de prensa en puertas del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano situado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En la visita a la capital cruceña, el Defensor sostuvo encuentros con familiares y víctimas de violencia registrados por la institución defensorial, durante el paro cívico indefinido, con el fin de conocer su situación actual.

Informó que la institución defensorial, recibió 68 denuncias de vulneración de derechos, desde el 22 de octubre, cuando comenzó la medida de protesta.

“Estamos haciendo las representaciones necesarias ante las autoridades, a través de los mecanismos que tenemos; vamos al lugar, verificamos el hecho, mandamos requerimiento de información a las autoridades y tomamos testimonios (a las víctimas). Vamos a elaborar un informe final (sobre el conflicto) con las recomendaciones al Estado, en todos sus niveles”, precisó.

Entre los casos más relevantes, Callisaya señaló que la institución hace el seguimiento de la denuncia sobre racismo y discriminación que sufrió la población indígena ayorea. Afirmó que la población vive atemorizada y que por las actitudes de intolerancia prevén migrar a otros sitios.

Asimismo, hizo conocer el fallecimiento de un adulto mayor ayoreo que por limitaciones de transitabilidad no accedió a la oportuna atención médica.

De acuerdo al seguimiento a los casos registrados, la institución defensorial ha conocido cómo la violencia ha afectado vidas, la salud y economía, al punto que muchas de las personas afectadas quieren cambiar de ciudad por las persistentes amenazas que reciben, por haber denunciado la vulneración de sus derechos.