Defensor del Pueblo recuerda que los derechos a salud y vida deben ser prioridad ante paro médico de 96 horas

Pando, 17 de junio de 2024.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que ante el paro nacional de 96 horas que hoy inició el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (FESIRMES) en contra de la “jubilación forzosa”, debe primar el derecho a la vida, como el acceso a la salud, derechos inalienables de las y los bolivianos.

“En reiteradas oportunidades hemos dicho que, en este país, como máxima libertad de expresión puede darse el derecho a la protesta; sin embargo, ese derecho, ese ejercicio tiene límites de no perjudicar a los derechos de los demás, en este caso a los pacientes”, dijo el Defensor del Pueblo, desde Pando, donde desarrolla una intensa jornada de actividades con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Desde inicios de la presente gestión, la institución defensorial realiza el seguimiento continuo al conflicto iniciado por FESIRMES, que demanda la modificación del proyecto de Ley 035/23-24, que establece la jubilación a los 65 años de edad; por lo cual, la Defensoría coadyuvó la instalación del diálogo y mesas técnicas, a través de la Presidencia de la Cámara de Diputados, con participación de los actores involucrados y de acuerdo al procedimiento legislativo el proyecto de ley se encuentra en esa instancia.

El Defensor del Pueblo explicó que la medida de protesta fue determinada luego de que, hace más dos meses atrás, se rompiera el diálogo sobre las modificaciones a la Ley de Pensiones en la Asamblea Legislativa, a lo que Callisaya apuntó que, el paro de cuatro días, definitivamente “puede poner en serio riesgo el derecho a la salud de los pacientes”.

Desde hoy hasta el jueves, se desarrolla el paro médico nacional de FESIRMES en todos los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel; así como en el sector público, con la atención de los servicios de emergencia, según determinó el sector. 

En ese contexto, Callisaya instó al sector médico a reflexionar sobre el ejercicio de los derechos como la protesta, pero “fundamentalmente respetando el acceso a la salud y a la vida de los pacientes”.