Defensor del Pueblo: hacinamiento en centros penitenciarios provoca debilidad en la atención de salud y otros servicios a privados de libertad

La Paz, 19 de enero de 2024 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya advirtió que el uso de la detención preventiva está degenerando esta figura legal a un instrumento de sanción previa lo que provoca una debilidad en la atención de salud y otros servicios para los privados de libertad, pudiendo esto devenir en posibles hechos de tortura y malos tratos en los centros penitenciarios del país. 

“El uso desmesurado de la detención preventiva como un mecanismo punitivo previo, está atentando la dignidad del ser humano (…) porque el hacinamiento, la sobrepoblación, provocan debilidad en la atención los servicios en los centros penitenciarios, el tema de salud y los otros servicios que puedan darse al interior de cada una de las cárceles”, reflexionó Callisaya, durante la presentación de los avances del proyecto “Con Buena Razón”, enfocado a la prevención de tortura en el país.

El Defensor del Pueblo añadió que las deficiencias generadas por el excesivo uso de la detención preventiva y su efecto en la atención de salud para privados de libertad, deriva en que se afecte su dignidad y se provoquen situaciones que pueden resultar o configurarse como hechos de tortura, malos tratos o tratos degradantes.

El proyecto “Con Buena Razón”, fue encarado por la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) y Progettomondo Bolivia, con la cooperación de la Unión Europea. Las tres instituciones se marcaron como meta contribuir a la prevención y lucha contra las formas más degradantes, crueles e inhumanas de tortura y otros malos tratos hacia la población privada de libertad, con especial énfasis en las mujeres y adolescentes, en ese marco se presentaron los avances de este importante trabajo.

En ocasión de este evento, Callisaya recordó que la Defensoría del Pueblo realizó 270 visitas a centros de penitenciarios o de privación de libertad durante 2022, mientras que en 2023 efectuó otras 260 visitas, ya como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). A partir de estas acciones in situ se alertó que el común denominador en las cárceles de Bolivia es “el uso desmesurado de la detención preventiva como un mecanismo que ya no es procesal, sino un mecanismo punitivo previo, que está atentando contra la dignidad del ser humano”.

En septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo, en su calidad de MNP, presentó su primer informe, que ofrece una mirada hacia la situación de los centros penitenciarios y de custodia a cargo del Estado. En este documento, ya se estableció la situación provocada por la detención preventiva.