DEFENSOR DEL PUEBLO: MINISTERIO PÚBLICO DEBE REALIZAR INVESTIGACIONES RESPETANDO LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO

La Paz, abril 14 (UCOM/DPB).- Ante las recientes aprehensiones realizadas por el Ministerio Público en el marco del caso denominado “26J”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, remarcó que en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales el Ministerio Público tiene la tuición de realizar investigaciones, pero que las mismas deben estar ceñidas al debido respeto a su dignidad de ser humano, previsto en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal.

“Hay procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal que dicen cómo deben hacerse las citaciones, cómo debe hacerse el llamado a la declaración y, eventualmente, en qué circunstancias debe aplicarse la aprehensión y detención preventiva”, afirmó el Defensor, ante la consulta de medios de comunicación en La Paz.

La mañana del viernes 11 de abril, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la aprehensión de Jorge Valda en el marco de las investigaciones del caso “26J”, y, a través de la oficina departamental en Santa Cruz, se realizó el seguimiento correspondiente ante la posibilidad de vulneración de derecho humanos; asimismo, tras su traslado a la ciudad de La Paz, personal defensorial en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) logró realizar la valoración médica, evidenciando que no presentaba lesiones; también se posibilitó el contacto con su abogado de defensa a objeto de garantizar el debido proceso.

“Todos los procesos de investigación que realiza el Estado, deben ceñirse al debido proceso y deben ser respetuosos del ser humano. En el caso del señor Valda, así como en el caso de los aprehendidos en diferentes días expuesto en el Informe 24 Días que acabamos de presentar, se ha trasladado a varios de ellos de Santa Cruz a La Paz, con una ropa que no era adecuada para un clima frio, en diferentes condiciones que no consideran el respeto al ser humano. Es importante que podamos tener claridad de cómo se ejercita esa acción penal pública por parte del Ministerio Público y otras instancias que tienen la competencia para ello”, puntualizó Callisaya.

Finalmente, el Defensor del Pueblo, recordó que existe la manifiesta preocupación de organismos internacionales plasmados en el informe del GIEI Bolivia, el informe Cohesión Social de la CIDH, así como de la Relatora para la independencia de los jueces, respecto a “ (…) que se debe construir la independencia del Órgano Judicial (…)”, señalando que  “ (…) este también es un mensaje claro a las nuevas autoridades (judiciales) para que ellos puedan dar muestras claras a la población de que la independencia se construye diariamente con acciones procesales que sean objetivas en el marco de las leyes y la constitución”.