Defensora demanda al Estado garantizar paz y justicia para alcanzar una sociedad sin racismo, sin discriminación ni desigualdades

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, durante un acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos, instó al Estado a asegurar justicia y paz a las y los bolivianos que permita alcanzar una sociedad sin discriminación, sin racismo y sin desigualdades y caminar hacia un verdadero y pleno ejercicio de los derechos humanos en el país, y poder conseguir el vivir bien en armonía entre los seres humanos y la naturaleza.  

“Sin justicia no puede haber paz, sin justicia no puede existir consenso, sin justicia será muy difícil caminar nuevamente juntos de la mano entre bolivianas y bolivianos, todavía nos queda camino para la pacificación y el reencuentro entre hermanos; estos globos blancos representan el pedido por mejores días, cimentados en la justicia y el respeto a los derechos humanos”, manifestó y, en esa línea, demandó al Estado una urgente reforma judicial que permita garantizar el acceso a la justicia, el derecho a la memoria y verdad, misma que deberá promover la lucha contra la impunidad ante la crisis política que vivió el país en 2019.

 

El pueblo boliviano, enfatizó, no debe olvidar lo vivido en 2019, pero tampoco puede volver a vivir hechos de odio, racismo y discriminación entre bolivianas y bolivianos ni permitir el desprecio por lo indígena; menos aún, puede volver a ser testigo del derramamiento de sangre producto del uso excesivo de la fuerza policial y militar que sólo se observó en épocas de dictaduras militares que a la fecha aún son una deuda pendiente.

 

La Defensora, en el acto celebración por los derechos humanos que se realizó en la plaza Camacho y que se realizó de forma simultánea en las 18 oficinas defensoriales a nivel nacional, dijo también que el Estado boliviano tiene el reto de implementar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de otros derechos como el de la salud y educación, que durante la pandemia por la COVID-19, dejaron en evidencia las asimetrías entre el campo y la ciudad. Existen, precisó, lugares donde no se aplican políticas educativas que garanticen un acceso libre y sin discriminación; igualmente, existen regiones con sistemas sanitarios precarios, sin profesionales de la salud, sin equipamiento ni insumos médicos.

Indicó que es muy importante reconocer que somos uno de los países con las tasas más altas de violencia contra la niñez y adolescencia, y las mujeres principalmente lo cual se refleja en los 104 feminicidios registrados a la fecha y los miles de hechos de violencia contra estas poblaciones.

Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales para permitir, por ejemplo, que aquellas víctimas de violencia sexual puedan recurrir a una interrupción legal del embarazo sin que exista dogmatismos de por medio, es otro reto que como Estado se tiene manifestó la Defensora.

Otro gran desafío, dijo, es asegurar un proceso de reactivación de la economía con enfoque de derechos humanos que permita adaptarnos al nuevo contexto post pandémico de forma sostenible y con resiliencia para garantizar el acceso al derecho al trabajo.

 

La Defensoría del Pueblo en ese marco, dijo, convoca a las instituciones estatales y a organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos y trabajar por la defensa, vigencia y cumplimiento de los derechos humanos de la población; asimismo, reafirma su compromiso para continuar trabajando por la población, labor que se ve traducida en la cantidad de casos atendidos, que hasta noviembre de este año alcanzan a 10.963 atendidos por las 18 oficinas defensoriales a nivel nacional.

 

Estos 10.963 casos, son menos que los registrados en el mismo periodo en 2019 que sumaron a alrededor de  11.000 casos, aunque esta baja que no es significativa, según explicó la Defensora, se debe a la medida de la cuarentena dictada por la pandemia por COVID-19 entre marzo y junio de este año.

 

“A pesar de la suspensión de las actividades por la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo no paralizó su trabajo y atendió casos a través de su línea gratuita, de las líneas WhatsApp habilitadas y de su página web; no obstante, la cuarentena incidió en la disminución en el registro de denuncias por vulneración de derechos”, indicó Cruz.

 

De los 10.963 casos registrados, 5.611 fueron admitidos y se abrieron investigaciones, 1.616 fueron gestionados para ser atendidos en las instancias correspondientes, 3.675 recibieron orientación, 34 fueron rechazados porque no se evidenció vulneración de derechos y otros 27 quedaron solo en el registro.

 

De los casos admitidos, los derechos más denunciados fueron los derechos laborales (1.057), garantías del debido proceso y acceso a la justicia (898), petición y respuesta (892), integridad personal (565), salud (540), derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública (372), e identidad (303).

 

En cuanto a las instituciones más denunciadas, están la Policía Boliviana (517), Órgano Judicial (435), Ministerio Público (346), SERECI (230), Gobierno Municipal de La Paz (202) y Ministerio de Educación (189).