DEFENSORÍA DEL PUEBLO CIERRA GESTIÓN CON 25 ACCIONES CONSTITUCIONALES PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA MADRE TIERRA

La Paz, 30 de diciembre de 2024 (UCOM/DPB). - Acceso a la salud, despidos injustificados, problemas del seguro social e incendios, son los casos que la Defensoría del Pueblo atendió con 25 acciones constitucionales, logrando la restitución de derechos humanos y de la Madre Tierra durante el 2024, así lo informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, en su último programa “El Defensor con el Pueblo”, que se difunde por redes sociales.

“El acceso a la salud, el derecho a la inamovilidad laboral, seguridad social, el derecho al medio ambiente sano vinculado a la salubridad pública, los derechos de la Madre Tierra, de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y de pueblos indígenas con aislamiento voluntario son los derechos que fueron restituidos”, dijo Callisaya, durante la emisión de su programa.

El Defensor del Pueblo, indicó que uno de los casos más relevantes se refiere a una persona con insuficiencia renal crónica, quien, desde el 2018 peregrinó por un trasplante de riñón, teniendo desde el primer momento un donante, su amigo; sin embargo, las autoridades accionadas sin considerar las normas internacionales, exigían al solicitante que el donante tenga una relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad respaldándose en una Resolución Ministerial, mientras que de acuerdo a los principios rectores de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre trasplante de células, tejidos y órganos, señala que los donantes vivos pueden estar relacionadas genéticas, legal o emocionalmente con los receptores, además la referida limitante no está reconocida en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos,  tampoco en su Reglamento.

“El Juez de Garantías concedió la tutela, y dispuso que de forma inmediata se efectúe la valoración del paciente, así como el análisis de compatibilidad entre el donante y receptor para determinar la viabilidad de realizar el trasplante de riñón, y ahora se está en fase de cumplimiento”, explicó la profesional de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Melvy Arancibia.

Asimismo, la servidora defensorial informó de un caso donde se vulneró el derecho a la seguridad social y el acceso a la salud de una ciudadana adulta mayor por parte de la entonces Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y luego por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo al negarle ambas instituciones la otorgación de la pensión por muerte, argumentando que el empleador de su esposo no había realizado los aportes oportunamente y debía esperar al cobro de lo adeudado, condicionando con ello su otorgación de forma indebida.

Se presentó la acción de amparo constitucional y el Tribunal de Garantías concedió la tutela ordenando que se reconduzca la situación jurídica de la accionante y sea favorecida con las rentas mensuales con efecto retroactivo, desde la gestión 2020, fecha en que presentó su solicitud.

En derechos humanos en asuntos ambientales, la Defensoría del Pueblo presentó una acción popular respecto al caso de los incendios forestales, y el Tribunal de Garantías además de conceder la tutela aplicó estándares internacionales como el deber de los estados de actuar con la debida diligencia en asuntos ambientales y declaró el estado de cosas inconstitucionales, lo que quiere decir que, ante los incendios forestales se logró que la justicia reconozca la vulneración masiva de derechos fundamentales, lo cual también implica que los efectos de la Resolución Constitucional puede expandirse a casos análogos, o grupos afectados no identificados en la acción popular.