DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONVOCA A EJERCER UN VOTO INFORMADO Y EXHORTA A AUTORIDADES COMPETENTES A PREVEER ESCENARIO POST ELECTORAL CON CELERIDAD

El proceso de preselección y elección de autoridades del Órgano Judicial: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Tribunal Agroambiental (TA); Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), está consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) en sus Artículos 182, 183, 188, 194 y 200 que establecen el procedimiento mediante sufragio universal de candidatas y candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); y, su mandato es por seis años no pudiendo ser reelegidos.

Este proceso eleccionario ya se realizó en 2011 y 2017; y en una tercera oportunidad debió realizarse el 2023; sin embargo, es de conocimiento público que el mismo atravesó una serie de obstáculos en su etapa de pre selección y, en última instancia, también en el proceso preparatorio, fijándose como fecha final, de forma parcial, para el domingo 15 de diciembre de 2024.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, realizamos el seguimiento al proceso de preselección de postulantes en la ALP, y ante las constantes amenazas a la realización del proceso de elección, se hizo un fuerte llamado a las autoridades competentes a extremar esfuerzos para garantizar su realización y el efectivo ejercicio de los derechos políticos de las y los bolivianos.

En ese marco, es fundamental que toda la población boliviana esté consciente de la importancia de ejercer su derecho político a elegir a sus autoridades judiciales, asumiendo con responsabilidad la emisión de un voto informado. La participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia cree firmemente que el fortalecimiento de un sistema democrático se funda en la participación ciudadana en procesos electorales, por ello convoca a las y los bolivianos a ejercer plenamente este derecho.

Hacemos eco a la afirmación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sentido que ésta es una oportunidad histórica para que Bolivia avance hacia una reforma integral del sistema de administración de justicia, asegurando la independencia judicial y su recordatorio sobre “la importancia de garantizar que los procesos de selección se realicen en los debidos tiempos y modalidades según la Constitución, con el fin de evitar prórrogas de mandatos”.

Así también remarcamos lo expresado por la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite: “el cumplimiento oportuno de los procesos de selección judicial establecidos en la Constitución es uno de los elementos clave para garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en Bolivia”.

Por ello, es menester hacer hincapié en la necesidad de reflexionar sobre el escenario post elecciones judiciales, respecto al mecanismo de funcionamiento del Órgano Judicial y el TCP entre autoridades electas y quienes permanecen en los cargos como remanente del proceso de 2017. Será importante las señales claras y oportunas que brinden las autoridades competentes respecto a una nueva convocatoria para elección de magistrados del TCP y TSJ, en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz, y Tarija; así como la duración de su mandato.

Este domingo 15 de diciembre, la Defensoría del Pueblo, desplegará un operativo nacional para realizar un acompañamiento al ejercicio del derecho político de elección a autoridades judiciales; asimismo, identificará hechos de conflictividad o violencia que puedan producirse durante la jornada electoral, con la finalidad de subsanarlos con las autoridades competentes.

Como institución defensorial ratificamos nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de las y los bolivianos sin distinción, en pro de aportar en el fortalecimiento del sistema democrático institucional y nacional y exhorta a la ciudadanía acudir a las urnas de forma pacífica.

La Paz, 13 de diciembre de 2024.